El tema de las cuentas bancarias requeridas por los choferes de Uber para recibir depósitos de dicha empresa sigue dando de qué hablar, en especial debido a que algunas instituciones no abrirán más para esas transacciones.
En este caso son dos entidades privadas, las cuales han decidido apoyar la iniciativa del Banco Nacional basada en la Directriz Presidencial 082-P, firmada por el mandatario Luis Guillermo Solís en agosto de este año.
Se trata de los bancos Cathay y Davivienda, quienes informaron a El Periódico de Más Venta en Costa Rica que tomaron partida en el asunto y tratan de colaborar con el Gobierno de la República en cumplir la normativa establecida.
Tras la consulta realizada por DIARIO EXTRA, desde Cathay informaron que “a raíz de la indicación de las autoridades que cataloga la actividad como no legal, nos vemos obligados a proceder de esa forma”.
Mientras tanto, desde Davivienda insistieron en su posición de apegarse a lo establecido en las leyes nacionales. Por lo que si esto representa no llevar a cabo la apertura de más cuentas de ahorros con este fin, lo cumplirán.
“En Davivienda operamos en cumplimiento con las normativas y regulaciones; somos respetuosos de la legislación vigente (…) Realizamos el debido análisis de riesgos inherentes a nuestra actividad económica y en resguardo del bienestar de nuestros clientes, todo apegado al principio de legalidad”, informaron.
SON LIBRES DE APLICAR MEDIDAS
Dentro de las potestades con que cuenta cada institución está el finalizar las relaciones comerciales con clientes que se piense realizan alguna actividad no ajustada a las políticas internas adoptadas por la propia entidad, como fue el caso del Nacional.
Otro aspecto que se ha dejado en claro es que para realizar algo así, cualquier banco está obligado a dar la explicación correspondiente a sus clientes, dando a conocer las razones que motivan al eventual cese de la relación.
La decisión del Nacional, junto con Cathay y Davivienda nace luego de establecer que el transporte de personas está regulado por ley, prohibiéndose así el llevar a cabo tal servicio a menos de que se cuente con un permiso del gobierno o una concesión.
Además, hicieron énfasis en la existencia de la directriz presidencial y un dictamen de la Procuraduría General de la República, en la que se ha declarado la actividad de transporte en la modalidad de Uber como una actividad no legal.
Esta situación preocupa a miles de ciudadanos los cuales se preguntan si medidas similares podrían ser adoptadas por otras instituciones bancarias, dejando en el limbo cientos de millones de colones.
En especial debido a que, si esto llegara a suceder, serían alrededor de 16.000 cuentas (una por cada chofer de la empresa) las que se verían afectadas dentro del Sistema Bancario Nacional.
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Martes 05 Diciembre, 2017
HORA: 12:00 AM
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