¿Sabía que en Costa Rica no es delito evadir hasta ¢223 millones? Aunque parezca poco creíble, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece en su artículo 92 que las sanciones por defraudación fiscal inician a partir de los 500 salarios base.
Hoy ese monto de sueldo base es ¢446.200, es decir si una empresa o persona defrauda al fisco ¢223.100.000 no hay delito penable.
Ante esto, la bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC) está retomando un proyecto de ley que presentó el exdiputado Marco Vinicio Redondo y con un nuevo texto busca modificar ese artículo.
Según explicó la legisladora oficialista Laura Guido, el objetivo es disminuir de 500 a 200 salarios base el monto a partir del cual se aplique sanción.
Es decir, quienes evadan hasta ¢89.240.000 podrían enfrentar una pena de 3 a 6 años de cárcel.
Guido indicó además que con este proyecto se busca dar mejores herramientas a las autoridades de Hacienda para disuadir la evasión fiscal, determinando que la mayor a 200 salarios base sea perseguible penalmente.
También se impone la figura del delito continuado y aumenta la severidad de las consecuencias si los montos evadidos son mayores a 500 salarios base.
“Con este texto queremos establecer medidas para evitar que persista la evasión por montos tan importantes como 200 salarios base, pero además establecer en la norma medidas alternativas para que quien evade pueda solventar su deuda sin llegar al proceso penal.
Para quienes persistan en la evasión y no busquen resarcir el daño, queremos consecuencias, pues es inconcebible que una evasión por montos equivalentes a 10 bonos de vivienda no sea perseguible en instancias judiciales”, explicó la congresista del PAC.
SIN CONDENA
DIARIO EXTRA dio a conocer en mayo anterior que, según datos de la Procuraduría General de la República (PGR), en los últimos 5 años no se condenó a ninguna persona por fraude fiscal.
La Procuraduría manifestó que de las 25 causas por evasión que llegaron al Ministerio Público, 5 contemplan resoluciones de aplicación de medidas alternas, 14 se encuentran en gestión, 5 con sobreseimiento definitivo, 1 por desestimación y 5 pendientes de implementación de medidas cautelares.
El detalle incluye casos que iniciaron antes de 2013, pero que fueron negociados o resueltos en los 5 años analizados y, pese a la antigüedad, siguen pendientes.
Entre los que los tribunales analizaron destaca sólo una sentencia condenatoria que no está en firme y contempla el pago de ¢427.451.585.636.
Además, dos reparaciones integrales del daño a favor del Estado, por parte de las empresas Grupo Q y La Nación por la suma de ¢2,9 mil millones, acuerdos tomados en 2014 y 2016.
“El PAC asume su obligación ética y responsable al presentar este proyecto porque tenemos en la mira un país con una política fiscal progresiva. Y creemos que esta propuesta de ley es un gran avance para alcanzar una mayor equidad tributaria.
Es importante destacar que el objetivo principal del proyecto no es implementar una política punitiva, por el contrario, se buscan establecer otros elementos disuasorios que permitan conciliar y recuperar los dineros”, agregó la diputada.
La iniciativa se tramita en la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde se está apenas en la etapa de conocimiento de mociones.
APORTES PRINCIPALES
Se crean dos umbrales para que la evasión se clasifique como delito:
A partir de 200 salarios base, se busca imponer penas de 3 a 6 años de prisión.
A partir de 500 salarios base, la pena sería de 6 a 10 años de prisión.
En todos los casos se permite conciliar por medio del pago del monto defraudado. Si el caso ha llegado a sede penal, se adicionará un 20% sobre el monto defraudado por concepto de daño social.
Se cuenta el monto defraudado sobre 2 años fiscales seguidos, de tal manera que el monto defraudado es acumulativo a lo largo de 24 meses.
Fuente: Expediente 20.225
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
CRÉDITOS: Foto: Cortesía Asamblea
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Jueves 21 Marzo, 2019
HORA: 12:00 AM
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