El Ministerio de Educación Pública (MEP) aparece moroso ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por un monto de ¢24 mil millones. Así lo denunciaron los representantes de la Coalición Sindical integrada por la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), el Sindicato de la Educación Costarricense (SEC) y el Sindicato de Trabajadores de Comedores Escolares (Sitracome).
De acuerdo con Carmen Brenes, secretaria general de ANDE, algunos de sus afiliados denunciaron problemas en la atención médica en los centros hospitalarios debido al estado de morosidad del MEP.
Brenes informó que se reunieron con Yaxinia Díaz, de Recursos Humanos, así como el viceministro Marco Tulio Fallas, quienes aducen que la situación se debe a una deuda que tienen por una planilla extraordinaria de años anteriores correspondientes a un pago de un incentivo salarial.
Fallas aseguró que son responsables de las obligaciones salariales y realizaron un arreglo con el Ministerio de Hacienda para que gire lo antes posible los recursos pendientes a la Caja.
CAMBIO DE CRITERIO DE CCSS
De acuerdo con el vocero del MEP, Mauricio Mora, la institución se encuentra al día en el pago de sus cuotas obrero patronales con la Caja e indicó que el Departamento de Recursos Humanos del Ministerio aclara:
“El problema surgido con la CCSS obedece a un cambio de criterio de la Inspección de la CCSS, que consideró como salarial el incentivo denominado IDS (Índice de Desarrollo Social), que se paga desde el año 2003 a todos los docentes, administrativo-docentes y técnico-docentes de las instituciones educativas por el hecho de trabajar en distritos considerados de menor desarrollo relativo, según el Índice de Desarrollo Social elaborado por Mideplan.
El pago del incentivo tiene por objeto garantizar que educadores calificados permanezcan en estos distritos con poblaciones vulnerables y desde su creación fue considerado un incentivo no salarial, por lo que no estaba afectado al pago de cargas sociales y sobre el mismo no se hacía la deducción de la cuota obrera”, subraya la información de Recursos Humanos.
El MEP se apoyó en criterios de la Procuraduría General de la República y del Servicio Civil, sostuvo que no se debía cancelar la seguridad social por el pago de IDS y mantuvo la oposición a la acción de la CCSS en un procedimiento administrativo que concluyó en noviembre del 2016, cuando se estableció la condición salarial del incentivo y la obligación de cancelar aproximadamente ¢24 mil millones.
Azofeifa agregó que para responder a esta obligación el MEP realizó las reservas presupuestarias necesarias y suscribió un convenio con la CCSS para cancelar ese monto en cuotas iniciando a partir del 31 de diciembre del 2016, sin embargo, Hacienda no pudo hacer efectivo el primer pago comprometido, porque estaba vigente el dictamen de la Procuraduría que era vinculante y califica el IDS de incentivo no salarial y por consecuencia no afectado por las denominadas cargas sociales.
Hasta que la misma Procuraduría rectificó el criterio anterior, mediante el dictamen N° C-027-2017, se estableció que el incentivo es de naturaleza salarial.
En la actualidad se depuran las listas de trabajadores que recibieron el incentivo en los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 para acreditar directamente desde el Ministerio de Hacienda los pagos de la seguridad social según el monto devengado por cada servidor, proceso técnico y complejo que se completará en los próximos días para proceder a acordar el pago respectivo con la CCSS.
