El Sindicato de Trabajadores del Hospital San Juan de Dios (Sithosajudi) y Funerales Vida libran una batalla legal por quedarse con clientes y le costaría a la parte perdedora unos ¢600 millones.
La información revela que el sindicato interpuso una demanda en los Tribunales de Justicia contra Funerales Vida por competencia desleal, según explicó el abogado de los trabajadores Douglas Alvarado, quien añadió que la organización ofrecía un plan funerario a los afiliados que era atendido por Funerales Vida desde el 2003.
Alvarado señaló que, en febrero de este año, la empresa demandada rompió unilateralmente la relación contractual y empezó con una campaña de desprestigio contra el sindicato, se apropió de la clientela y cobró los montos de las mensualidades que había acordado rebajar a los afiliados cuando era proveedor del sindicato.
El asesor legal de Funerales Vida, Jorge Rodríguez, negó categóricamente que su representada realice competencia desleal e informó que en octubre del 2016 se percataron de que existían faltantes de dinero en las cuentas de su representada, ya que a pesar de que las cuotas habían sido cobradas a los clientes de Vida por el sindicato, este habría retenido y se habría apropiado de algunos de los dineros cobrados.
“Es decir, Vida estaba brindando los servicios acordados, mientras (Sithosajudi) retenía y se apropiaba de los fondos recaudados de forma indebida”, indicó el abogado Rodríguez.
RETENSIÓN
SUPERARÍA ¢880 MILLONES
En la prueba de descarga presentada este martes 7 de noviembre, Funerales Vida revela entre otras cosas que revisaron la información contable y comprobaron que los faltantes de dinero databan desde enero del 2015.
“Así, el Lic. Manuel de Jesús Romero Morgan, contador público autorizado código número 580, comprobó la existencia de un faltante de efectivo por retenciones efectuadas a clientes de Vida. De la revisión de los contratos por servicios de los clientes, los montos de las retenciones practicadas y los depósitos efectuados por el sindicato, en el periodo comprendido entre enero de 2015 y julio de 2017; logró determinar que los personeros de Sithosajudi retuvieron la suma de ¢880.725.405,50 (ochocientos ochenta millones setecientos veinticinco mil cuatrocientos cinco colones con cincuenta céntimos)”.
Desde la perspectiva de la empresa funeraria, el Sindicato no puede exigir el cumplimiento de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor porque no están autorizados para llevar a cabo labores de agentes económicos y mucho menos lucrar de su negocio.
Rodríguez insiste en que Sithosajudi no tiene la facultad legal, la titularidad, la pertenencia del derecho reclamado y la vinculación procesal que surge del derecho sustancial, por lo que no hay una relación jurídica con la pretensión procesal, de conformidad con el artículo 104 del Código Procesal Civil.
“Así las cosas, no puede demandar el sindicato una pretensión a la cual no tiene derecho y por ello carece de legitimación activa por lo que debe de declararse con lugar la presente excepción”, destacó el representante legal Jorge Rodríguez del Bufete Júrisis.
La acusación por competencia desleal se suma a la que investiga la Fiscalía de Fraudes por el delito de apropiación y retención indebida contra Sithosajudi, porque retiene deducciones salariales a unos 40 mil servidores públicos, montos que ascienden a ¢200 millones mensuales.
