El Ministerio Público se encuentra investigando a seis altos mandos del Banco de Costa Rica (BCR) de apellidos Corrales, Víquez, Acuña, Ramírez, Barrenechea y Barrantes por peculado.
En cuanto al empresario del cemento chino, Juan Carlos Bolaños, es sospechoso de tráfico de influencias, denuncia calumniosa y simulación de delito más el peculado.
Estos se encuentran tipificados en el Código Penal y la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito, y consisten en:
Peculado: Será reprimido con prisión de tres a doce años, el funcionario público que sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo.
Asimismo, con prisión de tres meses a dos años, el funcionario público que emplee, en provecho propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por la administración pública o bienes propiedad de ella.
Esta disposición también será aplicable a los particulares y a los gerentes, o apoderados de las organizaciones privadas, en cuanto a los bienes, servicios y fondos públicos que exploten, custodien, administren o posean por cualquier título o modalidad de gestión.
Tráfico de influencias: Será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años quien directamente o por interpósita persona influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones, de modo que genere, directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos, para sí o para otro.
Se elevarán en un tercio, cuando la influencia provenga del presidente o del vicepresidente de la República, de los miembros de los Supremos Poderes, o del Tribunal Supremo de Elecciones.
Denuncia calumniosa: Será reprimido con prisión de uno a seis años el que denunciare o acusare ante la autoridad como autor o partícipe de un delito de acción pública a una persona que sabe inocente o simulare contra ella la existencia de pruebas materiales. La pena será de tres a ocho años de prisión si resultare la condena de la persona inocente.
Simulación de delito: Se impondrá prisión de un mes a dos años, al que falsamente afirmare ante la autoridad que se ha cometido un delito de acción pública o simulare los rastros de este con el fin de inducir a la instrucción de un proceso para investigarlo.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
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Sábado 04 Noviembre, 2017
HORA: 12:00 AM
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