El diputado liberacionista Daniel Ulate Valenciano advierte a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) que estará vigilante del inicio de las obras impostergables de la tan esperada ampliación de la ruta San José-San Ramón.
Este ramonense, músico y administrador de empresas con experiencia a nivel municipal a sus 32 años es una de las caras con que se renuevan el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Congreso.
Parte de su labor es impulsar proyectos de ley para mejorar el control de personas que conducen bajo los efectos de las drogas y para modernizar el trabajo policial en la identificación de sospechosos.
El siguiente es un extracto de la entrevista que concedió a DIARIO EXTRA.
¿Cómo está el tema de la ampliación de la carretera a San Ramón?
-Tenemos esperanzas con el actual ministro (Rodolfo Méndez Mata), pero no nos hemos quedado esperando, hemos solicitado a ellos un cronograma de trabajo que ya se ha divulgado y si bien es cierto sabemos que la carretera no va a estar en este periodo, estamos exigiendo que las obras impostergables, que son 17 en total, sí se culminen y también he trabajado para que los recursos del fideicomiso se garanticen.
Se dijo que no había recursos para el fideicomiso.
-En el 2018 el fideicomiso recibió el primer desembolso de recursos que fueron $20 millones. Las 17 obras impostergables rondan los $120 millones, según estimaciones de ellos. Recuerde que el financiamiento proviene $50 millones del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), es decir del Estado, y otros $50 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Bueno, ya teníamos $20 millones. Nos dijeron que las primeras cinco obras ocupaban $25 millones, esos $5 millones que faltaban ya se logró incluirlos en un presupuesto extraordinario, se supone que con eso arrancamos las obras para octubre y noviembre. La pregunta es ¿y las 12 obras restantes?, ¿dónde están los recursos? Nos dijeron que a finales del año se enviará otro presupuesto extraordinario.
¿A la fecha hay algún avance de las obras?
-No, solo los peajes, que nos preocupa que ya están realizando el cobro sin restricción de ningún tipo y donde siempre hay presa. Se supone que se van a ampliar y además aplicar el llamado quick pass, una vez que lo tome el fideicomiso. Es decir, antes de que termine el año, el resto de los recursos del Conavi, que son esos $25 millones deben ingresar al fideicomiso, si eso no ocurre se van a dar cuenta de que este diputado joven no se va a quedar con los brazos cuidados.
¿Por qué se ha tardado tanto en esta carretera?
-El expresidente Luis Guillermo Solís cuando llegó a San Ramón y nos habló de la carretera nos pegó una cachetada y se burló de todo Occidente. Él nos dijo que en su administración esa carretera sería un hecho, con bombos y platillos lo dijo, y solo fue para burlarse de los ramonenses. Se perdieron cuatro años ahí.
Recuerdo que en el primer año usted no quiso apoyar la candidatura de la diputada Carolina Hidalgo a la presidencia del Congreso, en parte por esta situación. ¿Fue así?
-Así es. Jamás iba a votar ni votaré por una representación del partido de gobierno. No tengo nada en contra de doña Carolina (Hidalgo) ni de doña Laura (Guido) ahora, pero lo que hizo el PAC con este tema con nosotros no tiene nombre.
¿Qué opina del pleito entre los taxistas y Uber?
-Esto es un servicio privado, pero debe tener una serie de regulaciones que hemos tratado de establecer. Los taxistas tienen grandes observaciones sumamente válidas, como por ejemplo que deben cumplir con los seguros, con la Ley 7600 y les preocupa mucho la cantidad de recursos fiscales que el país y el Gobierno está dejando de percibir, yo creo que hay que regular Uber.
¿Cree que el proyecto saldrá pronto?
-Estamos en extraordinarias y los taxistas lo que quieren es que se dictamine cuanto antes. Ya las audiencias se cubrieron y de momento nadie ha mocionado el proyecto, veremos qué ocurre. De igual forma como estamos por hacer con el hospedaje no tradicional, tiene que regularse porque no puedo pensar en que no vamos a evolucionar junto con la tecnología.
¿Qué proyectos impulsa desde su despacho?
-Queremos proyectos de ley que sean más sombrilla para varios temas o problemas, como la iniciativa de huellas que se construyó con el apoyo de nuestros cuerpos policiales y ofrece una base robusta de datos biométricos a la policía. Tenemos una base enorme como la que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la idea es centralizar esa base de datos para que se aprovechen las capacidades del Tribunal y a un bajo costo.
¿Cómo funciona?
-Permitirá en un futuro cercano registrar no solo la información del dedo índice, sino de todas las huellas de la mano y esto es necesario porque existen más de 42 mil huellas dactilares que no han sido verificadas en un acto delictivo. Entonces, por ejemplo, si a una persona le tachan el vehículo, el OIJ hace la investigación, pasan dos o tres meses y te llaman para decirte que no hay con qué comparar esas huellas digitales. Si bien ya hay intercambio de información biométrica entre instituciones y algunas al TSE, la idea es buscar la forma de que se agilice y sea más eficiente. Este proyecto está en la Comisión de Jurídicos a la espera de recibir audiencias y todo el proceso legislativo que conlleva.
¿Qué otra iniciativa impulsa?
-Estamos avanzando en una iniciativa que dispone de dispositivos de control de droga para los oficiales de tránsito. Esta iniciativa busca utilizar esa tecnología que existe en el mundo y que países como España usan desde hace 7 años.
¿Qué hace ese dispositivo?
-Es un dispositivo que logra detectar si la persona conduce bajo los efectos de alguna droga o sus metabolitos, que son como una familia de las drogas. Mientras que el alcoholímetro funciona cuando la persona sopla, pero este dispositivo se debe tomar una muestra de la salida de la persona.
¿Qué apoyo tiene este proyecto?
-En este caso este proyecto se construyó con la Policía de Tránsito, el Ministerio Público y los jueces de Tránsito nos están dando el respaldo. El objetivo es cerrar portillos en la ley, al reformar una de las frases de la actual ley.
¿Cómo se aplicaría?
-Los alcoholímetros tienen un nivel de confianza tal, que su prueba logra ser confiscatorio, es decir es suficiente con solo cambiar la frase de la ley que dice “bajo los efectos de” a “en presencia de”, nos vamos a evitar que se tenga que recurrir a los exámenes de sangre en el hospital, esto es porque los alcoholímetros están metodológicamente calibrados por lo cual la prueba que ahí se tome es confiscatoria. Esto se estaría contemplando en la ley, así como la sanción que actualmente no se penaliza.
¿Por qué esto es importante?
-Hay conductores que cuando los detienen no se ven bien y parecen que están alcoholizados, pero cuando les hacen las prueba con el alcoholímetro sale negativa, es decir hay algo más ahí que ocurre en ese organismo y esto ocurre en un porcentaje importante de los conductores. Entonces, ante sospecha del oficial de Tránsito se aplica en primera instancia la prueba del alcoholímetro y si da negativa se aplicaría la prueba de drogas.
¿Cómo se castigaría?
-La idea nuestra con el proyecto no es pensar en llevar a las cárceles a gente detenida por manejar bajo el efecto de drogas, a no ser claro que hayan cometido un accidente grave o atentado con la vida de una persona, pero si son detenidos conduciendo en ese estado, el objetivo es brindar una salida a esa persona de su adicción y establecer coordinación con instituciones como el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia que permitan una sanción alternativa y un acompañamiento. El cómo de estos temas se debe implementar con el reglamento de la ley.
¿Se contempla el financiamiento de los dispositivos?
-Sí. El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) nos ha dicho que de los mismos recursos que ya se destinan para los alcoholímetros se pueden comprar los dispositivos para detectar las drogas.
¿Qué le preocupa de la situación del país?
-Sin duda una de las necesidades que hay en el país es la cantidad de desempleo, 294 mil sin trabajo, 148 mil hombres y 146 mil mujeres es alarmante y qué hace el Gobierno, ¿impulsa un proyecto de ley sobre el uso de los preservativos?, no, por favor pongámonos serios, será que quieren desviar la atención.
¿Se refiere al proyecto de la diputada Paola Vega?
-Sí, no entiendo los alcances o el sentir de ella, si es que le gusta crear polémica o si es parte de la estrategia de tomar temas polémicos y tomar la atención de la población y desviarla completamente de lo que de verdad ocurre. Por ejemplo, lo que pasó con la empresa de comunicación que contrató Casa Presidencial.
¿Cómo analiza la labor de esta Asamblea?
-Hay mucha gente joven, pero a pesar de eso tenemos una mentalidad diferente de esa queja de la población para con la Asamblea Legislativa que las cosas no caminan, que todo es para entrabar, nosotros queremos cambiar esa percepción por un bien del país y dejando de lado los colores políticos, no lo que hace el PAC que juega con todos.
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PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
CRÉDITOS: Fotos: Mauricio Aguilar
EMAIL: [email protected]
Lunes 19 Agosto, 2019
HORA: 12:00 AM
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