Susan Naranjo López, directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), fue denunciada por un presunto conflicto de intereses ante la Procuraduría de la Ética Pública de la Procuraduría General de la República (PGR).
Precisamente esa entidad, responsable de las representaciones del gobierno, analizó la gestión de Naranjo López, “al no recusarse en la votación de acuerdos tomados por ese órgano colegiado (Judesur), en las sesiones ordinarias No. 873-2017 y 877-2018 celebradas el 8 de diciembre de 2017 y 19 de enero de 2018, respectivamente, relacionados con un proyecto de negocio que formuló la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre de Golfito (Acodelgo), de la cual Naranjo es representante ante la Junta Directiva”, señala el oficio AEP-1180-2019 y fechado 24 de julio de 2019, del cual El Periódico de Más Venta en Costa Rica tiene copia.
En otras palabras, Naranjo no podía ser juez y parte porque pertenece a ambas entidades y le correspondía separarse del proceso para evitar el conflicto de intereses.
A raíz de lo anterior, se procedió a notificar a la Junta Directiva de Acodelgo, quienes abrieron un procedimiento privado contra la directora Naranjo López, en el cual se concluye: “...solicitar a la señora Susan Naranjo López que se abstenga de participar, discutir, votar y ejecutar acuerdos en Judesur, en los que tenga algún interés económico directo la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre de Golfito y evitar los conflictos de intereses”.
DENUNCIA PENAL
Sin embargo, eso no fue todo, pues la PGR decidió acusar a Naranjo ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público (MP) por el delito de incumplimiento de deberes.
“Es necesario informarle que, tras una posterior valoración de los mismos hechos, esta Procuraduría de la Ética tomó la decisión de interponer el día de hoy la denuncia penal No. AEP-DEN-011-2019 ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción contra la señora Susan Naranjo López argumentando la eventual comisión de un delito de incumplimiento de deberes por la omisión al deber de abstención”, aduce el escrito de la PGR.
Por lo anterior, cabe señalar que el expediente administrativo DEP-023-2018 recae sobre el Ministerio Público para que se investigue.
Es más, señala el escrito que, “sin perjuicio de que la Procuraduría de la Ética Pública, a través de los Procuradores que representan al Estado en sede penal, pueda apersonarse al caso en el momento procesal oportuno”.
PERIODISTA: Alexander Méndez
EMAIL: [email protected]
Lunes 19 Agosto, 2019
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA