La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), valora interponer acciones en contra de la regla fiscal.
La regla fiscal es un instrumento que permite limitar el gasto en las instituciones públicas con base en el comportamiento de la deuda pública y el crecimiento económico.
El mecanismo es legal y se aprobó como parte de la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Existen entidades como la Caja de Seguro Social que han manifestado querer tener un trato diferenciado.
Albino Vargas, secretario general de la ANEP, dijo que siempre han alertado que la regla fiscal es contraproducente desde todo punto de vista.
“Puede generar conflictividad, porque habría que recordarle a la ministra de Hacienda (Rocío Aguilar), que la gente existe, que es de carne y hueso y no una variable macroeconómica”, indicó Vargas.
Añadió que este mecanismo vendría a generar un crecimiento en la desigualdad, tomando en cuenta la precariedad salarial y la exclusión social.
“La regla fiscal es un fundamentalismo neoliberal, que no considera factores humanos, y sociales inmersos en las políticas económicas que gente como doña Rocío impulsa. Puede generar conflictividad social en la calle”, manifestó Vargas.
Rafael Mora, asesor de la ANEP, añadió que ya interpusieron una acción de inconstitucionalidad contra la Ley fiscal, en lo relacionado con empleo público y la autonomía institucional y municipal.
FRENO PARA 2020
La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, informó este lunes que, como resultado de la aplicación de la regla fiscal, para el 2020 el crecimiento del gasto corriente en los presupuestos ordinarios de las entidades y órganos que conforman el sector público no financiero, no podrá sobrepasar el 4,67%.
Para el caso del Presupuesto Nacional de la República, la aplicación de esta medida se considerará de manera agregada, mientras que en el resto de entidades que conforman el Sector Público no Financiero, su aplicación será individualizada.
Esta obligación deberán atenderla el Poder Ejecutivo y sus dependencias, así como los órganos de desconcentración adscritos a los distintos ministerios; el Poder Legislativo; el Poder Judicial; el Tribunal Supremo de Elecciones; al igual que todas las dependencias y órganos auxiliares de estos.
También, se suman las instituciones descentralizadas no empresariales y sus órganos desconcentrados; los gobiernos locales y las empresas públicas no financieras.
Para calcular la tasa de crecimiento del gasto corriente presupuestario, Hacienda tomó como referencia el dato correspondiente al cierre del ejercicio económico 2018, para definir el nivel de deuda del Gobierno Central como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) nominal, y los datos del PIB nominal de los años 2015, 2016, 2017 y 2018, para la determinación del promedio de su tasa de crecimiento.
“Esto coadyuvará a recobrar la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales, lo cual se traducirá en una mayor inversión y su consecuente crecimiento económico”, afirmó Aguilar. La decisión se estará comunicando a las instituciones.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
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Martes 26 Marzo, 2019
HORA: 12:00 AM
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