Luis Fernando Porras, gerente de Logística de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), dejó una serie de dudas y cuestionamientos en los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, tras su comparecencia, en la que explicó las fallidas compras de mascarillas.
Pese a que trató de defender su posición y el trámite realizado, los legisladores dejaron en evidencia una serie de presuntas irregularidades que incluso la presidenta de ese órgano legislativo, Yorleny León, indicó que “podrían catalogarse como tráfico de influencias”.
El gerente habló ante los congresistas por dos compras, la primera es la adquisición de 2,9 millones de mascarillas, entre las cuales llegó un lote de 700.000 cubrebocas que no eran de uso médico.
La segunda es la fallida compra de 12 millones de mascarillas, licitación adjudicada al contador público David Landergren y a la periodista Miren Martínez, propietaria de la empresa MR Comunicaciones Políticas.
EMPRESAS INEXPERTAS
Los diputados resaltaron varios tópicos que se han denunciado en los últimos días, entre ellos la inexperiencia de ambos oferentes en la importación de equipo médico, específicamente implementos de protección para el personal.
Lo anterior se da especialmente porque Martínez no ha entregado ni una sola mascarilla.
“Con esa empresa ya empezamos la disolución del contrato”, recalcó Porras ante los cuestionamientos.
Pese al volumen que requerían y el costo que implicaba para la institución ($4 millones), aseguró que no tomaron en cuenta la experiencia de las empresas y enfatizó que no pueden discriminar a los oferentes por ese rubro, pues va en contra de la libre competencia.
Añadió que se basaron en tiempo de entrega, calidad, disponibilidad y comparación de precios.
LLAMADA TELEFÓNICA
Otra de las preguntas que respondió Porras es si en algún momento tuvo contacto con Martínez o Landergren.
indicó que la conoció el 25 de marzo, cuando ella lo contactó para realizar una donación de mascarillas KN95 provenientes de China. El intercambio de palabras se dio por correo electrónico y aseguró, bajo fe de juramento, que solo le indicó a Martínez que debía contactar a la encargada de Relaciones Internacionales del Ministerio de Salud.
Esta donación se recibió el 30 de marzo.
No obstante, en el interrogatorio del liberacionista Carlos Ricardo Benavides reconoció que habló por teléfono con la comunicadora que ganó la licitación.
“Usted no conoce a doña Miren Martínez, nunca la trató por teléfono”, cuestionó el verdiblanco.
En ese momento Porras respondió: “Por teléfono sí” y aseguró que el contacto se dio en la entrega de una compra de respiradores KN95, correspondientes a otro contrato.
RIESGOS Y CONTRADICCIONES
Otros diputados como Jonathan Prendas, de Nueva República, y Franggi Nicolás, de Liberación Nacional, cuestionaron el riesgo que corrió el personal de salud con las 700.000 mascarillas no médicas, de las cuales se utilizaron más de 200.000.
Incluso el personal del Hospital Dr. Enrique Baltodano, en Liberia, alertó sobre esta falencia y los respiradores se retiraron dos días después.
“Nosotros compramos de uso médico, y está en el expediente, y el oferente entrega una cosa distinta a lo que solicitamos”, insistió.
Prendas y Nicolás insistieron en que les parecía extraña la insistencia de Porras de que las compras están bien y no hay desabastecimiento, cuando sindicatos del sector salud y el personal de los centros médicos denuncian a diario la carencia de equipo de protección personal.
ACUERDO DE DIRECTIVA
En la sesión 9118 de la junta directiva de la CCSS se conoció el oficio AI-2057-2020 con fecha 12 de julio firmado por Ólger Sánchez Carrillo, auditor interno de la institución, así como la ampliación requerida, en cuanto a la contratación de mascarillas.
El auditor recomienda instaurar un órgano director del procedimiento administrativo, requerimiento que recae en la Gerencia General, para determinar la verdad de los hechos.
Ante esto la directiva de la CCSS instruyó al gerente general para que tome las medidas pertinentes y establezca los procedimientos y eventual responsabilidad.
Además debe aplicar las medidas que garanticen la transparencia en el proceso o procesos administrativos que se inicien.
También debe contratar los servicios de una asesoría externa que estudie todos los procesos de contratación administrativa relacionados con la emergencia.
Finalmente, informe en ocho días las acciones tomadas y en 30 días presente una propuesta de implementación acelerada del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
PERIODISTA: Sharon Cascante Lizano
CRÉDITOS: Fotos: Mauricio Aguilar
EMAIL: [email protected]
Viernes 14 Agosto, 2020
HORA: 12:00 AM
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