Las críticas y comentarios realizados por diputados, Defensoría de los Habitantes y cámaras empresariales en contra del acuerdo firmado entre la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y los sindicatos no son de recibo por estos últimos, los cuales señalan que el documento más bien se trajo abajo muchos intereses empresariales.
Los dirigentes sindicales consideran que tratan de desinformar a la población al decir empresarios y diputados que no se cumple con la Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas (9635), cuando la institución la aplica a cabalidad.
Incluso, en las agrupaciones sindicales afirman que no hay nada ilegal firmado en los documentos del 20 de febrero y del 12 de agosto de este año.
“El gran malestar de los empresarios es porque la CCSS queda fuera de la regla fiscal, ellos pretendían que al aplicarse iban a estrangular la institución paulatinamente en cuanto a la prestación de los servicios”, señaló Ricardo Solano, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Farmacia (Sintaf).
“Al afectar los servicios, los empresarios pensaban que de manera masiva iban a ser atendidos por el sector privado, ahí se frotaban las manos”, añadió.
CORTINA DE HUMO
Por su parte, Lenin Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae), apuntó que los empresarios sin duda generan una cortina de humo y procuran desviar la atención sabiendo que a ellos más bien les concedieron una amnistía tributaria.
Hernández fue directo al decir que la reforma fiscal solamente se enfocó en el gasto de los servidores públicos y aplicar el Impuesto de Valor Agregado (IVA) a todos los costarricenses.
“En la reforma no se tocó nada de la renta global ni mundial y más bien se dio una amnistía tributaria que favoreció a las grandes empresas que no pagan impuestos adecuadamente”, apuntó el dirigente del Sinae.
“Esta es una cortina de humo para que a ellos (empresarios) no los toquen en materia tributaria. El decir de todos es que la ley no se aplica en la Caja, pero, en empleo público sí se hace a partir de su aprobación, nosotros lo que defendemos es la no aplicación de forma retroactiva”, añadió Hernández.
Respecto al actuar de los legisladores, los sindicalistas lo consideran como una intromisión de tinte político.
En el Sinae achacaron el problema a los diputados por aplicar una ley sin haberla consultado a todos los sectores que fueron “metidos dentro de un mismo saco”, sabiendo que existían falencias.
Aunado a ello, Lenin Hernández tachó de vergonzosa la posición de Catalina Crespo, defensora de los Habitantes.
“Ella hace un análisis meramente del asunto tributario mas no de la afectación de los usuarios en un tema legal. Nosotros hubiéramos necesitado la intervención de la Defensoría como un mediador y no como juzgadora”, sentenció el líder sindical del Sinae.
PERIODISTA: Sergio Jiménez
CRÉDITOS: Foto: Cristian Cartín
EMAIL: [email protected]
Sábado 17 Agosto, 2019
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA