Como lo indicó DIARIO EXTRA este martes, varios diputados ya no ven viabilidad para que el proyecto presentado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) con el objetivo de regular Uber pueda avanzar con éxito en el Congreso.
La iniciativa ha sufrido señalamientos negativos de instituciones como el Ministerio de Hacienda, la Procuraduría General de la República (PGR), la Contraloría General de la República (CGR) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Basándose en ese panorama de críticas, el diputado Giovanni Gómez, del Partido Restauración Nacional (PRN) y miembro de la Comisión de Asuntos Económicos donde se analiza el proyecto, pidió que dicha iniciativa se archive ante las carencias que presenta.
“Las deficiencias que se han evidenciado son tan grandes que este proyecto debe enviarse al archivo y esperar a que el Poder Ejecutivo se ponga de acuerdo con lo que realmente quiere en cuanto a plataformas tecnológicas de transportes”, manifestó Gómez.
QUITARÁN CANON
Pero no solo Gómez cree que se debe construir una iniciativa nueva, los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) Enrique Sánchez, Ramón Carranza y Paola Vega, además del socialcristiano Pablo Abarca, hacen énfasis en la necesidad de construir un nuevo texto para regular esta actividad que hoy opera al margen de la ley.
Los oficialistas arremeten contra el proyecto que propuso Casa Presidencial por medio del ministro Méndez Mata y buscan eliminar de este el canon que se propuso para las personas que operen con la plataforma de Uber.
De hecho, este fue un punto que la Procuraduría calificó como desproporcionado y como una “multa oculta”.
En un comunicado de prensa, el PAC anunció que modificaría la iniciativa para eliminar el canon anual de $200 a cada vehículo que sea utilizado por plataformas de movilidad y el canon de $35 por cada conductor.
“Se excluye también el pago de 18.600 salarios base a las empresas que estaban operando previo a la vigencia de la aprobación de la ley. Junto con esas modificaciones, se pretende reducir significativamente el pago de inscripción de las empresas que brinden los servicios regulados por la ley, y establecer un cobro diferenciado para pequeñas y medianas empresas”, indica el comunicado.
También esperan modificar el destino del fondo de movilidad que se busca crear y sacar de esas funciones al CTP. El legislador socialcristiano Pablo Abarca también señaló en la comisión que, dadas las inconsistencias, se requiere construir un nuevo texto.
CRÍTICAS DE INSTITUCIONES A PROYECTO DE UBER
- Contra el fondo: Hacienda se opone a la creación de un destino específico para el Fondo Nacional de Movilidad que manejaría el Consejo de Transporte Público (CTP), por ser contrarios a las mejores prácticas en materia de asignación presupuestaria.
- Criterios técnicos: la Procuraduría General de la República cuestiona la falta de sustento técnico para la carga impositiva que se establece, pues no se hace referencia a la existencia de estudios ni proyecciones de significado económico.
- Inconstitucional: La Procuraduría también considera que la iniciativa tiene roces de constitucionalidad, como por ejemplo el manejo autónomo de los fondos, lo cual choca con el Principio de Caja Única del Estado. Cuestiona además el pago de 18.600 salarios base por concepto de inscripción.
- Poco realista: La Contraloría General de la República indica que el proyecto no toma en cuenta al usuario, además que es poco realista porque aborda el tema de transporte público de una forma segmentada y no desde una visión más integral.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Jueves 04 Abril, 2019
HORA: 09:47 AM
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