El Gobierno de la República debería ser responsable por que las mascarillas estén disponibles para todos los ciudadanos y de esta manera se pueda acceder a este tipo de protección básica contra la pandemia del Covid-19.
Al menos ese es el criterio del especialista en derecho constitucional, Fabián Silva, al que DIARIO EXTRA consultó para conocer su posición luego de que la Sala Constitucional recibió hasta este martes un total de 5 recursos de amparo que presentaron diversos ciudadanos contra el uso de este dispositivo.
El máximo tribunal remitió a consulta de este medio la lista de los alegatos generales que presentaron las personas recusantes y la línea es que se trata de argumentaciones sobre el desacuerdo que tienen con la recomendación emanada del Ministerio de Salud.
Para Silva este es un aspecto que por sí solo no implica una violación de los aspectos legales y fundamentales en los derechos de los ciudadanos, pero podría ser puerta el hecho de que el Poder Ejecutivo no garantiza la disponibilidad a todos los costarricenses.
El experto menciona que si bien el Gobierno tiene que resguardar la salud y vida de los habitantes del país, un aspecto que debe garantizarse es la existencia del principio de razonabilidad.
“Cuando hablo de eso es si el Estado tomó las medidas necesarias para garantizar el acceso y universalidad de las mascarillas a todos y cada uno de los que formamos parte de la población costarricense”, explicó.
En ese sentido para el experto se hace urgente que se dieran los mecanismos para que la compra de las mascarillas sea posible en el contexto de una sociedad donde cada vez existen más personas desempleadas y se hace cada vez más complicado cubrir los recursos mínimos para alimentación.
SUSPENDER GARANTÍAS
Fabián Volio, especialista también en la rama constitucional, apunta que ante todo esto el Gobierno tuvo un fallo alrededor de las previsiones de los reclamos que se puedan hacer por el uso de tapabocas.
De acuerdo con Volio desde el momento que se emitió el decreto de emergencia el 22 de marzo, el Poder Ejecutivo debió solicitar a la Asamblea Legislativa la suspensión de las garantías constitucionales por espacio de un mes al menos.
“No creo que la mascarilla por sí sola sea una restricción que amerite una aprobación de la Asamblea Legislativa. Si se ve en conjunto sí tiene esa particularidad y se pudo estipular por espacio de 30 días la suspensión de esas garantías”, expresó.
En criterio del experto la Sala IV sí podría analizar por el fondo la línea de las restricciones que se aplican desde el Ejecutivo y determinar de este modo la necesidad de establecer límites a las propias acciones del Ministerio de Salud, al no haberse querido levantar garantías desde un inicio.
Los cinco recursos de amparo se presentaron en el lapso del 23 hasta el 29 de junio y solo uno de los recursos hace ver la inconformidad de la población de personas con discapacidad con la directriz.
Y del total de documentaciones ya uno se rechazó y los otros 4 se mantienen en estudio de admisibilidad por parte de los magistrados.
Para Silva el caso de los rechazos o aceptaciones para estudio en la Sala IV depende muchas veces de la cantidad de expedientes pendientes de estudio que pueda tener dicha dependencia de la Corte, pero una argumentación con suficiente peso podría hacer que se retrotraiga la obligatoriedad del uso de la mascarilla.
PERIODISTA: Redacción Diario Extra
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Martes 07 Julio, 2020
HORA: 12:00 AM
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