El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) ordenó mediante la directriz GG-2020-01225 del 20 de marzo del presente año que la facturación de los consumidores residenciales del servicio de agua se realizaría con base en promedios.
Sin embargo esa orden que fue avalada por la Junta Directiva de la institución presidida por Yamileth Astorga y firmada por el gerente general de la institución, Manuel Salas Pereira, no pasó por la validación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Así quedó evidenciada por parte de las autoridades de la entidad cuando este lunes comparecieron ante los diputados de la Comisión Especial de los Derechos Humanos en la Asamblea Legislativa.
En el foro se dio cita tanto a Astorga como a Salas Pereira y los representantes de Aresep en la figura del regulador general Roberto Jiménez, más el intendente de Aguas, Álvaro Barrantes.
Fue el propio Jiménez quien a consulta de María Vita Monge, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el que confesó que la institución no tuvo conocimiento sobre la intencionalidad y directriz del AyA de aplicar las lecturas de consumo con base en promedios.
Jiménez reiteró la posición que la Aresep dio a conocer desde que se evidenciaron los errores en la materia de facturación, pues enfatizaron que la mala aplicación del mecanismo ocasionó problemas en dos vías para los abonados: incremento en tarifas por mayor consumo y pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), pues se superó el mínimo exento de 30 metros cúbicos.
“Nosotros identificamos el problema y consideramos que era importante esas personas que pagaron más por ese tema del IVA y la escala de la estructura tarifaria se les devolviera esos montos mediante un recálculo de la facturación, aspecto a lo que AyA se mostró resuelto a lograr”, explicó el regulador.
Sin embargo las explicaciones de Aresep molestaron a Monge, quien en una de sus alocuciones manifestó que en esa dependencia se esperaron a tener una fila de 2.000 quejas contra el AyA para trabajar con el enfoque en los distintos usuarios de los servicios de agua potable.
FUE SIN CULPA
Por su parte Yamileth Astorga se excusó sobre las problemáticas generadas a una considerable cantidad de clientes de la institución al asegurar que nunca se actuó con alevosía en perjuicio de ellos.
Adicionalmente -de acuerdo con la funcionaria- la aplicación del mecanismo de las lecturas promediadas se ajusta a la reglamentación y criterios incluso constitucionales.
“Esta decisión no es arbitraria, más bien todo lo contrario, el artículo 94 del reglamento técnico de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario e hidrantes del 2015 indica que cuando no sea posible la lectura del hidrómetro la facturación de los meses sin lectura se hará con base en el consumo estimado del abonado”, explicó la jerarca a los congresistas.
Astorga además aseguró que la propia Sala IV definió que hacer la lectura del consumo de servicios con base en estimados no es considerado una lesión de los derechos de los ciudadanos.
Nuevamente Monge fue quien interpeló a la presidenta ejecutiva de la institución con el fin de saber si en efecto la propia entidad conocía desde la Junta Directiva sobre las lecturas promediadas que se firmaron por parte del gerente general, a lo cual Astorga manifestó que fue una decisión colegiada de todos los integrantes y en efecto ella estuvo presente cuando esa situación ocurrió.
DOS CLASES
Uno de los aspectos en que los diputados se centraron era saber por qué la institución mantuvo según la propia circular la lectura de los medidores en tiempo real para los grandes consumidores mientras que a los residenciales sí se les aplicó la lectura sobre promedios.
Para los legisladores se hizo una especie de discriminación entre los usuarios del servicio de agua con un trato diferenciado para quienes tenían altas facturaciones y los consumidores residenciales.
“En los comercios pequeños y medianos no se hizo lectura porque hubo directriz de Gobierno de cerrar todo el comercio, por eso esas también fueron estimadas. En las industrias grandes se mantuvo la lectura”, explicó Astorga.
GUARDA SILENCIO
Una de las preocupaciones de los parlamentarios y que se quisieron saber por parte de la jerarca fue por qué no se castigó o no se tomaron medidas con los altos funcionarios gerenciales por las irregularidades con la facturación estimada, y más bien se accionó contra funcionarios de mandos medios.
Astorga evadió referirse a este particular, más bien dijo que las disposiciones contra Adriana Zamora y Peggy Porras no son una culpabilidad asignada a ellas sino que se investiga para el establecimiento de responsabilidades.
DIPUTADOS OPINAN
María Vita Monge
PUSC
“El regulador tiene a una representada incluso con rango constitucional de proteger los derechos de los consumidores ante estos abusos que se están dando. Lamentablemente no lo veo trabajando y que ponga orden en medio de esta pandemia, lo lamento mucho”.
Jorge Fonseca
PLN
“En mi criterio queda claro que tanto en AyA son conscientes que una situación de estas no se puede presentar de nuevo y las sanciones para responsabilizar a los culpables del tema deben clarificarse. Además el regulador ya dejó establecido las recomendaciones para la devolución de los dineros”.
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Martes 30 Junio, 2020
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