Diario Extra - Aresep demandaría al ente contralor

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) no descarta la posibilidad de llevar a la Contraloría General de la República (CGR) ante las últimas instancias judiciales.
Lo anterior en caso de que el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) no apruebe la medida cautelar planteada por la Aresep la cual solicita suspender todos los efectos del informe Dfoe-AE-IF-00009-2019, emitido en setiembre anterior, que determina que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) pagó $24 millones de más a los cogeneradores privados por una mala aplicación de metodología de fijación.
Roberto Jiménez, regulador general, así lo reconoció ante consultas efectuadas por DIARIO EXTRA y sostuvo que la Contraloría se metió en atribuciones y funciones “exclusivas y excluyentes que tiene la Aresep”, aspecto que no pueden aceptar.
“En alguna medida seguiremos la guía del área jurídica de Aresep y estaremos valorando acciones futuras”, sostuvo el regulador ante consulta efectuada por este medio sobre el tema.
Indicó que la entidad se vio en la obligación de acudir ante |el Tribunal Contencioso Administrativo debido a que los canales de comunicación que se quiso tener con la contralora general, Marta Acosta fueron imposibles.
“Lamentamos que la Contraloría tienda a meterse en las atribuciones que por ley son establecidas a la Aresep y que haga estimaciones que a todas luces no van de acuerdo con las condiciones establecidas por la misma metodología, donde ellos asumen una serie de criterios que están en la metodología o que podrían aplicarse”, acotó Jiménez, quien acudió a dilucidar el tema la semana anterior ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público..

¿CAMBIO DE POSTURA?

Para el regulador, el hecho de que la Contraloría en el informe número Dfoe-AE-IF-00009-2019, del 16 de setiembre del 2019 luego de acusarlos de propiciar un pago por $24 millones de más y luego instar a la Aresep a realizar los cálculos para determinar si hubo o no un sobrepago, constituye un cambio de criterio.
“Lo que sí cambió es que en el comunicado inicial que sacan hablan de $24 millones y en la medida de las acciones que nos imponen a nosotros, en el informe final lo que habla es que hagamos nosotros los cálculos y determinemos si hay o no pagos de más en el caso y eso es un cambio importante”, comentó Jiménez.
Por otro lado, llamó la atención que, debido al informe emitido por la Contraloría, el funcionario de la Aresep está en una situación crítica, pues si no hace caso a lo que dice la entidad fiscalizadora se le puede castigar mediante la apertura de procesos administrativos.
“Pero, por otra parte, si el intendente de Energía aplica lo que dice la Contraloría violentaría la metodología aprobada legalmente, la cual ha seguido un debido proceso y es aprobada por junta directiva. Debido a esto podría ser sujeto de alguna sanción y, a su vez, las partes podrían demandar a la Aresep por variar las metodologías con las que está aprobada”, explicó.
En este sentido añadió que “realmente no ayuda en nada a la institucionalidad y al fortalecimiento de las instituciones. La Contraloría más bien con esas estimaciones que hicieron y luego nos dicen que calculemos nosotros $24 millones, lo que hacen es dañar la Aresep y su credibilidad. Eso nos pone en situaciones críticas de posibles litigios y en donde vamos a tener que defendernos hasta las últimas instancias, porque nos pone en un camino sin salida”, reiteró.

RECONFIRMA DISPOSICIONES

El lunes anterior, la Contraloría notificó al regulador la modificación parcial de algunos resultados del informe emitido en setiembre anterior, al tiempo que se declaró sin lugar y nulidad interpuestos.
“Lo que pasó es que se resolvió el recurso y por esto se volvió a colgar el informe en el sitio. Las disposiciones del mismo son de carácter vinculante”, informó el Área de Servicios Ambientales y de Energía de la Contraloría.
Con esto, el regulador deberá determinar los montos pagados de más por el ICE a los generadores privados con contratos renovados, en los años 2017, 2018 y 2019 hasta la última fecha en que la tarifa haya sido aplicada, debido a desaplicaciones de la metodología de fijación de tarifas para generadores privados existentes que firmen un nuevo contrato de compraventa de electricidad con el ICE.
Y deberá, además, “proponer las acciones que permitan resarcir los montos determinados y remitirlas a la junta directiva para lo de su competencia. Enviar a la Contraloría General una certificación en la cual consten los montos determinados y el envío de la propuesta de acciones para el resarcimiento de estos montos a la junta directiva, (…) así como, dos informes de avance semestrales acerca de la implementación de las acciones a partir del día hábil siguiente a la formalización de estas por parte de la junta directiva”, reitera la entidad contralora.