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Nacionales

Polémica pensión de fiscal a Sala III

Berenice Smith por caso Cementazo

Berenice Smith Bonilla, fiscal de Cartago.

Los magistrados de la Sala III tendrán que decidir si suspenden el acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial en relación con la pensión de la fiscal cuestionada por el caso Cementazo, Berenice Smith Bonilla.
La Corte confirmó que el Ministerio Público solicitó como medida cautelar la suspensión del acto administrativo sobre el tiempo servido de la funcionaria cuando laboró en Guatemala.
Se debe recordar que el Consejo Superior, dirigido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, en la sesión número 84-19, celebrada el 26 de setiembre, resolvió reconocer a Smith el tiempo que trabajó en una misión internacional en ese país centroamericano.
Para laborar fuera del país la actual fiscal de Cartago solicitó una licencia sin goce de salario.
El debate era si se debía aplicar el reglamento vigente al momento que Smith pidió el primer permiso (en 2007) o bien el nuevo reglamento aprobado por Corte Plena en 2014.
Con base en varios criterios de la Dirección Jurídica de la Corte se decidió reconocerle los años de acuerdo a la normativa vigente para ese momento.
Así las cosas, para pensionarse la funcionaria solo debe reintegrar al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial casi ¢47 millones.
Con la solicitud del Ministerio Público, ahora la Sala Penal dirigida por el magistrado Jesús Ramírez Quirós deberá decidir si procede a suspender el acto administrativo.
En la Corte informaron que no se puede ampliar más al respecto, pues el caso se encuentra en proceso.

TRÁMITE DE LA PENSIÓN

Sobre el trámite de la pensión, ya que Smith solicitó al Poder Judicial iniciar ese proceso, en la institución informaron que el Consejo Superior aún no conoce el tema.
En la sesión de la Corte Plena del lunes 18 de noviembre Cruz solicitó una inhibitoria para no participar en la discusión. Para ello se nombró a Orlando Aguirre Gómez, magistrado presidente de la Sala I, para que presida el órgano.
Este funcionario deberá resolver la petición de inhibitoria de Cruz (ya que es competencia del presidente del Consejo Superior) y además encargarse de la discusión sobre el tema.
También pidió inhibirse de esa discusión Patricia Solano Castro, magistrada de la Sala Tercera, ya que al ostentar el cargo de vicepresidenta de la Corte forma parte del Consejo Superior.
Aguirre Dicha también debe ver esa solicitud.
Hace unas semanas Pedro Muñoz Fonseca, subjefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), denunció públicamente la cercanía de Cruz con la fiscala de Cartago e incluso supuestos favorecimientos.
Ese puede ser el principal motivo por el que Cruz y Solano no quieren participar en la discusión.

CUESTIONAMIENTOS CONTRA SMITH

Se debe recordar que Smith fue duramente cuestionada por el caso Cementazo, cuando en ausencia del entonces fiscal general Jorge Chavarría recomendó a la Sala Tercera desestimar una causa contra Otto Guevara Guth y Víctor Morales Zapata, entonces legisladores del Movimiento Libertario y Acción Ciudadana, respectivamente.
Ese hecho habría beneficiado al importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños. Por esa situación Smith fue suspendida dos meses sin goce de salario.
A la funcionaria, quien se desempeñaba como fiscal subrogante (mano derecha de Chavarría), también se le cuestionó por eliminar el nombre del alcalde de San José, Johnny Araya, contra quien se seguía una causa judicial.
El tema desembocó en una suspensión entre el 6 de mayo y el 5 de agosto de 2019, tras la solicitud expresa de la fiscala general Emilia Navas.
Por ese caso también se tramitó una causa por el presunto delito de tráfico de influencias, donde además de Smith y Araya se investiga al exmagistrado Celso Gamboa.

ACCIÓN DE INCOSTITUCIONALIDAD

Sobre esa última investigación la Sala Constitucional confirmó que tramita una acción de inconstitucionalidad que presentó el 24 de julio de 2019 el abogado de Smith, Federico Campos Calderón.
“Es una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, No.8.422. Está en fase de admisibilidad”, declaró.
DIARIO EXTRA intentó conversar con Campos, pero no respondió nuestras llamadas ni los mensajes que le dejamos en el celular que aparece registrado a su nombre.
La idea era conocer el fondo del recurso.

PERIODISTA: Marco Antonio González

EMAIL: [email protected]

Lunes 02 Diciembre, 2019

HORA: 12:00 AM

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