Román Macaya, presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), fue denunciado el miércoles anterior por el aparente delito de incumplimiento de deberes.
La causa se investiga bajo el expediente 19-000198-1218-PE en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
“El caso se encuentra en la etapa de recolección y análisis de prueba, por lo que en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal no se puede dar ningún otro detalle”, informaron en la Fiscalía.
La investigación se relaciona con el acuerdo firmado entre la Caja y las agrupaciones sindicales de salud el 20 de febrero, donde se resguardaban los derechos salariales adquiridos por los funcionarios ante la entrada en vigencia de la Ley 9635, de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
DIARIO EXTRA intentó obtener una reacción de Macaya al respecto, sin embargo al cierre de la edición no fue posible localizarlo mediante la oficina de prensa de la institución.
PETICIÓN A EMILIA NAVAS
El diputado independiente Erick Rodríguez pidió a la fiscal general Emilia Navas iniciar la investigación de oficio, con el fin de determinar si existen delitos entre los documentos firmados por la CCSS y los gremios sindicales.
“El 19 de agosto de este año envié una carta a la fiscal general Emilia Navas, cuyo recibido fue el 21 de este mes, donde le hacemos la solicitud para que investigue a Román Macaya y a quienes suscribieron el acuerdo en febrero pasado y el 12 de agosto”, expresó el legislador.
“Pedimos que se investigue si hubo delitos de prevaricato e incumplimiento de deberes, no podemos seguir jugando con las finanzas de los costarricenses ni con la economía del país”, añadió.
Además apuntó que en momentos de crisis fiscal no se pueden hacer ese tipo de acuerdos con gollerías.
POLÉMICA
Los problemas para el presidente de la CCSS empezaron el 12 de agosto, cuando firmó un segundo acuerdo con los sindicatos, cuyo propósito era detener la huelga que empezaron los funcionarios el 5 del mismo mes.
Las protestas se llevaron a cabo por un segundo decreto del Ministerio de Hacienda publicado el 22 de mayo, el cual decía que las anualidades y pluses devengados antes de la ley se reconocerían en forma nominal.
Al malestar de los sindicatos se sumó el tercer decreto, publicado el 31 de julio, donde se mencionaba la revalorización en forma nominal de las anualidades según el puesto que desempeñen los trabajadores.
Estos dos documentos, según los líderes sindicales, se traían abajo el documento firmado en febrero y los salarios se verían impactados porque la Ley 9635 se aplicaría de manera retroactiva; es decir, no solo después de su entrada en vigencia, sino antes, desde que los empleados empezaron a laborar en la CCSS.
Después de cinco días de negociación entre las autoridades de la Caja, sindicatos y el gobierno, el 12 de agosto todas las partes acordaron llevar la discusión de pluses y anualidades a instancias judiciales para que un juez determine si se deben aplicar tal como se mantienen actualmente o como lo establece la nueva legislación, mediante un proceso de lesividad.
Mientras el Poder Judicial resuelve el problema, los trabajadores de la salud mantienen los pluses y anualidades con normalidad.
Pese a que Víctor Morales Mora, ministro de la Presidencia, aseguró que el acuerdo no representaba ningún aumento salarial ni de beneficios, los empresarios y diputados manifestaron su malestar y empezaron a pedir cuentas por la firma, que fue ampliamente criticada.
Incluso la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) solicitó a la Contraloría General de la República la revisión del documento y proceder a anularlo.
PERIODISTA: Sergio Jiménez
CRÉDITOS: Foto: Isaac Villalta
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Sábado 24 Agosto, 2019
HORA: 12:00 AM
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