Diario Extra - Macaya defiende acuerdos a muerte

El presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Román Macaya, aseguró este jueves que los acuerdos firmados entre la institución y sindicatos no son inmorales, leoninos ni ilegales, respecto a la aplicación de la ley 9635, de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Así lo dijo ante los diputados en la Comisión de Ingreso y Gasto, a la cual fue citado a audiencia para rendir explicaciones al respecto.
Macaya fue claro al señalar que la institución ha cumplido a cabalidad con la reforma fiscal y que los acuerdos firmados el 12 de agosto se hicieron bajo la legalidad, con el fin de no generar mayor afectación a los usuarios.
Vale recordar que miles de asegurados perdían sus citas y cirugías debido a la huelga de trabajadores donde se incorporaron los médicos especialistas, situación que se agravó desde el 5 de ese mismo mes y que duró una semana.
Aunado a ello, fue enfático al decir que esas firmas no representaron un aumento de salario ni de pluses salariales.

¿INMORALES?

En su intervención, la diputada Silvia Hernandez, del Partido Liberación Nacional (PLN), sostuvo que se suscribieron acuerdos ilegales, leoninos e inmorales, porque desde el mes de febrero se estaba hablando de métodos de cálculo para incentivos y anualidades distintos a los que prevé la ley.
Incluso mencionó que la ley se debe aplicar a cabalidad al estar por encima de los reglamentos emitidos por el Ministerio de Hacienda, este fue posterior a la entrada en vigencia de aquella.
“Inmorales, no puedo coincidir, respetuosamente. Lo que nos orienta a firmar los acuerdos es devolverles los servicios de salud a los ciudadanos, a las personas que vienen desde lejos, se levantan a las 3 a.m. y llegan al Hospital México y un servicio estaba cerrado. Eso nos orientó a estar siempre basados en la legalidad”, respondió el jerarca de la CCSS.
“¿Leoninos? La huelga de una semana había costado ¢7.399 millones, las huelgas tienen un costo económico, no solo social y todos los días se empeoraban los números, con el dolor humano que eso implicaba”, argumentó Macaya.
En comparación con los movimientos de protesta del año pasado, en la CCSS explicaron que las pérdidas fueron de ¢13.188 millones y en la pasada en agosto, en una semana ya se había consumido más de la mitad que en el 2018.

¿SE PUEDEN SUSTITUIR ESPECIALISTAS?

La legisladora Shirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), preguntó puntualmente si es posible sustituir a los médicos especialistas durante una huelga, debido a la afectación que pueden generar por no incorporarse a sus labores.
Ante esto, Macaya afirmó que la institución actualmente no tiene suficientes especialistas para llenar el primer turno en todo el país y ni qué decir del segundo y tercero, por estos motivos se deben pagar horas extras y guardias.
“Hubo un momento en que se comenzaba a expresar en el sector médico que podrían no hacer guardias y sin estar en guardia, solo no las aceptan y eso significa que los hospitales cierren a las 4 p.m. Nosotros sustituimos todo el personal que se pueda como enfermeros auxiliares, limpieza, lavandería, entre otros, pero especialistas es difícil y en zonas rurales es un sueño”, lamentó Macaya.
Esa respuesta llevó a Yorleny León, diputada del PLN, a indicar que sin duda alguna la CCSS está completamente acorralada y que es rehén de los sindicatos, que cada vez que quieren obtener beneficios económicos sencillamente inician una huelga con las consecuencias que ello conlleva.
Una vez más, León reafirmó la necesidad de convertir en ley el Proyecto 21.049 para brindar seguridad jurídica a la huelga y sus procedimientos.

GOBIERNO ZAFA TABLA

León quiso saber quiénes estuvieron de acuerdo con el proceso de lesividad, por lo que Macaya mencionó que fue todo un equipo de trabajo conformado por él, asesoría jurídica de la CCSS, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Presidencia.
Además, aseguró que Carlos Alvarado, presidente de la República, tenía conocimiento de las negociaciones, pero desconocía los detalles; asimismo, dijo que la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, desconocía los alcances.
“Teniendo esto claro, me llama la atención como usted ha tenido que poner el pecho sobre este tema, no hemos visto a Casa Presidencial asumiendo el costo político cuando tuvo participación política en la mesa de negociación y, lamentablemente usted asume el costo en la totalidad. Reiteramos la duda de cuándo el gobierno zafa la tabla y cuándo se mantiene en diferentes posiciones”, concluyó León.