La Federación Nacional de Cooperativas de Taxi (Fenacotaxi RL.) se reunió la tarde de este lunes con la fiscala general, Emilia Navas, para poner en sus manos una denuncia de tipo penal contra la exvicepresidenta, Ana Helena Chacón, y el exministro de Comercio Exterior, Alexander Mora, como responsables de autorizar el ingreso de Uber al régimen de zonas francas.
Los taxistas además denuncian ante el Ministerio Público a la actual ministra del Comex, Dyalá Jiménez Figueres, a Rosa María Rodríguez y Pamela Alvarado Bonilla, ambas auditoras de esa entidad gubernamental.
Según consta en la acusación que interpone Edwin Barboza, gerente general de Fenacotaxi, la auditoría rindió un informe detallado apoyando y dando luz verde, al Decreto Ejecutivo N° 83-2016 del 14 de marzo de 2016, donde se faculta a la empresa Uber Costa Rica Center of Excellence (COE) S.R.L., cédula jurídica N° 3-102-703047, a operar en el país bajo esa modalidad, siendo un régimen especial otorgado por el Estado.
El decreto se publicó en la Gaceta Oficial N° 77 del 22 de abril de 2016, llevando las firmas de Chacón Echeverría, quien fungía como presidenta en ejercicio para ese momento, y la de Mora, quien era el jerarca de la cartera de Comercio Exterior.
Barboza aduce que la Fiscalía debe investigar la posible comisión de delitos contra la Función Pública y la Hacienda Pública por parte de los funcionarios antes mencionados, pero pide además que Adelina Villalobos, apoderada Especial de Uber sea sometida al mismo proceso penal.
De acuerdo con la denuncia, la autoría del Ministerio de Comercio Exterior (Comex) procedió a violentar el principio de la legalidad de la administración pública al señalar que “deja de cumplir correctamente con sus potestades, que son de acatamiento obligatorio y facilita un informe de Auditoría que hace incurrir o no en un error al Comex y sus jerarcas”.
El informe reveló además que la auditoría del Comex violenta el principio de la interdicción de la arbitrariedad, el cual se deriva del principio de igualdad ante la ley.
Rubén Vargas, representante de la Unión Nacional de Taxistas (UNT), lamentó que en el país se siga brindando el servicio a pesar de la ilegalidad.
“Uber sigue prestando el servicio y lo peor de todo es que le dieron esa licencia de trabajar en zonas francas a una empresa que presta un servicio de forma ilegal en Costa Rica”, apuntó.
La discordia entre Uber y los taxistas arrancó el 21 de agosto de 2015, fecha en que la plataforma tecnológica comenzó a operar en territorio nacional. Desde ese entonces, ha sido constante la queja de la fuerza roja contra el gobierno por dejar que Uber continúe operando en el país a pesar de la ilegalidad.
