Carlos Alvarado, presidente de la República, se hizo de la vista gorda y obvió precisar el tipo de información que desde Casa Presidencial se accedió para conformar la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Lo anterior se desprende del oficio Nº2342020-AI que Catalina Crespo, defensora de los Habitantes, envió a Emilia Navas, fiscal general de la República, sobre la investigación de acciones ejecutadas con respecto al polémico Decreto Ejecutivo N°41996-MP-MIDEPLAN que dio vida a la UPAD.
Dicho oficio se remitió al Ministerio Público el 3 de marzo anterior, es decir, cinco días después de los allanamientos ocurridos en las instalaciones de la otrora llamada casa de cristal.
El análisis parte de la documentación solicitada por el órgano defensor para proceder a la indagación a lo interno, así como también a la reunión que se sostuvo el 24 de febrero en Casa Presidencial entre Crespo y el equipo de la Defensoría con el presidente Alvarado y representantes de Zapote.
Durante el encuentro, se consultó por parte de la Defensoría de los Habitantes sobre el tipo de información al que tuvo acceso el equipo de facto.
De acuerdo con el documento, el presidente evadió esa contestación y manifestó que en vez de pensar en los datos a los cuales se accedió, la interrogante era conocer más bien lo que no.
“No se tuvo información de bancos, tarjetas, deudas, salud, EDUS, redes sociales, llamadas telefónicas, mensajería de texto, declaraciones fiscales”, expresó el mandatario a la Defensoría de los Habitantes.
TEMAS PENDIENTES
Entre los temas de investigación que quedaron en el aire destacó cuál es el tipo de información protegida por ley de la que se requirió acceso. Lo solicitado recae independientemente de si se usara o no por parte del equipo de facto conformado para el análisis de datos.
Para la Defensoría de los Habitantes, dicha tarea escapa de las facultades legales de la institución. Otro de los pendientes durante la entrevista fue si la información solicitada y recibida por el equipo de facto se archivó en una única computadora de trabajo.
La Defensoría señaló que no se aportaron convenios para compartir datos suscritos con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Seguridad Pública y una colaboración con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), con el fin de establecer una georreferencia en las instituciones públicas.
Otro de los detalles rodeados de misterio consistió en la aclaración respecto al uso y disposición de recursos públicos por parte de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) o proyectos desarrollados por el equipo de facto.
SIN PROTOCOLOS
El Gobierno de la República reconoció que la UPAD careció de un protocolo para acceder a datos sensibles. Dichos protocolos, según cita el oficio en manos del Ministerio Público, están exigidos por ley con el propósito de requerir el consentimiento informado a los habitantes en caso de que se acceda a cierta información.
Subrayaron desde el órgano defensor que tampoco se efectuaron los trámites correspondientes que permitieran a un habitante la posibilidad de sentirse afectado por el uso de datos personales.
También se mencionó la situación de los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) propios del Derecho de Autodeterminación.
La polémica UPAD se creó en 2019 con el propósito de recolectar bases de datos de cada una de las instituciones del Poder Ejecutivo sin importar la clasificación relacionada con la información a la que tuvo acceso.
El Decreto Ejecutivo Nº41996-MP-MIDEPLAN fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta el pasado 17 de febrero.
El día 21 del mismo mes estalló la controversia entre la opinión pública y, ante la presión hacia el Gobierno, el Poder Ejecutivo debió echar para atrás en lugar de salir a aclarar su utilidad. La reunión de la Defensoría de los Habitantes con el equipo de la Casa Presidencial se desarrolló entre las 8:25 a.m. y las 10:40 a.m. del lunes 24 de febrero.
El Ministerio Público investiga el caso de la UPAD y el expediente incluido de la Defensoría se adjuntó con el número 20-005434-0042-PE.
El escándalo de la UPAD desencadenó una serie de allanamientos en Casa Presidencial, así como las renuncias de Víctor Morales, como ministro de la Presidencia, y los asesores de la UPAD.
PUNTOS A CONSIDERAR:
• Carlos Alvarado, presidente de la República, reconoce que “el origen del equipo de trabajo en datos nace desde su Plan de Gobierno”.
• Contratación de Diego Fernández Montero como asesor de despacho en junio de 2018.
• Solicitud a Diego Fernández Montero a contribuir en “buscar soluciones prácticas, a través de los datos que se presentaban”.
• Presidente Alvarado reconoce que no existió acuerdo o directriz en Casa Presidencial para formalizar el inicio de labores de la UPAD.
• Alejandro Madrigal Rivas y Andrés Villalobos, asesores del Despacho, se unieron al trabajo de Fernández Montero sin que se constituyera la Unidad.
• Decreto Ejecutivo N°41996-MP-MIDEPLAN no contó con consulta formal a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab).
• Gobierno reconoce atomización de la información a nivel de la institucionalidad.
• Decreto Ejecutivo N°41996-MP-MIDEPLAN no fue objeto de consulta pública.
• Equipo de facto accedió a información pública de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Registro Nacional de la Propiedad e información del Sistema Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).
• Diego Fernández menciona que hubo dos conexiones directas a bases de datos: Con el Sicop (conexión de Puerto punto a punto VPN red privada virtual) y con el Sinirube (conexión VPN, se suscribe convenio).
• Defensoría de los Habitantes no cuenta con ningún protocolo específico sobre la operatividad de la UPAD.
• Instituciones como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se negaron a dar información.
• Herramienta de visualización de datos usada fue Tableau, misma que trabajan en versión pública gratuita sin licencia y que no permite descargas.
• Suscripción de Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de la Presidencia y Sinirube el 18 de marzo de 2019.
• No se obtuvo acceso a información de bancos, tarjetas, deudas, salud EDUS, redes sociales, llamadas telefónicas, mensajería de texto o declaraciones fiscales.
Fuente: N°2342020-AI de la Defensoría de los Habitantes enviado al Ministerio Público
PERIODISTA: Greivin Granados
EMAIL: [email protected]
Lunes 06 Julio, 2020
HORA: 12:00 AM
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