La democracia en tiempos de pandemia
Alejandro Barahona Kruger*
Si hace cinco semanas se hubiera planteado un escenario en el que la ciudadanía, los medios de comunicación y el Poder Ejecutivo junto al Legislativo estuvieran mayoritariamente de acuerdo (alineados) en torno a la adopción de medidas para restringir el tránsito terrestre y aéreo, así como imponer limitaciones al comercio no esencial (bares, hoteles, centros comerciales y deportivos, entre otros muchos) y suspensión de clases previo a la Semana Santa, lo hubiera considerado improbable.
Pero si además se hubiera planteado un escenario en que en tan solo un mes se bajarían las tasas de interés, aprobaría la ley sobre comisiones por el uso de datáfonos, se flexibilizaría la jornada laboral y su respectivo pago diferido a los trabajadores y a la Seguridad Social (CCSS), sin que ello generara multitudinarias manifestaciones sindicales, lo hubiera considerado en extremo optimista.
Pero si además se hubiera planteado un escenario en el que se aprobaran moratorias crediticias, fiscales (renta, venta y arancelaria) y de servicios públicos por tres meses prorrogables a un cuarto mes, lo hubiera considerado al menos utópico, especialmente teniendo presente que desde hace más de un año el país esperaba un plan de reactivación económica y de reducción al desempleo.
Está claro que la llegada del Covid-19 cambió, entre otras cosas, la frontera de lo posible para bien y para mal. Lo planteo desde una perspectiva democrática que se dejó de lado debido a la urgencia de redactar y tramitar proyectos de ley que, en otro contexto, requerirían meses de preparación, discusión y negociación para su aprobación.
Sin embargo la declaración de emergencia sanitaria les trajo al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa una presión para tomar decisiones y acciones rápidas que permitan primero aplanar la curva de contagio y evitar el colapso del sistema de salud, y segundo, la disminución en el impacto económico de la recesión que están provocando las medidas sanitarias.
La declaración de “estado de emergencia sanitaria” y las leyes aprobadas están ampliando la autoridad gubernamental ejecutiva, lo que puede ser aprovechado para concentrar la atención de la prensa en la emergencia o al menos desviarla de otros temas, concretar la aprobación de diversos proyectos de ley (algunos propuestos antes de la emergencia sanitaria), al tiempo que se puede desacreditar con facilidad cualquier argumento gubernamentalmente divergente, mientras se unifica la oposición legislativa en torno a una agenda legislativa poco discutida, que debilita derechos, concentra poder y obvia controles, lo que supone una mayor discrecionalidad política-administrativa, que en el pasado dio paso a sonados casos de corrupción como la “Trocha Fronteriza” y la “desaparición” del Fondo de Emergencias.
En otras palabras, los estados de emergencia también suponen riesgos, especialmente cuando las preocupaciones de los ciudadanos, los sectores y la prensa están enfocadas en la atención de la emergencia del virus y sus posteriores consecuencias socioeconómicas.
Mi preocupación radica en que la democracia en tiempos del Covid-19 también debe ser protegida y así evitar un retroceso, tal como se observa ya en otros países, por ejemplo en Chile, donde el ejército silenció a partir del toque de queda la disidencia que durante meses exigió profundos cambios constitucionales, o bien Bolivia, en donde el gobierno de transición postergó las elecciones presidenciales sin encontrar resistencia, pese a que meses atrás el país lo exigía desde las calles, o el destacado caso húngaro, donde el primer ministro Viktor Orban promovió una nueva ley que a partir del estado de emergencia suspendió el Parlamento y se hizo con el poder para gobernar por decreto y sin supervisión parlamentaria mientras dure el estado de emergencia. Sin duda un ejemplo del peligro que supone una “carta blanca” antidemocrática.
La pandemia está redefiniendo las normas democráticas de gobernanza, dependiendo de la incertidumbre o miedo al virus, que explican que los ciudadanos estén dispuestos a sacrificar ciertas libertades y hasta pueden llegar a pedir que el Estado se las limite (sin tener conciencia de sus implicaciones) con tal de contener la propagación. Por ejemplo, las criticadas medidas de confinamiento impuestas por el Gobierno de China a sus ciudadanos en la provincia de Hubei, o bien los censurables sistemas de vigilancia, mediante los que Corea rastrea los movimientos de los ciudadanos infectados para identificar mediante los GPS de los teléfonos celulares las persona que estuvieron cerca de los enfermos.
En esta dirección también apunta el uso de la policía y el ejército para “controlar” el aislamiento y reducir el contagio, medidas que hoy son elogiadas por algunos como modelos por democracias tan sólidas como la costarricense, sin considerar que estas acciones también permiten explicar cómo hoy países como Hong Kong, Ecuador, Colombia, Líbano e Irak pasaron en pocas semanas de manifestaciones democráticas masivas a calles vacías, sociedades silenciadas y confinadas.
Está claro entonces que el Covid-19 ha sido aprovechado por los crecientes gobiernos y políticos autoritarios y nacionalistas para acuñar una retórica belicista de carácter mundial para enfrentar la enfermedad y sus consecuencias, pese a que varios de ellos no creían inicialmente en su gravedad y ahora aprovechan para recortar libertades democráticas, al mismo tiempo que amplían el papel de los militares y policías, cierran las fronteras a la migración y se exalta el nacionalismo mientras debilitan la cooperación internacional multilateral, que es insustituible para superar las crisis internacionales.
Mi preocupación en el caso costarricense es: ¿Qué pasará con los decretos y leyes cuando pase la emergencia e incluso cuando se “normalicen” las consecuencias socioeconómicas que está produciendo la atención de la pandemia? Pregunta que debe responderse teniendo presente que es más fácil establecer poderes para una emergencia que desmantelarlos, incluso en un país cuya democracia se considera plena (The Economist, 2019).
Es necesario entonces, en medio de una emergencia sanitaria y la posterior crisis socioeconómica, plantearnos cómo enfrentamos los desafíos que supone la pandemia, consolidando una unión nacional basada en nuestra cultura democrática, sin que sea necesario suspender derechos o debilitar los contrapesos institucionales que requiere una democracia madura como la costarricense.
Por eso en tiempos del Covid-19 debemos cuidar a la ciudadanía sin descuidar nuestra democracia, evitando la concentración del poder en manos del Ejecutivo, impulsando el empoderamiento ciudadano responsable a través de una comunicación sanitaria que sepa aprovechar la buena educación de la significativa mayoría para posicionar la importancia de extremar medidas de higiene, mantenerse en casa y cuidar el distanciamiento, al tiempo que también asume una actitud de control social sobre su entorno.
A lo anterior propongo sumar la solidaridad en tiempos de creciente desempleo y el ineludible diálogo nacional que permita a partir de principios democráticos unir voluntades y liderazgos para concertar rutas sectoriales que nos permitan una rápida recuperación socioeconómica con un enfoque regional que contribuya a la reducción de brechas.
*Politólogo e internacionalista
