El proyecto de ley 21.909 que se tramita en la Asamblea Legislativa tendiente a la fijación automática de precios de gasolinas y diésel, a fin de crear un fondo del cual saldrán parte de los recursos para la entrega de subsidios del Plan Proteger, no resulta tan solidario como se ha expuesto, pues el aumento de los precios pretendido solo sería aplicado a las personas que van a las gasolineras a ponerle combustibles a sus vehículos.
Pero aquellos que compran otro tipo de combustibles, como por ejemplo el Jet Fuel A-1, que es la gasolina de los aviones, o los que adquieran asfalto o mezcla de asfalto a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) están siendo eximidos de hacer el aporte al fondo para el Plan Proteger.
La alerta sobre dicha situación la emitió el director ejecutivo de la Cámara de Empresarios del Combustible, José Miguel Masís, quien manifestó que la iniciativa tiene propósitos y despropósitos. En este sentido, comentó que lo bueno es la creación de un fondo solidario para ofrecer ayuda económica temporal a las personas que se vean afectadas, desde el punto de vista laboral, por la crisis del nuevo coronavirus COVID-19.
“No se incluyen los otros productos de Recope, por eso consideramos que el proyecto tampoco es solidario, porque solamente los consumidores, en las estaciones de servicio, serán los contribuyentes de este impuesto, pero lo que compran, como lo son productos industriales, productos asfálticos y los productos de aviación, los excedentes no se van a trasladar a estos otros sectores, porque el proyecto de ley solo habla de los productos en las estaciones de servicio”, recalcó Masís.
En este sentido enfatizó que los compradores directos de Recope no contribuyen de manera solidaria con el fondo, sino que el aporte se deja de manera exclusiva para los que deban ponerle gasolina o diésel a su carro, moto o bicimoto. “El fondo se genera a partir de las estaciones de servicio y no en la compra directa a Recope”, subrayó.
Con el plan Proteger, se espera darle un subsidio entre los ¢62.500 hasta los ¢125.000 a las personas que resulten desempleadas, o con reducción de salarios y jornadas o a las que se les haya suspendido los contratos de manera temporal, a causa de la emergencia nacional. La ayuda es por tres meses.
EN RÍO REVUELTO…
Agregó que, dentro de las preocupaciones del sector destaca el hecho de que se incluye una norma, la cual indica que Recope dará crédito, a 30 días. Así pues, los sectores que no están contribuyendo a darle recursos al fondo saldrían beneficiados con el acceso a dicha posibilidad.
“Quienes van a pedir crédito son los que se van a identificar como consumidores o clientes directos de Recope, lo cual es peligroso para Recope, porque si usted dice que yo cumplo con los requisitos no hay forma en que la refinadora no diga que no le voy a dar crédito a usted, porque está en la ley”, aseveró Masís.
También mencionó que al tener que comprar Recope el producto a nivel internacional, ofrecer créditos a 30 días plazo a los compradores directos y, además de eso hacer desembolsos por los excedentes al Ministerio de Hacienda, a criterio de la Cámara de Empresarios del Combustible se pondría a la Refinadora en riesgo de descapitalización.
“Este tipo de cosas, las vemos, nos preocupan y creemos que deben ser solventadas. (…) El tema del crédito es un asunto que pone en riesgo la estabilidad económica de Recope. No es lo que pueda pasar ahorita, es lo que puede pasar a futuro (…). En nada beneficia al fondo solidario el hecho de que se le dé un crédito a un comprador directo de Recope, porque nada tiene que ver”, sentenció.
MUY POR DEBAJO DE LO ESPERADO
Otro aspecto abordado por DIARIO EXTRA es en lo referente a ingresos que irán al fondo que se busca crear, pues tras cálculos efectuados por la Cámara, el Gobierno no conseguirá los montos esperados, los ¢50.000 millones, esto debido a que se ha dado una baja promedio de 200 mil litros por mes en el consumo por gasolinera.
Sobre el particular, Masís explicó que, en promedio, en tiempos normales, cada gasolinera vende al mes 500 mil litros de combustibles, pero, ante las restricciones impuestas por las autoridades, para evitar la propagación del nuevo coronavirus, el promedio mensual de consumo bajó a 300 mil litros.
Proyecciones realizadas por la Cámara apuntan a que, de mantenerse o empeorar el patrón de consumo de los compradores en las gasolineras, el fondo recibiría alrededor de ¢3.000 millones mensuales.
“Por las cifras que nosotros manejamos sentimos que ese propósito no va a llegar a esas cifras esperadas por el Gobierno, por la situación enfática de que la reducción del consumo en Costa Rica es sumamente difícil llevar a esas cifras que uno escucha y que se pronostican que llegarán a ese fondo”, externó.
Masís adujo que Recope reporta disminuciones en sus ventas cercanas al 30% y también cercanas al 50%, por lo que detalló que, las proyecciones iniciales habría que bajarlas a un 50%, esto por el tema de consumo.
“Aparte hay otro elemento y es que además de que los precios internacionales han bajado, las existencias que tiene Recope fueron adquiridas a un precio mayor, por lo tanto, hasta que Recope empiece a comprar o compre en los mercados internacionales a precios reducidos es que efectivamente se van a generar mayores posibilidades de incrementar ese fondo”, recalcó.
Mientras tanto… en la Aresep
En la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), se tramita una reducción en el precio de más de ¢100 para las gasolinas, solicitada por Recope, así como una baja de ¢63 en la tarifa del diésel.
Según se desprende de la petición presentada por la Refinadora, solicitó una baja de ¢121 en el precio de la gasolina súper, lo que se traduciría en una reducción de 20,86%.
En el caso de la gasolina plus 91 o regular, la disminución planteada es de ¢112 por litro, para un 20,18%, mientras que para el diésel habría una baja de los ¢464 hasta los ¢401 (-13,58%).
La Aresep abrió la consulta pública para la gestión presentada, pero, en el caso de que la Asamblea Legislativa apruebe en segundo debate el proyecto 21.909, el Presidente lo firme y se publique en La Gaceta, dicha solicitud de baja no se daría, sino que regirían los precios que defina el Ejecutivo con miras a crear el fondo para el Plan Proteger.
Mientras esto ocurre, el trámite iniciado en la Aresep seguirá su curso.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
CRÉDITOS: Foto: David Barrantes
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Jueves 16 Abril, 2020
HORA: 12:00 AM
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