El Ministerio Público abrió una investigación contra Nixon Ureña, alcalde de San Ramón, por un supuesto desfalco por ¢5.000 millones utilizados para caminos y carreteras.
La información la confirmó a DIARIO EXTRA la Oficina de Comunicación de la Fiscalía.
En el caso, tramitado bajo el expediente 19-001029-332-PE, también aparecen involucrados Leandro Quesada, jefe del Departamento de Caminos Municipales, y Johnny Montoya, director de Área de Urbanismo Municipal.
“El expediente se abrió luego de que se recibiera una denuncia por presuntamente cometer el delito de malversación de fondos. Ahora el caso avanza en la etapa de recolección y análisis de prueba”, detallaron desde el Ministerio Público.
La denuncia fue enviada tanto a la Contraloría General de la República (CGR) como a la Fiscalía del Tercer Circuito Judicial de Alajuela.
La querella la interpuso María Isabel Araya Rojas, vecina del cantón ramonense, y José Martín Santamaría Porras, síndico del distrito de San Ramón.
EL CASO
En el documento del cual DIARIO EXTRA tiene copia, la señora Araya Rojas, quien es representante del Concejo del Distrito Central, expone la preocupación de las asociaciones de desarrollo porque reclamaron que existe un presupuesto participativo de 2016, 2017 y 2018 para hacer reparaciones y que a la fecha no se hicieron.
Según se menciona en la querella, pese a que se solicitó a la Oficina de Iniciativa Comunal presentar un cronograma con dichos presupuestos, el cual incluyera los proyectos a ejecutar, el monto de cada uno, la fecha de ejecución y su situación actual, la administración municipal desobedeció.
“De los montos de los recursos provenientes de la Ley 8114, de los cuales nuestro cantón recibe alrededor de 5.000.000.000 millones (sic), no se ha conocido en qué se han invertido, siendo que desde que el señor Ureña Guillén inició sus labores, lo único que ha dicho es que en cada distrito solo se les va a arreglar un kilómetro por año. Y que para tales efectos cada distrito debe dar como contrapartida la suma de trece millones para comprar la subbase y la base de caminos a intervenir, sin embargo, los pocos trayectos que se han intervenido ya contaban con estas capas y lo único que requería era la superficial de asfalto, y como corresponde en un grupo de 5 cm”, se lee en la causa.
FALTA DE CLARIDAD
Según expone la acusación, aquellos caminos que intervino el gobierno local no tuvieron la duración esperada y algunos se tornaron inservibles en el transcurso de seis meses.
Agrega el documento que el gobierno local procedió a trabajar con emulsión asfáltica incluso en días en que la maquinaria no está laborando.
También acota el texto que a los choferes les obligan a llenar boletas como si hubiesen llevado un transporte de material, cuando en realidad no ocurre de esa manera.
“Debemos ser enfáticos en que aparentemente, en nuestra humilde opinión, se ha perdido gran parte del dinero de las transferencias de la Ley 8114, que como dijimos, nuestro cantón ha recibido alrededor de ¢5.000 millones.
A parte de ello, las comunidades han aportado alrededor de cincuenta millones por año como participación obligada (lo que en muchos de los casos deja sin posibilidades de arreglo de caminos a las comunidades con menos recursos)”, expone la denuncia.
RESPONDE
DIARIO EXTRA conversó con Nixon Ureña, alcalde de San Ramón, quien negó el despilfarro de recursos y aseguró que todo se trata de una campaña política de desprestigio.
Sobre la denuncia, manifestó que aún no es notificado, pero que los presupuestos participativos son mecanismos que se buscan implementar en la Municipalidad para hacer partícipes a los concejos de distritos y de forma ampliada con los representantes de cada asociación.
Agregó que son ellos los garantes de la ejecución de las obras y que es participativo porque se busca la ayuda comunal para velar porque las acciones se cumplan a cabalidad.
El alcalde dijo que esos recursos no tienen un sustento de reglamento aprobado por el Concejo Municipal, por lo que su potestad es tomar en cuenta lo que las comunidades pretenden hacer.
Asimismo, rechazó el señalamiento de los denunciantes acerca de que la alcaldía faltó en la programación de participativos.
“En un presupuesto de ¢7.000 millones que usted diga que hay un faltante de ¢5.000 millones, me parece una cosa tan risible, no hay proporcionalidad en la tontera que están diciendo.
Lamentablemente estamos en periodo político y estas personas buscan hacer daño. Tengo una causa abierta en contra del señor Santamaría por injurias, calumnias y difamación. Se citó a una audiencia de conciliación a la cual el señor desistió ir”, agregó.
El alcalde manifestó que los recursos que se usan para ayudar a las comunidades son las establecidas en la Ley 8114 y la Ley 9329, los cuales no se giran.
PERIODISTA: Greivin Granados
EMAIL: [email protected]
Viernes 18 Octubre, 2019
HORA: 12:00 AM
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