La mayoría de los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público libró de responsabilidad al presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya, y recomienda archivar un expediente de investigación tras la firma un acuerdo con los sindicatos de la institución que puso fin a la huelga en febrero del 2019.
La comisión investigó si Macaya y otros funcionarios como el entonces ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, y el exjerarca de Trabajo, Steven Núñez, violentaron la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas al firmar dicho acuerdo que dejaba fuera la aplicación de la normativa en temas de pluses salariales a los funcionarios de la Caja.
El acuerdo describe un análisis sobre cómo se aplicarán en la institución incentivos salariales como anualidades, dedicación exclusiva, sobresueldos, prohibición, carrera profesional, evaluación de desempeño, auxilio de cesantía, pago bisemanal, sobresueldos y pluses salariales.
El dictamen de mayoría lo suscribieron Otto Roberto Vargas del Republicano Social Cristiano (PRSC), Franggi Nicolás de Liberación Nacional (PLN), Luis Ramón Carranza de Acción Ciudadana (PAC), Melvin Núñez de Restauración Nacional (PRN), Shirley Díaz de la Unidad Social Cristiana (PUSC), más los independientes Jonathan Prendas y Erick Rodríguez.
Solo los liberacionistas Yorleny León y Carlos Ricardo Benavides emitieron un informe de mayoría donde sí encuentran responsable a Macaya y solicitan ampliar las investigaciones.
SIN CERTEZA
Según explicó el diputado Vargas, no hubo forma de endilgar responsabilidad en el actuar de Macaya, ante la incertidumbre y el constante cambio en los decretos que definían el ámbito de aplicación de la ley, que no solo eran cambiantes sino se prestaban para interpretaciones diferentes.
“Es claro que ni siquiera las autoridades competentes y quienes crearon y apoyaron la aprobación de esta ley 9.635, refiérase al Ministerio de Hacienda, Ministerio de Planificación y entes involucrados como la Procuraduría General de la República y el Servicio Civil, tenían la claridad de la forma en que se debía interpretar y aplicar la normativa en tema de anualidades y otros pluses salariales que se regulaban en esta ley.
Tanto así que el Poder Ejecutivo presentó cuatro decretos ejecutivos referidos a clarificar esta aplicación en diferentes tiempos, algunos de ellos cercanos en días a las negociaciones de la CCSS con los sindicatos”, indicó Vargas.
ABRIR INVESTIGACIÓN
El informe de minoría de León y Benavides señala que existen bases para recomendar que la Contraloría General de la República (CGR) investigue a los jerarcas involucrados en la negociación y determine si con sus actuaciones cometieron un perjuicio a la Hacienda Pública.
Asimismo, solicitaron al Ministerio Público abrir una indagación por perjurio contra Pilar Garrido, ya que existe una preocupación de que la ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) haya dado falso testimonio, al asegurar un desconocimiento absoluto y una nula participación en las negociaciones.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
CRÉDITOS: Foto: Cortesía Asamblea
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Viernes 05 Junio, 2020
HORA: 12:00 AM
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