Tal como lo viene informando DIARIO EXTRA, los atrasos son protagonistas en el arranque del juicio por el caso de Coopemex ante los diferentes recursos que presentan los defensores de los acusados.
Días atrás, cuando estaba previsto que comenzara, no se pudo porque una mujer de apellido Clark tenía programada una cirugía estética y no se presentó en la mañana, motivo por el cual se declaró en rebeldía y se ordenó su captura.
Horas más tarde la mujer llegó a la fiscalía junto con su defensora pública para ponerse a disposición de las autoridades y por ese hecho no se le interpusieron medidas cautelares.
Este martes la situación fue similar porque Axa Carballo, defensora de Clark, presentó una denuncia contra la fiscal del caso por divulgar información privada, por lo que solicitó que se apartara del caso, pero la rechazaron.
Posteriormente, ante la serie de pausas, se determinó levantar la sesión y reanudarla el día siguiente.
Ayer nuevamente se inició la audiencia, pero los recursos de los abogados defensores retrasaron el avance, haciendo que la próxima semana se inicie el juicio, que lleva más de 10 años en instancias judiciales.
Rodrigo Araya, abogado de Coopemex, mencionó días atrás que este tipo de acciones son normales en debates como este, máxime sabiendo que hay tantos imputados.
“Es normal en los juicios complejos, donde son muchos abogados, muchos imputados, que las partes planteen circunstancias como recusaciones y excepciones. Me parece que ha sido resuelto muy diligentemente por el tribunal”, comentó.
El caso ocurrió entre 2005 y 2009, cuando se acusó por administración fraudulenta. En esa oportunidad se interpusieron diferentes acciones legales contra la junta directiva y funcionarios de la cooperativa porque al parecer cometieron hechos delictivos en el manejo de los recursos. Esta situación habría llevado a la quiebra de dicha organización, por ello se produce el juzgamiento de 19 personas.
El 26 de febrero de 2010 la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef) denunció la supuesta pérdida de ¢8 mil millones.
Los imputados responden a los apellidos Sandoval, Ramírez, Jiménez, Lara, García, Hernández, Villalobos, Carrillo, Espinoza (mujer), Clark (mujer), Coronado, Carpio, Solano, Mata (mujer), Sánchez, Yankelewitz, Barboza, Zamora y Sragovicz.
