El Poder Judicial tiene problemas presupuestarios para cumplir a cabalidad con lo que indica la ley contra el maltrato animal, vigente desde junio de 2017.
Así lo reconoció Fernando Cruz, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, en la defensa que hizo del presupuesto del Poder Judicial en la Asamblea Legislativa.
El problema es que leyes como la señalada se aprueban sin que los diputados les garanticen contenido presupuestario. En otras palabras, crean legislaciones sin explicar de dónde sacarán plata las instituciones para cumplir con sus nuevas obligaciones.
“Las nuevas legislaciones establecen tiempos puntuales para la puesta en funciones de los servicios de administración de justicia, los cuales no pueden asumirse con los recursos ordinarios que se asignan al Poder Judicial anualmente, pues representaría un desmejoramiento de la labor que se emprende en las diversas materias”, afirmó Cruz.
Según un análisis realizado por la Dirección de Planificación del Poder Judicial, en el caso de la Ley sobre el Bienestar de los Animales, se requiere un total de ¢369.708.567 para 2019.
Este tema en su momento lo denunció Walter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). En una declaración que dio a DIARIO EXTRA, en junio de 2017, advirtió: “El país debe tomar una decisión política en sentido de dirección y orientación, qué es lo que quieren que el OIJ cubra o investigue, si son los hurtos de celulares, los delitos sexuales, los casos de sicariatos, el tráfico de drogas, el lavado de dinero, la extinción de dominio, los robos con tarjetas, los ingresos a las viviendas o los animales que han sido víctimas de conductas ilegítimas, porque llega el momento en que nos dan tantas funciones que eso puede provocar que no cumplamos con ninguna de manera adecuada”.
¿Y LAS DENUNCIAS?
Pero ¿cuál es el estatus hoy de esta ley? Según explicó Juan Carlos Peralta, presidente de la Asociación de Amparo y Bienestar Animal (AABA), el OIJ está recibiendo las denuncias, pero el problema es que incluso entre los propios jueces se promueve el camino de la conciliación y no el de una condena en firme.
“Ya el OIJ tiene implementados sus procedimientos, y se atienden las denuncias, nosotros nos estamos negando a conciliar, porque los jueces nos están obligando a eso. Lo que sí nos dicen es que no han podido comprar los vehículos para transportar los animales, que el espacio de la morgue para tener a los animales muertos, que las necropsias de momento no las hace Medicatura Forense, sino en Senasa”, explicó Peralta.
Agregó que ya hay oficiales para investigación, aunque pocos, pero por ejemplo el caso de las peleas de gallos está muy estancado. Resaltó que los exámenes en los casos de penetración a animales los está atendiendo el OIJ.
PRESUPUESTO NO CRECE
El presupuesto del Poder Judicial para el próximo año es de ¢474.792.000.000, mismo monto que tuvo para 2018.
“El plan de inversión presupuestario del Poder Judicial para el 2019 no registra crecimiento y mantiene el mismo monto aprobado durante 2018. Esto implica que la institución está absorbiendo el aumento de los precios, sin dejar de brindar los servicios judiciales en todo el territorio nacional”, subrayó Cruz.
El Poder Judicial registra una ejecución presupuestaria eficiente, que alcanzó en 2017 un 98%.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Lunes 22 Octubre, 2018
HORA: 12:00 AM
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