Un abogado de apellidos Oliva Molina, su esposa Astete Sepúlveda -ambos de nacionalidad chilena- y su nieto costarricense Antúnez Oliva son denunciados por vender una propiedad que no era de ellos en Matapalo de Quepos.
Dicho terreno pertenecía a un estadounidense de apellido Bozlinski, tiene una extensión de 41.416 metros cuadrados y al momento de los hechos valía ¢5 millones.
Este norteamericano falleció el 2 de julio del 2002 en su país de origen sin dejar ningún documento con alguna instrucción respecto a la propiedad.
Sin embargo, según justifica el Ministerio Público en la acusación de la que DIARIO EXTRA tiene una copia, el 12 de noviembre del 2009 (siete años después del fallecimiento del dueño) aparece en vista de la publicidad registral del inmueble descrito un traspaso.
En el documento se señala que estas tres personas “aprovechándose que dicho inmueble no registraba movimientos registrales, aunado a que el propietario registral no ha ingresado nunca al país, procedieron a idear y ejecutar un plan delincuencial con la finalidad de apoderarse de forma fraudulenta de la titularidad del bien”.
CRONOLOGÍA
Tras la investigación realizada por el Ministerio Público se determinó que los hechos se desarrollaron de manera tal que la propiedad pasó de mano en mano hasta que lograron venderla.
Antes del 29 de enero del 2010, o en esa misma fecha, el acusado Oliva aprovechando su condición de notario público confeccionó un documento, que insertó en el papel de seguridad notarial donde se incluía un testimonio falso de escritura pública, que dice ser fiel y exacto de una escritura que sería legal.
Pero dice que “en fecha doce de noviembre del dos mil nueve, compareció ante él, en su condición de notario público, el señor Bozlinski, quien en su calidad de único propietario del bien inmueble” vende a otro hombre de apellido Hardwick por la suma de ¢3 millones.
Eso a todas luces es falso, porque como ya se mencionó para ese momento el estadounidense había muerto.
Pero ese fue solo el primer paso. Con el fin de dar apariencia de legalidad al documento, Oliva adhirió una boleta de seguridad notarial, procediendo en fecha 29 de enero del 2010 y luego lo presentó ante el Registro Nacional de la Propiedad en Zapote.
Con esto los indujo a error, por lo que en la institución calificaron el citado documento e inscribieron el señalado bien inmueble a nombre del señor mencionado. Fue así cómo lograron trasladar el dominio de la propiedad.
El siguiente paso fue nuevamente realizar una venta falsa en la que el hombre la traspasaba a una empresa individual de responsabilidad limitada, representada en ese momento por una mujer que se menciona nuevamente en un documento notarial donde no aparece su firma, pero que el abogado autenticó y de nuevo logró inscribirlo ante el Registro.
ESPOSA
Es en este punto donde aparece la esposa del notario, quien desde el 25 de abril de 2005 contaba con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa mencionada.
Ellos aprovecharon para hacer una nueva supuesta venta a Antúnez Oliva y valiéndose de todos los actos notariales fraudulentos anteriores lograron el 23 de junio de 2014, ante la notaría de otro hombre de apellidos Corella Cruz en San José, traspasar la propiedad a nombre del nieto por un supuesto monto de ¢3 millones.
Finalmente obtuvieron un beneficio económico con la propiedad que nunca les ha pertenecido y solo han simulado su venta mediante actos fraudulentos.
ACUSACIÓN
Tras tener fundamentos, el caso irá a la audiencia preliminar en que se podría dar algún arreglo para evitar llegar al juicio y una condena mayor.
La acusación hecha por el Ministerio Público indica que “los hechos antes descritos a criterio de esta representación configuran los delitos de estafa mayor, falsedad ideológica y uso de documento falso, en concurso ideal, delitos previstos y sancionados en los artículos 216 inciso 2, 367 y 372 del Código Penal, en relación al artículo 22 del Código Penal”.
Ahora será un tribunal quien determine qué ocurrirá con la propiedad, las tres personas que se ven involucradas en la situación y las condenas que podrían enfrentar por la violación a la fe pública.
