El martes 29 de agosto los miembros de la comisión de enlace firmaron el acuerdo de financiamiento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para 2018 por ¢496.266.720.000 y la transferencia de ¢33.853.320.000 a la Universidad Técnica Nacional (UTN), lo cual corresponde a un incremento del 3,7% en relación con el monto de 2017.
En representación del Gobierno de la República firmaron Sonia Marta Mora, ministra de Educación y presidenta de la comisión de enlace; Helio Fallas, ministro de Hacienda; Olga Marta Sánchez, ministra de Planificación; y Carolina Vásquez, ministra de Ciencia y Tecnología.
Por las universidades públicas firmaron Luis Guillermo Carpio, presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y rector de la Universidad Estatal a Distancia; Fernando García, rector en funciones de la Universidad de Costa Rica; Luis Paulino Méndez, rector en funciones del Instituto Tecnológico de Costa Rica; Alberto Salom, rector de la Universidad Nacional; y Marcelo Prieto Jiménez, rector de la UTN.
La ministra Mora declaró que, a pesar de la compleja situación fiscal y económica del país, se evidencia un gran compromiso con la educación. “Las universidades públicas son un instrumento fundamental para promover el desarrollo económico y social, la generación de conocimiento, la movilidad y cohesión social y el enriquecimiento de la identidad cultural del país. Este acuerdo reafirma los logros alcanzados para la educación universitaria, lo cual reviste una enorme importancia para Costa Rica”, expresó.
Mientras que Carpio dijo: “Al negociar tuvimos en cuenta la situación de la educación en general y de la educación superior en particular. En este acuerdo primó el reconocimiento de la compleja situación fiscal del país, como se evidencia en el hecho de que se mantiene en el mínimo que establece el artículo 85 de la Constitución de la República.
Los rectores somos conscientes de la coyuntura presupuestaria y de los esfuerzos gubernamentales que se han realizado por enfrentar esta realidad. El convenio suscrito garantiza la operación normal de las universidades sin afectar aspectos sustantivos, becas y otros beneficios estudiantiles”.
