En la 74 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se realiza en la ciudad de Salta, Argentina, y en la cual se reúnen cientos de medios de comunicación del continente americano, Costa Rica presentó el informe de segundo semestre de 2018, que denuncia un aumento sistemático en las agresiones a comunicadores.
La denuncia ante el pleno de la SIP la realizó Iary Gómez, gerente general del Grupo Extra. “Durante este periodo la prensa nacional ha sufrido ataques contundentes no solo de parte del poder político y económico, sino también de organizaciones sociales y la ciudadanía en general”, manifestó.
El informe destaca que, en medio de la discusión del proyecto Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se recibieron amenazas directas e indirectas de líderes sindicales y ciertas empresas que ponen la pauta como moneda de cambio si el medio apoya la propuesta del gobierno.
Se denunció específicamente que el miércoles 12 de setiembre, miembros de la Fuerza Pública trataban de mantener bajo control una protesta estudiantil que se realizaba en San Pedro de Montes de Oca, San José. Los manifestantes perdieron el control y comenzaron a lanzar piedras a los oficiales. Ese día se produjo una persecución en el recinto de la Universidad de Costa Rica (UCR) y resultaron atacados dos comunicadores, Javier Córdoba de El Semanario Universidad y una fotógrafa del diario digital El Mundo CR. Ambos estaban debidamente identificados, pero aun así fueron agredidos por cuerpos policiales, tal como lo denunciaron sus respectivos medios.
Ese mismo día grupos de manifestantes increparon al equipo de prensa de Canal 7, acusándolo de “prensa vendida” y obstaculizando las labores de cobertura de la gran marcha contra el combo fiscal. DIARIO EXTRA debió limitarse en el trabajo los días siguientes a ese evento, pues sus reporteros eran agredidos fuertemente entre miles de huelguistas.
Otro hecho que incorpora el informe ante la SIP sucedió frente a la Asamblea Legislativa, donde al parecer un grupo de trabajadores del sector público amenazó con darles de golpes a varios periodistas que realizaban la transmisión de las protestas el 14 de setiembre. La policía debió resguardar a los medios en un perímetro especial para evitar ataques.
Tan solo un día después los estudiantes de la UCR salieron en una marcha hasta Casa Presidencial para protestar contra el abuso policial, en ese paso agredieron verbalmente al periodista Roy Solano y el camarógrafo Carlos Cruz de Repretel Canal 6. Se interpusieron en su camino para impedir que grabaran el movimiento de protesta en la vía pública.
“Un hecho igual de importante ocurrió en la provincia de Limón, el periodista Hernán Barrantes hacía un pase en vivo sobre los bloqueos en la ruta 32, que lleva a los muelles más importantes del país, ahí fue rodeado, empujado y hasta increpado por huelguistas.
A su camarógrafo varias personas le jalonearon la cámara y le impedían grabar. Está demás indicar que fueron insultados fuertemente. La misma situación la vivieron equipos de Telenoticias de Canal 7 y el medio digital CRHoy en otras partes del país”, comentó Gómez. Dudly Lynch, periodista de Canal 7, recibió amenazas de muerte verbales, mientras transmitía la gran macha de los trabajadores. “Te voy a matar tal por cual”, fueron parte de las palabras soeces que recibió el comunicador junto a su equipo.
MÁS ATAQUES
En esa misma línea, a inicios de agosto, dos equipos periodísticos de Noticias Repretel y Extra TV 42 del Grupo Extra fueron increpados por manifestantes feministas para dejar de grabar y transmitir una vigilia realizada en San José centro en un sitio público. Las mujeres impidieron el trabajo de la prensa, hubo insultos y la obligaron a abandonar la actividad.
Destaca el informe “algunos medios de comunicación nacionales como Diario Extra, CRHoy y El Guardian se enfrentan a un gobierno que no da declaraciones a sus comunicadores. Que son marginados en las conferencias de prensa y excluidos de las listas de entrevistas que se gestionan desde la Casa Presidencial”.
Se menciona también por parte de algunos medios que el presidente Carlos Alvarado realiza las conferencias de prensa oficiales en sitios alejados para evitar cuestionamientos, la mayoría de los medios de cobertura nacional no tiene acceso directo.
“El presidente de la República, también periodista, en vez de facilitar las vías de diálogo con los comunicadores a cuatro meses de asumir el poder ha limitado su contacto con los periodistas, lo que genera un agraviante al derecho a la información que gozan los ciudadanos.
Todas las consultas al Poder Ejecutivo deben hacerse vía correo electrónico para evitar las repreguntas de los comunicadores y las respuestas rebasan el tiempo estimado por la ley, que es de 10 días hábiles”, reza el documento analizado en la SIP.
En otros temas, DIARIO EXTRA tuvo que recibir custodia de oficiales de la Fuerza Pública frente a sus instalaciones durante una marcha que tuvo lugar en pleno San José. Los manifestantes amenazaban con rayar la infraestructura y quebrar las ventanas en el acceso principal.
Posterior a esos hechos, las paredes del medio fueron rayadas inescrupulosamente con frases que insinuaban el cierre del matutino, violentando así la libertad de prensa y expresión.
También se denunció que CRHoy ha recibido presiones de varios de los involucrados en el caso del cemento chino, el caso de corrupción más grande de la historia nacional, que dejó altos funcionarios de Estado despedidos, empresarios y banqueros en la cárcel.
NORMAS JURÍDICAS DE ATENCIÓN
En temas jurídicos, actualmente existen dos proyectos Ley de Libertad de Expresión y Prensa, número 20362, y Ley de Acceso a la Información, que limitan el ejercicio profesional y atentan contra la independencia de los medios costarricenses, dando potestades al Estado que no le corresponden.
La propuesta es considerada reiterativa, ya que en el ordenamiento jurídico nacional existen más de 30 normas y fallos de la Sala Constitucional que respaldan el acceso a la información pública en el país.
En Costa Rica se discute además la aprobación de una reforma fiscal por medio del proyecto 20580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Propiamente en el texto que analiza la Asamblea Legislativa se exime del pago del impuesto de valor agregado “el uso de espacio publicitario o promocional para fines propios realizado por las televisoras y emisoras de radio”, no así a los medios impresos, acción discriminatoria.
Además el mismo texto incluye el impuesto de valor agregado a “servicios de telecomunicaciones, de radio y de televisión, independientemente del medio o la plataforma tecnológica por medio del cual se preste dicho servicio”.
Lo anterior golpea fuertemente a los medios porque les impone mayores cargas impositivas y exoneran a grandes corporaciones, finalizó Iary Gómez.
PERIODISTA: Paola Hernández
CRÉDITOS: Fotos: DIARIO EXTRA/Archivo
EMAIL: pherná[email protected]
Lunes 22 Octubre, 2018
HORA: 12:00 AM
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