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Opinión

Sigue la cobradera de matrículas

EDITORIAL

“Educar no es solo dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida”.

Pitágoras

 

Apenas termina el periodo escolar y muchas escuelas y colegios ya están dando dolores de cabeza a padres de familia y encargados. En una clara violación a la ley, cobran rubros por matrícula y eso es ilegal. 

Basándose en los artículos 346 y 347 de la Ley General de la Administración Pública 6.227, el artículo 78 constitucional, referente a la gratuidad de la educación preescolar, general básica y diversificada, se señaló la prohibición del cobro obligatorio de la matrícula en los centros educativos como requisito de admisión de los estudiantes.

En el año 2014, cuando Sonia Marta Mora era ministra de Educación, también mediante la circular DM-0048-11-2014 se informó que el pago a las instituciones de enseñanza es voluntario y no puede limitarse el cupo de los estudiantes. 

La directriz clara y concisa fue enviada a los directores regionales, supervisores de circuito, directores de centros educativos y al personal docente, pero parece que muchos siguen haciendo oídos sordos. 

En el documento con fecha 2 de diciembre del 2014 se indica: “Se faculta a las autoridades de los centros educativos a solicitar, con carácter voluntario, la cooperación económica de los padres o responsables del estudiante al momento de la matrícula. Empero, no se estipulará un monto mínimo de aporte ni será necesario trámite alguno para justificar el impago de las sumas solicitadas, admitiéndose la solicitud de matrícula de los interesados sin discriminación alguna”.

Pero ya DIARIO EXTRA tiene denuncias de familias, quienes afirman que en escuelas y colegios de Alajuelita, Corredores y Hatillo insisten en pasarles por encima a las normas. En forma diplomática dejan en lista de espera a los que no desembolsan las “cuotas voluntarias” de hasta ¢20 mil por estudiante, lo cual es una vergüenza. 

Uno de los casos lo dimos a conocer hace apenas unos días. En el colegio nuevo de Hatillo cuenta el padre que les “están pidiendo depositar ¢10.000 para la matrícula, ¢3.000 para el Patronato Escolar y ¢1.000 para el cuaderno de comunicaciones, en total son ¢14.000.”

Otro afectado nos contó: “En el CTP de Alajuelita, al llegar al escritorio del funcionario que atendía a los presentes, nos dieron un sobre con los requisitos, pero además un recibo por ¢2.500 sin sellos del colegio y es obligatorio pagarlos o no puede el hijo de uno estudiar ahí, aunque sea de la localidad”. 

Lo anterior según se supo es orquestado por muchas juntas de educación, las cuales están pasando por encima a disposiciones del Ministerio de Educación y en claro atropello a los derechos de miles de menores estudiantes. 

Hay centros que se están poniendo creativos e inventaron cuadernos de comunicación y folders de tecnologías cuando históricamente esos no son implementos oficiales de la lista de útiles y una gran cantidad de padres reclaman que su uso es mínimo y limitado. 

Hay que poner atención a esas irregularidades, el país no está para gastos excesivos pues la situación económica de las familias es difícil. El MEP debe llamar de nuevo la atención a su personal y a las juntas de educación. 

Costa Rica ha sido siempre reconocido en el mundo por ser un país pacífico, en vías de desarrollo, estable y defensor de los derechos humanos, pero también por destinar el porcentaje mayor del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación. 

Hemos concebido la idea que la preparación académica es fundamental para nuestras generaciones, teniendo más de 75 mil docentes en servicio de centros educativos públicos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, de costa a costa y de frontera a frontera. 

La premisa es educar para el progreso, desarrollo nacional y bienestar social. Todos estamos comprometidos con ese ideal, pues desde pequeños se nos ha inculcado que “la educación es al hombre lo que el molde al barro. Le da la forma”, como muy atinadamente lo dijo el padre Jaime Balmes, filósofo, teólogo y apologista español. 

La Carta Magna es clara, el artículo 78 de la Constitución Política determina que “la educación preescolar y la general básica son obligatorias. Estas y la educación diversificada en el sistema público son gratuitas y costeadas por la nación. El ente encargado de supervisarla es el Ministerio de Educación Pública (MEP)”. 

La voluntad del legislador fue que ningún niño o niña y adolescente se quedara sin ir a las aulas y menos por motivos económicos. 

Otro aspecto que está limitando tal disposición constitucional es el costo de los uniformes, incluidos zapatos y medias, camiseta y pantaloneta de educación física. Es inconcebible que a sabiendas de la existencia de familias con recursos bajos esa sea una obligatoriedad cada año que parece difícil de cumplir. 

Y ni qué decir de los famosos bailes de graduación que parecen ser de gente de la hight class, pues siendo centros públicos los comités organizadores cobran sumas astronómicas por la noche "mágica" a la que todos tienen derecho de asistir sin importar condición económica, pero algunos se quedan en sus casas por no poder pagar. 

De qué vale un aula, un pizarrón y un pupitre si hay cientos de niños y niñas que por sus escasos recursos no pueden tomar un bus para ir a la escuela, que no poseen un uniforme o, más cruel, que no tienen cuadernos ni libros. 

Entonces es excluyente. Dicen que la educación en este país es gratuita, pero parece que no hay tal, la inversión que muchos padres deben hacer cada principio y fin de año es en gran parte desproporcionada.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

EMAIL: [email protected]

Sábado 07 Diciembre, 2019

HORA: 12:00 AM

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