Tras la inoperancia, ineficiencia e incapacidad que demostró el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), luego de que su jerarca Patricia Vega reconociera que un funcionario no atendió a tiempo una denuncia de agresión a un menor de 5 años que finalmente falleció, los diputados reaccionaron con preocupación y ahora anuncian que, además de pedir cuentas, harán los esfuerzos necesarios para impulsar una reforma total a dicha institución pública.
Por ejemplo, el oficialista Enrique Sánchez señaló que solicitará un estado de cumplimiento del Plan de Acción Nacional para el desarrollo de estrategias de prevención y erradicación de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, firmado en 2017, a todas las instituciones involucradas.
Pero además, afirmó que impulsará las modificaciones necesarias para transformar esa institución, de manera que se adapte a las necesidades actuales de la niñez, cumpla sus objetivos y atienda de mejor forma estos casos.
El liberacionista Roberto Thompson también cree que debe ser prioridad la reforma a dicho organismo.
“El PANI es parte de esa institucionalidad fallida que ha venido perdiendo rumbo, criterio y objetivo, en su caso con muy dolorosas consecuencias. Entrarle a la reforma integral del Estado y sus instituciones para que responda a los requerimientos ciudadanos, debe ser prioridad”, indicó.
Por su parte, el independiente Harllan Hoepelman dijo que el PANI debe tomar con la seriedad debida las denuncias que recibe de parte de ciudadanos preocupados por el bienestar de las personas menores de edad, víctimas de malos tratos y abandono.
“No es aceptable que solo después de una tragedia se intervenga para prevenir daños ante la negligencia de sus padres o encargados”, apuntó.
“El PANI necesita investigar y cambiar su forma de reaccionar ante las denuncias que pueden salvarles la vida a estos inocentes, que son de las personas más vulnerables y que merecen que el Estado les brinde una atención oportuna y eficaz”, agregó.
En el 2016, el Gobierno de Luis Guillermo Solís impulsó un considerable aumento del presupuesto para esta institución que conllevó a la contratación de más de 800 plazas nuevas.
Pero al tomar el control de la institución, Patricia Vega reconoció que encontró un caos total.
Señaló que en el 2017 el PANI apenas había atendido el 20% de las más de 52 mil denuncias que se catalogaron como prioridad 1 (igual al del caso de menor fallecido).
Precisamente, sobre el caso del menor fallecido, la fiscala general Emilia Navas anunció una investigación sobre los hechos, así como a los funcionarios de la institución.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
CRÉDITOS: Foto: Archivo
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Sábado 11 Mayo, 2019
HORA: 12:00 AM
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