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Nacionales

Denuncian a 5 magistrados por prevaricato

De Sala II

  • Arauz asegura que la decisión de los magistrados de asumir el caso va en contra de la ley del Poder Judicial

  • Esta es la denuncia interpuesta

  • Esta es la denuncia interpuesta

Los cinco magistrados de la Sala II, encargada de la materia laboral y de familia, fueron denunciados por el presunto delito de prevaricato.

Se trata de Orlando Aguirre Gómez, Julia Varela Araya, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, Mario Antonio Gutiérrez Quintero y Héctor Luis Blanco González. 

La denuncia, de la cual DIARIO EXTRA una tiene copia, fue interpuesta por el abogado Efrén Arauz Centeno, quien funge como curador de la quiebra de la empresa Technofarma S.A.

El caso empieza cuando la compañía en cuestión demanda a la trasnacional Glaxo Smith and Kline por suspender el suministro de medicamentos supuestamente incumpliendo con el contrato.

El juicio civil ordinario de mayor cuantía por incumplimiento contractual lo pierde la compañía Technofarma S.A. en primera instancia. También pierde la apelación.

La situación provocó que el caso se elevara a la Sala I tras presentarse un recurso de casación.

“Quien debe de conocer, de acuerdo con el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial estos temas es la Sala I encargada de la materia civil. De hecho, ahí el expediente pasa dos años. Extrañamente se quita y lo envían a la Sala Segunda. La Sala I conoce los asuntos civiles ordinarios, la Sala II conoce asuntos de familia y laboral y es por eso que optamos por denunciarlos, porque dichos magistrados no podían ver ni resolver este caso”, explicó Arauz.

Cuestionó: “Cómo una sala incompetente resuelve un asunto donde no tiene nada que ver, eso en derecho penal se llama: prevaricato”.

A lo anterior se le suma que el traslado del expediente y consiguiente resolución ocurrió pese a la circular del Consejo Superior 121-2004, lo que a su paso habría perjudicado a una veintena de acreedores por un monto cercano a $1 millón.

El Código Penal es claro en señalar en su artículo 357 que “se impondrá prisión de dos a seis años al funcionario judicial o administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos”. La denuncia fue recibida por la Fiscalía General de la República el pasado 10 de abril.

PERIODISTA: Marco Antonio González

CRÉDITOS: Foto: Carlos Barquero

EMAIL: [email protected]

Lunes 22 Abril, 2019

HORA: 12:00 AM

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