Diario Extra - Más de 1.500 personas perderían ¢5.000 mills.

Las autoridades están preocupadas por la gran cantidad de personas que son víctimas de timos o estafas telefónicas.
Mediante una labor de ingeniería social, los malhechores obtienen información de sus víctimas, de manera que al realizar la llamada las personas confían en que se trata del representante de un banco o alguna institución afín.
Esto lleva a que las posibles víctimas revelen datos o contraseñas que acaban usando en su contra para estafarlas.
Los estafadores tienen un accionar predecible e incluso montan un guion para direccionar la conversación y obtener los detalles que requieren.
“Con eso, una vez que contactan a la víctima, logran convencerla de que brinde datos o algún tipo de información o manifestación que de alguna manera le permita al delincuente acceder a un sistema y luego utilizar esos datos para provocar perjuicio”, explicó Walter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La mayoría de estafas telefónicas proviene de organizaciones con células en centros penitenciarios, especialmente La Reforma, pero también en Pérez Zeledón y San Carlos.
Datos del OIJ revelan que se trata de un delito en incremento.
Solo en el 2017, la sección de Fraudes de San José, que cubre el casco central y algunos cantones aledaños, recibió 1.146 denuncias cuyo perjuicio económico se estimó en ¢2.166 millones y $803 mil.
Mientras que, en el 2018 recibieron 1.474 denuncias con un perjuicio económico establecido en ¢1.555 millones y $250 mil.
Este comportamiento presentó un mayor aumento durante el 2019, con corte al 31 de julio se contabilizan 1.511 denuncias.
No obstante, para este año se estima que las cifras superen los ¢5 mil millones y $1 millón.
“En los últimos años nosotros hemos detectado un aumento realmente muy preocupante en la cantidad de estafas telefónicas que se están ejecutando, pero además nos preocupa que muchas de ellas tienen como su punto concéntrico de actividad centros penales, en particular La Reforma”, informó.
El jerarca judicial añadió que solo entre el 15 de julio y el 14 de agosto, la sede regional del OIJ en Alajuela recibió 137 denuncias por fraudes telefónicos.
VARIAS VERTIENTES

Espinoza explicó que estos timos tienen varias vertientes, una de ellas es la existencia de agrupaciones o socios delictivos que de manera constante y profesional se dedican a estafar personas.
La segunda es que los sistemas de contención que utiliza el Estado no son efectivos ni eficientes y no logran detener el incremento en la cantidad de denuncias y su perjuicio económico.
Mientras que la tercera vertiente es que hay un aumento exponencial, el cual no tiene posibilidades razonables de ser detenido pronto, de modo que se proteja el patrimonio y la tranquilidad de las personas.
“Hay una sustracción constante de fondos de personas que tienen sus dineros, en tesis de principio, en buen recaudo y que caen ante la existencia de personas que han elaborado un guion, han determinado perfiles, han hecho estudios previos y de esta manera tienen acceso a bases de datos ya sea de entidades públicas o privadas.
Esta versión tiene dos aristas, la primera, que no hemos podido comprobar, es que eventualmente podría haber participes involucrados o terceros que, de alguna manera, trabajan o tienen cercanía con este tipo de instituciones privadas o las públicas”, explicó.
La segunda, que tampoco han corroborado en el OIJ, es que los sistemas hayan sido hackeados.

ESTUDIAN VÍCTIMAS

El jerarca del OIJ comentó que no es fácil investigar estos casos en vista de que las denuncias que llegan a las oficinas son casos aislados.
“Una persona nos cuenta que recibió una llamada telefónica, que es de un número equis y que luego de una conversación que se desarrolló por varios minutos, brindó datos, contraseñas, privilegios o datos secretos que permitió que un tercero extrajera bienes de sus cuentas”, señaló.
Espinoza añadió que este modo de operar pareciera involucrar ingenuidad y descuido de la víctima, pero asegura que no es así.
Las organizaciones que se dedican a esta actividad realizan un estudio profundo de las víctimas, logrando obtener datos que, de alguna manera, hacen que el blanco confíe en el panorama de encontrarse frente a una fuente confiable y que terminan por caer al tener, los delincuentes, guiones establecidos.
“Lo importante es que la gente sepa, entienda y recuerde que las instituciones financieras no piden datos telefónicos, que las transacciones no se hacen por teléfono y que hay un grupo de personas que en este momento están articulando acciones para tratar de obtener fondos ilegales de manera sencilla.
El mensaje es preciso, claro y directo si recibe una llamada telefónica de estas connotaciones cuelgue de inmediato, lo están engañando, lo quieren estafar, le quieren quitar dinero, no conteste, no atienda la llamada, no extienda la conversación, simplemente cuelgue el teléfono”, recalcó.

ORGANIZACIONES

La sección de Fraudes del OIJ realiza investigaciones y tiene casos abiertos sobre las posibles agrupaciones dedicadas a este timo.
“Hay una posibilidad razonable de hacer comparaciones de voz, porque tenemos una experticia que nos permite ejecutarlo, lo que es difícil a veces es encontrar la muestra apta, idónea”, indicó Espinoza.
Agregó que es difícil cuantificar las organizaciones dedicadas a este tipo de estafa, pero asegura que la mayoría provienen, a nivel penal de La Reforma.
Sin embargo, destaca que para ellos es complicado darles seguimiento dentro de los centros penales.

PERFILES

El jerarca del OIJ mencionó que las víctimas son de clase media, o bien, personas que obtuvieron un pago que les generó un depósito con una cantidad importante.
“Hay un estudio previo, una selección de la persona que va a recibir el perjuicio y que, quien está ubicado en el centro penal, recibe ayuda de terceros o ha tenido posibilidad mediante métodos que aún no hemos establecido de ingresar a las bases de datos de las instituciones financieras”, mencionó.
Esta afirmación la realiza porque estas personas sufren perjuicios económicos importantes y porque consideran que un delincuente no va a desgastarse haciendo una labor extensa y agotadora si no le dará resultados.
Por ello, determinan con anticipación sus víctimas, conociendo sus capacidades económicas.
“Es una persona de clase media cuando menos o una persona que tiene un depósito o que, mantiene consigo, una cantidad de dinero”, resaltó.
Por ello dan órdenes precisas que les permiten adueñarse de esos recursos, los cuales transfieren a cuentas de terceros que están listos en un cajero retirando el dinero, el cual lavan en el mercado por medio de compras de carros u otros artículos.