El proyecto impulsado por el Ministerio de Educación Pública (MEP) tendiente a la reducción del déficit de infraestructura educativa, mediante un fideicomiso por $167,5 millones, saldrá entre $57,8 millones y $67,2 millones más caro, esto debido al faltante de información que afecta el curso de las obras y las encarece.
Se trata del fideicomiso por $167,5 millones, cuyos fondos provienen del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con la intermediación del Banco Nacional, con el cual se busca financiar 103 proyectos, entre los que se encuentran 79 centros educativos y 24 canchas multiusos para beneficiar a 35 mil estudiantes en todo el país.
Un reciente informe emitido por la Contraloría General de la República (CGR) concluye que, de las 103 obras que conforman el portafolio de proyectos, solo dos han terminado -pero no cuentan con la totalidad del mobiliario y equipo correspondientes- y 101 no han pasado de la fase preliminar que permitan iniciar la construcción de la infraestructura.
Este fideicomiso se estableció vía Ley de la República N.º 9.124, en el que se autoriza al Gobierno de la República y al MEP la suscripción de un crédito público.
La CGR refrendó el contrato el 24 de julio del 2013, fecha en que comenzaron a correr los 20 años de vigencia.
Para la entidad contralora, el proyecto se encuentra en una fase incipiente, por una serie de atrasos en los procesos y además se detectaron problemas en los gastos, pues se identificaron aspectos adicionales a la construcción.
COSTOS NO COINCIDEN
CON OBRAS
De acuerdo con la entidad fiscalizadora del Estado, el Banco Nacional advirtió un déficit de recursos por el orden de $67,25 millones para cumplir con las obligaciones del fideicomiso, aspecto que deriva de la inclusión de elementos que no estaban contemplados.
Con esto, al final del proceso, el fideicomiso podría alcanzar los $234,7 millones, cuya diferencia deberá ser asumida por el MEP. En este sentido se le advirtió al Ministerio sobre este impacto, dada la situación fiscal que atraviesa el país.
“El déficit estimado de recursos, según lo indicado por el Fiduciario, se origina en la ausencia de información en los costos y supuestos con los que se elaboró la estimación de presupuestos y asignación de montos en la Ley N.° 9124, dando como resultado que los recursos estipulados no coincidan con el costo estimado en la actualidad de las obras.
En criterio del Fiduciario, para adaptar los diseños a lo estipulado en la Ley, se requiere conocer las listas de necesidades, áreas y obras de infraestructura incluidas, así como características de los terrenos y las listas de equipamiento y mobiliario. Asimismo, el Fiduciario, basado en el criterio experto de los especialistas de la Unidad Ejecutora del Proyecto, considera que los montos de Ley se encuentran por debajo de los costos de mercado”, detalla la auditoría de la entidad contralora.
A manera de ejemplo, los colegios concluidos, a saber, el Liceo Mata de Plátano de Goicoechea y el Liceo Rural de San Isidro de León Cortés tuvieron un incremento en sus costos por el orden del 33% y 36%, respectivamente.
“Otro aspecto que incide en los procesos de obra ha sido la variación en las dimensiones de los prototipos preparados por la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE), los cuales son utilizados como base por el fiduciario en la construcción de las obras”, indica la respuesta contralora.
En este sentido, el estudio contralor señala que en el 2012 se contaba con 19 modelos de obras, en el 2014 otros 58 prototipos, el año pasado se desarrollaron 52 adicionales y en el 2017 se están preparando otros 7.
“Este proceso constante de creación y actualización de las especificaciones técnicas eleva los costos de las obras y requiere tiempo por parte de los especialistas para identificar los cambios en los prototipos y la respectiva incorporación en los diseños y anteproyectos, lo cual impide satisfacer, de manera oportuna y eficiente, las necesidades del sistema educativo, todo esto en detrimento del centro educativo como eje de la calidad costarricense”, menciona el documento contralor.
Por otro lado, según reconoció el Banco Nacional, así como la Unidad Supervisora del Proyecto, en la estimación de los presupuestos no fueron contempladas obras externas como tanques cisternas contra incendio, tanques sépticos, plantas de tratamiento de aguas residuales, aceras, espacios de parqueo, caseta de control y cuartos para basura, entre otras, las cuales afectan los diseños finales y encarecen las obras físicas.
“La presencia de elementos externos no controlables por la Administración del Fideicomiso y la existencia de un presupuesto base que data del año 2010, mismo que fue presentado como proyecto de Ley a la Asamblea Legislativa en el año 2011, provocan una brecha de recursos para hacer frente a un proyecto de esta índole. Aunado a esto, el MEP estaría sujeto a utilizar recursos del presupuesto ordinario, destinados originalmente a otros fines, con el propósito de atender las necesidades de infraestructura de 42.789 estudiantes que están a la espera de ser beneficiados con la ejecución de las obras del Fideicomiso”, reitera la CGR.
6 ETAPAS A PASO DE TORTUGA
Cada una de las 103 obras están compuestas por 8 etapas, a saber, inicio, terreno, preliminares, licitación, diseño, permisos, obras y entrega.
De estas, 6 presentan atrasos importantes que son preliminares, licitación, diseño, permisos, obras y entrega, que cuentan con e88%, 36%, 12%, 3%, 2%, 2% y 0% de avance respectivamente.
“Las causas de lo antes descrito se deben a la falta de planificación previa por parte del MEP, por medio de la Unidad Supervisora de Proyecto (USP), para asegurar la disponibilidad de los terrenos a ceder, la definición oportuna de las listas de requerimientos de cada una de las obras de manera que se prioricen las necesidades y la ausencia del acompañamiento continuo para definir las condiciones específicas de cada uno de los centros educativos”, detalla el órgano contralor.
CON DEFICIENCIAS
L
os dos centros educativos construidos con el fideicomiso y que están en funcionamiento presentan problemas que, en el caso del Liceo Rural San Isidro de León Cortés, se registró el rebalse de aguas pluviales, inconvenientes con el cableado subterráneo, estancamiento de agua y barro, pasamanos con signos de corrosión, llavines de los baños despegados, grietas en las rampas y problemas de pintura en uno de los tanques de agua no potable.
En cuanto al Liceo de Mata de Plátano, presentó desprendimiento de repellos con solo tocar las superficies, parches en los baños del segundo piso, manchas por humedad y en las barandas había burbujas donde se ha desprendido y muestra óxido, agua empozada en la zona verde, malos olores por el desagüe de las aguas residuales, goteras en el cielo raso y humedad.
“En consecuencia, el MEP debe hacer frente al costo por mantenimiento durante la vigencia del contrato en uso precario. Asimismo, el no contar con un mecanismo de comunicación entre los actores involucrados puede propiciar que la toma de decisiones ante situaciones de deterioro en la infraestructura de las obras entregadas no se realice oportunamente”, señala la CGR.
NO DESEMBOLSOS CAROS
El país se demoró dos años en la ejecución financiera del fideicomiso, lo cual se tradujo en el pago de comisiones y materialización de pago por los saldos no desembolsados, los cuales serán cargados a la cuota de arrendamiento.
Al 28 de febrero anterior se habían pagado ¢984 millones.
“El pago de dichas comisiones se ha realizado con recursos del préstamo de fideicomiso están disponibles para la construcción de las 103 obras de infraestructura. Acorde con ello y a lo presentado (…), existe un atraso de dos años para poder ejecutar las transferencias que el BID realizó en el período 2014-2016. Al 31 de diciembre del 2016, aún se cuenta con un saldo de ¢6.607 millones, por lo cual no ha sido necesario solicitar nuevos recursos. Saldo que, al 30 de junio de 2017, se ubica en ¢5.812,7”, agrega la Contraloría.
INTERESES CORREN
Además del pago de las comisiones por no desembolso, existen otras erogaciones atendidas con recursos de los desembolsos y que formarán parte de la cuota de arrendamiento, correspondientes a intereses y gastos propios de la gestión Fiduciaria, tales como los cargos diferidos y otros cargos por préstamos, los cuales contribuyen al total de gastos financieros, “cuya suma asciende a ¢1.334 millones, monto que equivaldría aproximadamente a la construcción de cuatro centros educativos completos adicionales”, recalca la CGR.
MUY POCO AVANCE
El proyecto para la reducción del déficit de aulas para escuelas y colegios presenta muy poco avance, pues de las 103 obras se han construido 2.
Tan atrasado está el proyecto, que se determinó que para el 24 de julio del 2018, que era el plazo original para tener todas las ejecuciones finalizadas, se contará tan solo con 25 obras entregadas.
Ante este panorama, el MEP solicitó a la Contraloría una ampliación del plazo al 3 de julio del 2020.
En la actualidad, el avance físico es del 44%, pero de acuerdo con la entidad fiscalizadora, el progreso no es uniforme en las diferentes etapas del proyecto.
“Lo que implica que la fecha de emisión del presente informe ninguna de las 101 obras pendientes ha superado las etapas previas que le permitan iniciar la construcción”.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
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Miércoles 22 Noviembre, 2017
HORA: 12:00 AM
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