Varios funcionarios e integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Costa Rica (Sindeu), bloquearon ayer tres portones de acceso a distintos edificios de la UCR, el acceso por la Escuela de Derecho, entrada del Lanamme y de las instalaciones deportivas en Sabanilla, como medida de presión preventiva para lograr acuerdos en la negociación respecto la convención colectiva de la institución.
Según indicó Juan Carlos Castillo, trabajador presente en la protesta, las negociaciones vencen este viernes y no quieren que ninguno de los puntos que son de sus intereses, queden por fuera, a no ser que se les dé una razón técnica. Añadió que se tiene cerca de un 95% de la negociación adelantada.
“Uno de los puntos es el caso de los trabajadores interinos, específicamente en el sector docente que es muy inestable y no tienen un salario durante todo el año. Nosotros proponemos que se incorporen algunas medidas de apoyo para ellos que tienen las condiciones menos favorables.
También queremos que la forma en que se eligen a las autoridades de la UCR, en este caso el rector, sea de manera democrática, ese puesto solo lo elige el 20% de la población universitaria y queremos que se amplíe al sector administrativo y docentes interinos, que forman cerca del 50% de la población”, comentó Castillo.
En Sindeu negocian tener una anualidad que les permita tener salarios competitivos, Castillo dijo que antes, la anualidad estaba en 5,5%, sin embargo, la Universidad la bajó a 3% y ellos pretenden lograr que se establezca el 4,5%.
Carlos Araya, vicerrector de Administración de la UCR, manifestó estar sorprendido por el movimiento al indicar que se encuentran negociando con el Sindeu, pero, además, señaló que estarán solicitando a los Tribunales la declaratoria de ilegalidad de la manifestación.
“La afectación puede ser múltiple, pero con la nueva reforma procesal laboral, este tipo de movimiento tiene que ser negociado con la Administración y no fue así, es sorpresivo, por lo que estaríamos procediendo a solicitar a los Tribunales la declaratoria de ilegalidad y una vez declarada, los funcionarios tendrían 24 horas para regresar a sus puestos de trabajo, caso contrario, quedarían cesantes automáticamente”, aseveró Araya. El movimiento se mantendrá, según dijo Castillo, durante el proceso de negociación, se verán afectados servicios de limpieza y mantenimiento general de instalaciones, entre otros.
PERIODISTA: Sergio Jiménez
CRÉDITOS: Foto: Randall Sandoval
EMAIL: [email protected]
Viernes 16 Febrero, 2018
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA