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Nacionales

Contraloría advierte al Incop negociación con Caldera

No es viable fusión o combinación de contratos vigentes

  • La concesión en Puerto Caldera vence en 2026. (Cortesía Presidencia)

  • En esta nota publicada el 26 de mayo se adelantaba la intención del Incop con el tema de los contratos.

  • El informe de la Contraloría lo suscribe Rafael Picado López, gerente del Área de Denuncias e Investigaciones.

La Contraloría General de la República le envió una advertencia a la junta directiva del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) en relación con las negociaciones contractuales para la eventual ampliación de las concesiones en Puerto Caldera.

Mediante el oficio DFOE-DI-1299 con fecha del 16 de julio, dirigido a Tatiana Betancourt Pacheco, de la secretaría de la junta directiva del Incop, el Área de Denuncias e Investigaciones de la Contraloría le recuerda a esta institución que en el marco de la legislación actual “no es viable una fusión o la combinación de contratos vigentes en Puerto Caldera”.

Desde 2006 el muelle de carga general de Puerto Caldera está en manos de la Sociedad Portuaria de Caldera SPC S.A. por un periodo de 20 años. 

Mientras que el muelle 4, que recibe los granos, lo maneja la Sociedad Portuaria Granelera de Caldera (SPGC).

Las dos son empresas separadas, aunque del mismo dueño. En el caso de SPC su contrato se estableció por medio de la Ley de Contratación Administrativa, mientras que SPGC está vía Ley de Concesión por 50 años.

DIARIO EXTRA publicó en una nota del martes 26 de mayo que las autoridades del Incop tienen la intención de “fusionar” ambos contratos, asumiendo que SPGC absorbiera a SPC, dejando así vigente el contrato de concesión por 50 años.

 

TRES CONSULTAS

 

La Contraloría indicó que respondió tres consultas de diputados en relación con el tema, además que atiende una denuncia relacionada con la aprobación de un protocolo de negociación contractual para la eventual ampliación de Puerto Caldera entre el Incop y las empresas que mantienen contratos vigentes.

La primera consulta la hizo la diputada verdiblanca Franggi Nicolás: “la viabilidad de fusionar o reunir en un solo contrato de concesión de servicio público regulado por la Ley de Contratación Administrativo, con un contrato de obra pública y servicio público regulado por la Ley de Concesiones de Obra Pública, al amparo de los principios de mutación contractual e interés público, sumado a la formalización de un contrato ley que requeriría aprobación legislativa”.

Al respecto el ente contralor indicó que dicha fusión “supone una interacción de 2 regímenes jurídicos diferentes que responden a características diferentes como el régimen tarifario, modificación contractual o pago del canon, por lo que se guardan dudas de lo anterior, máxime que se desconoce el sustento en el cual dicha propuesta se basa”.

La otra consulta la hizo el frenteamplista José María Villalta Flórez-Estrada: “si es legalmente factible reunir en un contrato, concesiones existentes y en ejecución, al amparo del principio de mutación contractual”.

“Este órgano contralor considera que los regímenes contractuales por los que se consulta tienen marcos legales diferentes. En ninguno de ellos se prevé la posibilidad de fusionar contratos en ejecución, ni de combinar contratos que nacen por la vía de la Ley de Concesión de Obra con Servicios Públicos, con otros contratos originados en la Ley de Contratación Administrativa”, respondió la Contraloría.

La también liberacionista Yorleny León Marchena preguntó “si el Incop legalmente puede contratar de forma directa al concesionario actual o alguna otra parte interesada, argumentando ya sea razones de interés público, urgencia apremiante o cualquier otra justificación, procurando así un contrato directo sin necesidad de promover una licitación pública”.

“En criterio de este órgano contralor, solo (sic) si la legislación que utilice el Incop o cualquier Administración para desarrollar sus proyectos así lo permita, se podrá excepcionar el uso de la licitación para seleccionar al contratista o concesionario idóneo para desarrollar los respectivos proyectos o aprovisionamiento de bienes y servicios”, fue la respuesta.

 

INVIABLE

 

El documento de la Contraloría establece en las conclusiones que los contratos vigentes en el Puerto Caldera se sustentan en marcos legales distintos, por un lado la Ley de Concesión de Obra con Servicios Públicos y por otro la Ley de Contratación Administrativa, sin que por la vía del principio de la mutabilidad del contrato sea válida la eventual fusión o combinación de contratos con orígenes de regímenes diferenciados.

“De acuerdo con lo expuesto, esta Contraloría General como parte de su labor de control superior de la hacienda pública, y como órgano rector del sistema de fiscalización superior que contempla los numerales 183 y 184 de la Constitución Política y nuestra Ley Orgánica, advierte a esa Junta sobre su responsabilidad de que cualquier decisión o acción en el marco de los contratos en ejecución deben ser conformes al ordenamiento jurídico, así como a los principios que rigen la actividad contractual del Estado, tomando como referencia los oficios emitidos por este órgano contralor al respecto, en el sentido de que no es viable una fusión o la combinación de contratos vigentes en Puerto Caldera, y que el procedimiento a seguir para seleccionar un contratista o concesionario que asuma la eventual ampliación del Puerto, por regla general es la licitación pública, por lo tanto, cualquier excepción para el uso de ésta es una materia de reserva de ley”, concluye el documento.

 

INVESTIGACIÓN

 

El Diario del Pueblo dio a conocer el 18 de mayo pasado que la Fiscalía General de la República entró a conocer una denuncia anónima por un supuesto delito de cohecho propio que involucra a Carlos Alvarado, presidente de la República; André Garnier, ministro de Coordinación con el Sector Privado; Juan Ramón Rivera, presidente ejecutivo del Incop; y Ricardo Ospina León, director ejecutivo y gerente de Sociedad Portuaria de Caldera SPCC S.A.

En la denuncia se habla de posibles sobornos relacionados con los contratos de concesión.

 

DIARIO EXTRA quiso conocer la posición de Juan Ramón Rivera, presidente ejecutivo del Incop, pero no respondió un mensaje que enviamos a su celular.

 

ANTECEDENTES

 

Agosto 2006: Entra a regir concesión en muelle de Caldera por 20 años.

Diciembre 2018: Representantes de SPC se reúnen con el presidente Carlos Alvarado para presentar una propuesta de inversión por $150 millones para mejorar las condiciones del puerto.

Mayo 2019: Gobierno da a conocer sobre interés de Dubai Ports World (DP World), empresa estatal de Emiratos Árabes Unidos, para invertir $1.400 millones en Puntarenas.

Diciembre 2019: Ingresa denuncia a la Fiscalía Adjunta de San Ramón por presuntos sobornos a cargo de una “red criminal” en negociaciones del muelle de Caldera.

Enero 2020: Listo Plan Maestro para el Litoral Pacífico de Costa Rica.

Enero 2020: Consejo Nacional de Concesiones (CNC) da luz verde a propuesta de International Container Terminal Services de Filipinas para invertir $600 millones. 

Enero 2020: Incop notifica a CNC que equipos técnicos están evaluando propuesta de firma asiática.

Abril 2020: Incop acuerda en sesión ordinaria 4214 de junta directiva que la propuesta de International Container Terminal Services de Filipinas no es viable y la descarta. 

Abril 2020: International Container Terminal Services de Filipinas presenta recurso de revocatoria contra acuerdo del Incop.

Mayo 2020: Incop acuerda en junta directiva modificar protocolo para negociar únicamente con SPC y SPGC.

Julio 2020: La Contraloría General de la República advierte sobre negociaciones contractuales.

 

 

PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro

EMAIL: [email protected]

Viernes 24 Julio, 2020

HORA: 12:00 AM

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