Los diputados que conforman la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público aprobaron un informe que solicita al Ministerio Público investigar el actuar de las expresidentas ejecutivas del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Ana Teresa León y Patricia Vega, al considerar grandes incumplimientos en su labor.
Los legisladores quieren que el Ministerio Público analice si se cometieron delitos propios de la función pública.
Esta comisión realizó varias audiencias en 2019, en las que abordó las denuncias que se publicaron en la prensa que señalaban los yerros del PANI en la ejecución de recursos, falta de personal y problemas de acoso interno con los funcionarios y lo más grave: la muerte de menores por negligencia en la atención de casos prioritarios.
La socialcristiana Shirley Díaz indicó que el informe califica el trabajo del PANI como “negligente, ineficiente y repudio” por las faltas graves en la protección de los niños, único trabajo para la cual fue creada esta institución.
AUDITORÍA INTERNA
La investigación alcanza también a la auditora interna María Auxiliadora Chaves Campos, ya que el informe señala debilidades en el proceso de fiscalización de los recursos de la hacienda pública en forma preventiva y correctiva durante la gestión anual por parte de la administración activa institucional.
Se determinó un comportamiento “excesivamente pasivo” por parte de la Contraloría General de la República (CGR), en razón de que conociendo de primera mano la posibilidad de una operatividad ineficiente, negligente e irresponsable de un departamento al mando de una persona que cuenta con más de 20 años de antigüedad en el cargo de Dirección del Departamento de Auditoría; la funcionari permanece actualmente laborando en la institución y se desconoce si se han aplicado las acciones desprendidas de los procesos de investigación en su contra, como medidas disciplinarias, para que basado en esto, se determine su continuidad o despido con o sin responsabilidad patronal.
Por ello se ordena el traslado a la Procuraduría General de la República en representación del Estado, para la determinación de eventuales responsabilidades en materia civil y/o patrimonial económico y administrativo por los supuestos daños ocasionados al Estado y su posible recuperación a los responsables.
Los diputados concluyeron que la ineficiencia del PANI incluso no se debía a falta de recursos.
“Preocupa el tema de la subejecución presupuestaria que siempre ha estado presente en el PANI, y los superávits de varios años consecutivos del 2012 para adelante, hasta el 2018. Y estos superávits van desde los ¢7.766 millones hasta en este último del 2018 de ¢17.996 millones.
El diputado Prendas Rodríguez cuestionó la inacción de las autoridades del PANI y criticó que esta institución cuente con superávit.
“Se determinaron enormes fallas en la tramitación de las denuncias y también en la ejecución del presupuesto. Dinero existe, pero no se emplea estratégicamente para garantizar la atención de los menores”, señaló Prendas.
La comisión encontró que no existen planes de intervención y cronogramas para la ejecución de las actividades de atención, se incumplen los informes de seguimiento, hay desequilibrios en la asignación del recurso humano entre las oficinas y la mayoría de las denuncias son atendidas en plazos mayores a los definidos por la institución.
Otros señalamientos de la comisión indican que el PANI falló en cada una de las etapas de la atención de las denuncias que implican posible maltrato o situación de riesgo para los niños.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Sábado 20 Junio, 2020
HORA: 12:00 AM
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