Tras un análisis exhaustivo de los hechos ocurridos durante la pasada huelga del Poder Judicial, los magistrados de la Sala Constitucional declararon que fue una violación a los derechos humanos no realizar autopsias durante ese periodo.
La Sala resolvió el recurso de amparo presentado por la Defensora y el Defensor Adjunto de los Habitantes de la República contra el Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Los magistrados declararon con lugar el amparo, pues estimaron que la decisión de no realizar autopsias, ni entregar los cuerpos de los difuntos constituyó un trato contrario a la dignidad humana.
“Además que esta falta atentó contra la integridad física y la salud emocional, social, psicológica y espiritual de los familiares, además violatorio del derecho a interactuar con el cuerpo del ser querido para su despedida, el derecho a un funeral a tiempo, y el derecho al culto”, detalló la Sala.
Durante los 13 días que duró el paro de labores de los distintos servicios de dicho poder de la República, se dijo no se interrumpirán funciones básicas, sin embargo, los magistrados determinaron que las autopsias sí eran un servicio básico.
Dentro de los alegatos de los magistrados se encontró que la salubridad pública, la dignidad de las personas fallecidas, de los familiares y allegados funcionan y operan como un límite al derecho a la huelga.
JUDICIALES MANTIENEN
SILENCIO
DIARIO EXTRA trató de comunicarse con algunos de los protagonistas de la huelga y de aquellos que fueron parte de todos los hechos que acontecieron durante las dos semanas que los servicios estuvieron detenidos.
Álvaro Rodríguez, secretario general de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC), dijo que “el Frente Gremial respeta absolutamente el fallo y por lo pronto se está estudiando su contenido”.
Al mismo tiempo, se dio a conocer que anoche se reunieron los distintos gremios dentro del Poder Judicial para analizar lo sucedido y que para hoy se convocaría a una conferencia de prensa para dar más detalles.
De igual manera, El Periódico de Más Venta en Costa Rica intentó contactar a Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura del Poder Judicial, sin embargo no contestó llamadas ni mensajes.
No obstante, el especialista y exjuez penalista Ewald Acuña fue claro en que el fallo dado por los magistrados fue el más acertado, pues jamás una huelga puede estar por encima del dolor ajeno.
“Lo más importante es que la Sala reconoce que la retención de los cuerpos violó el derecho a la dignidad humana de los dolientes y que de ninguna manera puede anteponerse el derecho de huelga al principio de protección de la dignidad humana”, sostuvo.
Conforme pasaban los días, los cuerpos sin vida seguían llegando en bolsas plásticas al Complejo de Ciencias Forenses en San Joaquín de Flores y eran acomodados en las cámaras de refrigeración.
Sitio en el que llegaron a acumularse hasta 35 cuerpos, los cuales permanecieron allí por varios días sin ser atendidos debido a la huelga, prolongando el dolor de sus seres queridos que únicamente deseaban dar sepultura a sus familiares.
Incluso el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, rogó a los trabajadores deponer el movimiento de huelga debido a la afectación que ocasionaba a casi todos los ciudadanos.
Todo esto sucedió hasta que El Ministerio de Seguridad Pública acató una solicitud del magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa, para que se procediera a normalizar el servicio y efectuar las autopsias pendientes.
En ese momento las funciones de los miembros de Medicatura Forense volvieron a la normalidad, mientras que menos de una semana después el resto de los trabajadores regresaron a sus labores.
