La denuncia realizada en control político por el legislador del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pedro Muñoz, sobre la jubilación de la cuestionada fiscal de Cartago Berenice Smith Bonilla sigue dando de qué hablar.
De acuerdo con el Departamento de Prensa del Poder Judicial, el Consejo Superior no reconoció la jubilación a Smith, sino que la gestión se refería al reconocimiento de tiempo servido, debido a que la fiscala laboró un periodo de más de seis años en un organismo internacional de Guatemala.
Lo acordado por el Consejo Superior se resolvió en la sesión 84-19 del 26 de setiembre de 2019.
En medio de esta discusión, Smith sacó vacaciones por un lapso de un mes y doce días. Así lo confirmó el Ministerio Público ante la consulta de DIARIO EXTRA.
Smith concluyó el martes 5 de noviembre su periodo de suspensión por desestimar una causa ligada al Cementazo, acorde con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia. En la Fiscalía señalaron que no les notificaron sobre alguna prórroga de esa sanción.
“El 06 y 07 de noviembre, Smith se presentó a la Fiscalía Adjunta de Cartago, sin embargo, este último día solicitó vacaciones desde el 08 de noviembre hasta el 20 de diciembre, ambos días inclusive. En razón de lo anterior, la fiscala Seidy Peraza Solís se encuentra en el puesto de adjunta”, confirmaron en el Ministerio Público mediante un correo electrónico.
DOBLE VOTO
Para desempeñar el puesto en el organismo internacional en Guatemala, Smith solicitó un permiso sin goce salarial, en tiempos en que estaba vigente un Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo Servido.
Esta normativa era aplicable en los casos de los servidores judiciales que solicitaban permiso para laborar en una institución pública o en un organismo fuera del país. Tiempo después se modificó.
Por esto el Consejo Superior discutió y analizó si el reglamento era aplicable en el caso de Smith, es decir si aplicaban el vigente cuando ella solicitó el primer permiso el 1º de setiembre de 2007 o el nuevo aprobado por Corte Plena en 2014.
Cuando la fiscala realizó la gestión y consulta sobre su jubilación se denegó, pues se aplicó el reglamento actual.
“Es así que este tema fue trasladado en tres ocasiones a la Dirección Jurídica del Poder Judicial, la cual determinó finalmente en el dictamen N° DJ-C-318-2019 del 16 de agosto de 2019 que ‘… En el caso objeto de consulta se evidencia que la funcionaria Berenice Smith disfrutó de dos permisos sin goce de salario contemplados dentro de las excepciones establecidas en el artículo 4 del reglamento vigente hasta el 28 de marzo de 2011, para laborar en organizaciones internacionales, de claro interés institucional que va del 01/09/2007 al 16/08/2009 para colaborar en el Proyecto Estado de Derecho a desarrollarse en Guatemala y del 28/09/2009 al 13/02/2014 para formar parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), de las Naciones Unidas’”, cita la respuesta del Poder Judicial a este medio.
La sesión la presidió el magistrado Fernando Cruz Castro, en la cual señaló que los tres dictámenes de la Dirección Jurídica le daban sustento técnico a la decisión mayoritaria del Consejo, otorgando el reconocimiento del tiempo a Smith.
“Los argumentos contienen los dictámenes citados, son razonables y bien fundados y por esta razón en este caso he ejercido el doble voto que se prevé en caso de un empate o que no sea posible alcanzar una decisión de toda conformidad. Según lo expresa el criterio de mayoría, se le reconoce el tiempo servido a la funcionaria, tal como lo plantea en su gestión”, señala el acta del Consejo Superior.
REINTEGRO DE DINERO
Tras el acuerdo del Consejo Superior logrado con el doble voto del magistrado Cruz Castro, la funcionaria Smith Bonilla debe reintegrar al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial la suma de ¢46.963.832,65 para poder acogerse a la pensión.
Esta cifra aún no ha sido cancelada por la fiscala, quien decidió aprovechar sus semanas de vacaciones mientras se expone este caso.
DENUNCIAN MAGISTRADO
Por este doble voto se presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del magistrado y presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro.
En la Fiscalía confirmaron que se recibió la acusación, a la cual le asignaron el número de expediente 19-000059-033-PE.
“La Fiscalía General confirmó que ayer (jueves) recibió una denuncia en contra del magistrado Cruz Castro por un presunto delito de prevaricato”, añadieron en la respuesta para El Periódico de Más Venta en Costa Rica.
Dicho señalamiento se encuentra en estudio por parte de la fiscala general Emilia Navas Aparicio.
Este análisis determinará la viabilidad de abrir una causa penal contra el magistrado.
PERIODISTA: Sharon Cascante Lizano
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Sábado 09 Noviembre, 2019
HORA: 12:00 AM
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