El Tribunal Contencioso Administrativo condenó a la Municipalidad de Cartago al pago de ¢5 millones por el despido aparentemente injustificado contra un funcionario de la institución.
Al parecer el gobierno local incurrió en una incorrecta ponderación y violación de los hechos, además se habría apartado de los criterios de racionalidad y proporcionalidad.
Así lo estipula la sentencia Nº 112-2016 contra la Municipalidad en referencia de un despido sin responsabilidad patronal ni causal válida.
De acuerdo con la sentencia, de la cual DIARIO EXTRA tiene copia, el funcionario de apellidos Garita Sojo laboraba como oficial de seguridad en el Departamento de Seguridad y Vigilancia.
Según trascendió, en junio de 2011 Garita Sojo entregó sus instrumentos de trabajo como balas, radio, entre otros, al puesto ubicado en el Mercado Municipal, sin embargo dejó en su puesto el cargador de radio.
Al día siguiente ocurrió el extravío del cargador y a él, al haber sido el último en utilizarlo, se le abrió un proceso. Al considerarse falta grave, Recursos Humanos procedió al despido.
El caso fue trasladado al Tribunal Contencioso Administrativo en agosto de 2015 tras una resolución del Juzgado de Trabajo de Cartago, que señaló el asunto no les correspondía a ellos.
Finalmente, en febrero de 2019 el Tribunal de Casación mantiene la sentencia que obliga a la Municipalidad de Cartago a reinstalarlo y al pago de ¢5 millones.
Danny Ovares, regidor municipal, dijo a DIARIO EXTRA que lo resuelto por los altos tribunales del país dejan claro que la responsabilidad de lo acontecido no es de la Municipalidad, sino de Rolando Rodríguez, alcalde de Cartago.
Ovares presentó una moción ante el Concejo Municipal para que los costos sean pagados por Rodríguez y no por el ayuntamiento.
“Tomé la decisión de interponer una moción con la finalidad de que los costos, no solo de un largo juicio contra la Municipalidad, sino también los de resarcir los daños económicos, como por ejemplo los ¢5 millones de daño moral impuestos en las sentencias referidas, sean pagados por ese señor y no como está en este momento que debemos ser todos los cartagineses.
La Municipalidad de Cartago respondió por medio de su oficina de comunicación que en uso de las facultades que establece el Código Municipal determinó que los hechos imposibilitaron la continuación de la relación laboral entre el gobierno local y el funcionario.
Agregaron que en el proceso por parte de la Municipalidad no hubo acto arbitrario ni ilegal, sino que se cumplieron los procesos y procedimientos establecidos para la revisión de conductas de los funcionarios.
PERIODISTA: Greivin Granados
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Martes 07 Mayo, 2019
HORA: 12:00 AM
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