La Defensoría de los Habitantes exigió cuentas a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) por los financiamientos en la campaña presidencial.
Catalina Crespo, defensora de los Habitantes, envió el pasado 9 de setiembre un documento a Bernardo Alfaro, superintendente de Sugef, sobre la posibilidad de una intervención.
Crespo notificó la admisibilidad y solicitud de informe a jerarca a raíz de una denuncia que ingresó al órgano defensor el 4 de junio de 2019.
La entidad recibió una queja la cual se refirió a presuntas omisiones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), entre ellas que se veía imposibilitado de dar cuentas del origen de los fondos económicos ingresados a la campaña electoral.
Al respecto señala la denuncia que no se pudo entregar información sobre los dueños finales y acreedores de los recursos económicos que se prestaron a los partidos políticos por medio de la banca privada.
Indica que el órgano electoral desconoce quiénes son las personas físicas que se encargan de aportar por medio de bancos privados los dineros que corresponden a ¢11.000 millones.
Dichos montos estarían “invertidos” en la anterior campaña electoral de 2018, de acuerdo con el denunciante.
“El supremo órgano electoral de Costa Rica no sabe, y se niega a averiguar, quién o quiénes finalmente financian a los principales partidos políticos en sus campañas. Este es un asunto de vital importancia para determinar la salud democrática de Costa Rica y la defensa de los costarricenses para con el derecho a la información transparente, ajustada a la moral, la justicia social y nuestras leyes.
Es inaceptable para los habitantes de una democracia como la nuestra, que ha venido enmendando la normativa electoral a través de los años para eliminar el tráfico de influencias y la corrupción en los financiamientos de campaña de las empresas nacionales o extranjeras, todo a un alto costo”, expresa la acusación.
Argumenta el documento en poder de DIARIO EXTRA que los fondos económicos anónimos corresponden en el 98% de Acción Ciudadana, 93% Frente Amplio (FA), 88% Liberación Nacional (PLN), 99% Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), entre otros.
Ese desglose citado correspondería al total de dinero ingresado a la campaña presidencial 2017-2018.
“Nace y crece una fundada sospecha de que mucho dinero de origen desconocido y de intereses espurios se filtró por esta vía y se desarrolla una justificada percepción ciudadana de ausencia de moralidad en el ejercicio democrático nacional de que el TSE incumple el cometido de garantizar la pureza del sufragio a sus habitantes y sus votantes”, continuó resumiendo.
Una de las preocupaciones plasmadas es la penetración del narcotráfico, legitimación de capitales, crimen organizado y tráfico de influencias generados por los grandes monopolios en la política nacional.
Solicitaron al órgano defensor impulsar la defensa por la transparencia política nacional y el derecho de los costarricenses de conocer la totalidad de aquellas personas que brinden financiamientos en la campaña.
AUDIENCIA
De acuerdo con la Defensoría de los Habitantes, se le solicitó información a Ronald Chacón Badilla, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE.
La intención fue consultar aspectos relacionados con el control del órgano electoral en relación con las operaciones crediticias de los certificados de cesión de derechos a la contribución estatal y regulados en los artículos 115 y 119 del Código Electoral.
Indicaron que como parte de la información que se obtuvo se encuentra que el órgano electoral remitió a la Superintendencia General la lista completa de los fideicomisos avalados para la contienda de 2018.
Entre las consultas realizadas a la Sugef se encuentran cuál trámite brindó la Superintendencia para fiscalizar las operaciones y actividades de los bancos públicos y privados, así como sus flujos de capital financiero.
También si existió alguna norma o disposición que regule o precise el propósito de la remisión de este tipo de información por parte de las dependencias del TSE.
Además, cuáles son los principales aspectos de un fideicomiso conformado en el sistema bancario nacional para financiar a los partidos políticos y que corresponden ser analizados por la institución.
Por último, qué tipo de irregularidades se identificarían por la Superintendencia en instrumentos financieros de la naturaleza y que motiven informar sobre el hallazgo al órgano electoral o arrancar con una investigación.
PERIODISTA: Greivin Granados
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Miércoles 16 Septiembre, 2020
HORA: 12:00 AM
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