Dos personas que cuentan con permisos de la Junta de Protección Social (JPS) para comercializar sus productos podrían perder sus concesiones al verse involucradas en la venta de lotería ilegal.
Este dato lo confirmó Enrique Villalobos, del departamento de Supervisión de Ventas, quien manifestó que estos vendedores deberán enfrentar el debido proceso.
Después de realizar dos amplios operativos en alianza con las municipalidades de Barva y San Ramón se terminó cerrando seis locales comerciales (tres en cada cantón) en los que se efectuaba esta ilegal actividad.
Respecto a los cuatro casos restantes, el respectivo gobierno local deberá actuar, ya sea quitándole la patente municipal o bien iniciando un proceso judicial si hay reincidencia porque llevan a cabo una venta no autorizada.
De acuerdo con las proyecciones de la JPS, hasta ¢100 mil millones mueven los juegos ilegales en el país, cuyo capital no se tiene claro de dónde proviene.
“Esa actividad ilegal no paga impuestos y tampoco lleva consigo el beneficio social hacia poblaciones en vulnerabilidad, como sí lo hace la Junta con las loterías estatales”, expresó Villalobos.
Esmeralda Britton, presidenta de la JPS, destacó que el año pasado “…la Junta alcanzó ventas récord, pagó más de ¢5 mil millones en impuestos para contribuir con las finanzas públicas, las personas vendedoras de lotería ganaron alrededor de ¢33 mil millones, pagamos más de ¢173 mil millones y se logró transferir ¢38 mil millones a las poblaciones en vulnerabilidad, en apoyo a las personas que más requieren nuestra solidaridad”.
Por eso consideran que continuar con este tipo de operativos es fundamental para seguir recogiendo dinero que ayude a personas que realmente lo necesiten.
En estas acciones participan, además de representantes de la JPS, Fuerza Pública, Policía Fiscal, Ministerio de Salud y otras entidades, según las características de la zona donde se efectúa cada operativo.
Una acción similar se llevó a cabo el año anterior y continuarán en diferentes cantones.