¿Algún día el pueblo dejará de verse afectado?

Editorial

Todos los ticos concordamos en lo caro que se ha vuelto vivir en Costa Rica, pero eso no solo lo sentimos quienes tenemos años de habitar acá sino muchos que vienen de paseo o a establecerse por temas laborales o familiares.
El estrangulamiento en que se mantiene la mayoría del pueblo no es para menos y cuenta con razones muy claras, las cuales, a pesar de ser conocidas, nuestros gobernantes no quieren aplicar cambios para alivianar el bolsillo de la gente, hasta ahora es que más o menos se pretende hacer algo para evitar que el pueblo se mantenga en esas congojas.
Una de las causas se relaciona con las descontroladas tasas de interés que hoy cobran los bancos con sus tarjetas de crédito, los almacenes comerciales que venden electrodomésticos e incluso ahora hasta prestan plata, ciertos bufetes que también se dedican a ofrecer préstamos, casas de empeño, y créditos personales.
Por eso muchos ven con buenos ojos que, de forma unánime, se haya aprobado en la Comisión de Hacendarios el expediente 20.861, cuyo principal objetivo consiste en ponerle un límite a las tasas de usura.
Si bien no ha sido un proceso fácil, por lo menos ya se dio un paso más para que los ticos no sientan asfixia debido a temas monetarios: poner un límite de un 39% en colones y 31,35% en dólares para los créditos ya les permite tener un respiro a muchos que veían cómo perdían todo por lo que venían luchando por años.
La situación del país está cuesta arriba. Muchos pierden su capacidad de consumo e incluso los artículos que adquirieron, así como carros, negocios y hasta casas que les costó mucho conseguir e ir pagando, pues pocos pueden seguir haciéndole frente a las obligaciones.
Según se indica, los ticos pagamos de más, en el 2018, por tasas de usura (es decir altísimos intereses), la cifra de ¢2,3 billones de colones.
Los bancos cobran intereses, vía tarjetas de crédito, a una tasa promedio del 49%, lo que significa un interés anual acumulado total de ¢638 mil millones de colones.
En el caso de las casas de empeño y algunos bufetes, la usura se calcula en promedio en un 90%, lo que genera intereses anuales por ¢610 mil millones.
El 29% de los hogares financia sus electrodomésticos con deuda. El interés en promedio de los almacenes es de un 60% y hoy generan intereses anuales por ¢883 mil millones.
Es decir, los ticos se ahogan pagando los intereses, mientras unos pocos se hacen ricos.
Esta realidad también está generando otra dramática situación en las familias y personas. Se trata de las manchas de crédito, que suceden cuando la persona, por desconocimiento y necesidad, queda endeudada hasta el límite sin poder hacer frente a sus pagos.
Al quedar fuera de las opciones al crédito formal, las personas terminan acudiendo al crédito informal, algunos caen en manos del narcotráfico u otras organizaciones criminales y terminan incluso pagando con su vida.
Es bueno que, de ahora en adelante, y de ser aprobado este proyecto, las cosas queden claras para todas las partes, pues esta iniciativa indica que las tasas máximas señaladas serán calculadas y establecidas por el Banco Central y deberán ser publicadas en las primeras semanas de los meses de enero y julio, lo que permite que todos estén claros con las reglas con las que se prestará la plata y las consecuencias que van a tener en caso de endeudarse.
La aplicación de topes no es una ocurrencia de algunos diputados, sino una práctica que países desarrollados aplican. En Latinoamérica, por ejemplo, la tasa tope ronda el 32%. Incluso todos los países de la OCDE aplican topes a la usura.
Se trata de defender los derechos económicos de la ciudadanía, pero incluso sin pretender maltratar a los bancos o comercios, que de igual forma disfrutan de importantes ganancias.
Ojalá, después de toda la lucha que se ha dado para que este proyecto avance, no vengan algunos a hacerse los graciosos y a frenarlo, porque resulta justo y necesario que al menos por una vez el pueblo no sea el más perjudicado en temas económicos.