Lesiones a la verdad

EDITORIAL

Artículo 19

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”,

Declaración Universal de Derechos Humanos

Costa Rica, representada por la gerente general del Grupo Extra, Iary Gómez, expuso ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) un amplio informe que revela los golpes a la libertad de prensa y expresión en los últimos seis meses.

De hecho, este país siempre ha sido líder en el tema; los estudios internacionales nos catalogan como respetuosos y con poco riesgo ante las amenazas que se derivan del poder político, económico y el crimen organizado contra los medios de información.

Reconocidos en el mundo entero por la paz, un gobierno sin fuerzas armadas y relativamente bajos índices de criminalidad común, Tiquicia sigue siendo para propios y extraños una Suiza centroamericana.

Los costarricenses tenemos buena imagen en el respeto a los derechos humanos, pero para nadie es un secreto que se ha hecho necesario exigir lo que antes parecía obvio y fundamental.

Las cosas han cambiado muchísimo y tenemos pruebas para decirlo, las dos últimas administraciones de Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís, y la actual de Carlos Alvarado, han extralimitado sus potestades con los periodistas y los medios informativos.

Veamos claros ejemplos de los hechos denunciados ante la SIP y más de 1.500 medios del mundo.

El primero de los casos ocurrió el 22 de diciembre de 2018, la Oficina de Control de Propaganda adscrita al Ministerio de Gobernación y Policía, notificó a DIARIO EXTRA sobre una resolución administrativa que censuraba el contenido de la portada. Dicha dependencia además sugirió en su documento que este medio nacional promovía hechos delictivos como crímenes y violaciones a mujeres, lo anterior con la intención de procurar otro tipo de sanciones no solo legales, sino sociales.

La resolución advertía que la portada tiene un fin publicitario e insinuaba que podría valorarse algún tipo de revisión previa con el fin de evitar la publicación de ciertos contenidos que no eran del agrado de esa dependencia, lo que a todas luces es una clara violación a la libertad editorial, pues implica censura previa.

Para ese mismo mes del año anterior, Canal 7, Televisora de Costa Rica, tuvo que prescindir de un comediante que participaba en un programa de televisión luego de que este contara un chiste que fue catalogado como machista.

La medida se tomó luego de que la ministra de Justicia, Marcia González, usara sus redes sociales para manifestar que investigarían lo sucedido y añadió que el programa de televisión no cumplía con la agenda de valores sociales que promovía esa cartera y el gobierno en general.

Un tercer evento reprochable ocurrió a inicios del año 2019, cuando la Oficina de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) del Ministerio de Justicia notifica al DIARIO EXTRA para que elimine de sus archivos una noticia que fuera difundida el 13 de julio de 2018.

La información que reviste de interés público daba cuenta de la detención arbitraria de un costarricense por parte de las autoridades nicaragüenses en territorio de Costa Rica. La noticia fue confirmada en su momento por la misma Cancillería de la República.

Esta dependencia está haciendo uso de la Ley 8968 de Datos Sensibles como mecanismo de sanción, pese a que no fue diseñada para regular la actividad de prensa, siendo así un riesgo para el ejercicio periodístico.

Otro elemento importante de mencionar es la propuesta de proyecto de ley en el expediente 21187, presentada por el diputado Erwen Masís del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que pretende combatir la ciberdelincuencia.

Sin embargo, dicha iniciativa implica un riesgo latente para la libertad de expresión, lo anterior pues se enfoca en sancionar la publicación de fake news o noticias falsas.

La ley implicaría una pena de cárcel de hasta 4 años a quien difunda noticias catalogadas como falsas, pero es más que claro que una norma de este tipo podría prestarse para perseguir periodistas y comunicadores, además de ciudadanos que tienen derecho a difundir opiniones.

Para este tema ya existen normas jurídicas aprobadas desde el 2012, las cuales sancionan delitos informáticos, este proyecto es reiterativo y limita el accionar periodístico.

Ninguna persona y menos gobierno, puede poner cerradura a la expresión, a la opinión y el ejercicio de los periodistas, pero más importante aún, no pueden acallar al pueblo, ese es un derecho incuestionable.

Alzamos una protesta enérgica por los límites que se han querido interponer.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

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Martes 07 Mayo, 2019

HORA: 12:00 AM