Después de más de un año de espera, por fin este miércoles la Sala Constitucional resolvió la acción de inconstitucionalidad relacionada con el tema del transporte público en el país y ratificó la legislación actual tal como está.
Específicamente el fallo de mayoría estableció que “no se trata de un monopolio sino de un servicio público, que fue declarado de esa manera por el legislador en uso de su facultad de configuración legislativa, por lo que no se requería de una ley aprobada por una mayoría calificada”.
Agrega: “La existencia de un servicio público gestionado, directa o indirectamente (a través de concesionarios), no lesiona la libertad de comercio”.
Antes del fallo los magistrados decidieron aclarar que “esta sentencia no juzga la constitucionalidad de Uber”, pero aun así se podría decir que está implícito.
CTP ADVIERTE ILEGALIDAD
El Consejo de Transporte Público (CTP) advirtió que la sentencia mantiene que el transporte privado de personas es prohibido, por lo que no se puede brindar sin un permiso.
“El transporte privado de personas en este país no existe, todo transporte de personas es transporte público y la autoridad que tiene competencias legales para autorizar o no esa actividad es el Consejo de Transporte Púbico”, indicó Mario Zárate, director del Consejo.
Esto se traduce en una sencilla razón y es que cualquier plataforma que se utilice para llamar un transporte no es ilegal, pero sí lo es el servicio que se presta. Eso es lo que se deberá seguir sancionando.
“Todos aquellos ciudadanos que utilizan la plataforma de Uber o cualquier otra aplicación, no importa el nombre, para el transporte de personas están en un estado de ilegalidad, no es la plataforma la que tiene la ilegalidad; es decir, lo que es ilegal es el transporte privado de personas”, explicó Zárate.
Esto no es todo lo que implica este fallo. Desde el punto de vista del CTP además se ratifica el poder a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) de cerrar los locales que estén promoviendo esta actividad.
Zárate también dijo que “queda claro que todos aquellos ciudadanos que han estado ejerciendo la actividad del transporte de personas y que la Policía de Tránsito los sancionó ya esas multas son cobrables”, porque se habían suspendido a causa de las acciones.
MINISTRO PIDE AYUDA
Ante la ratificación de la ilegalidad del transporte privado de personas, Carlos Villalta, ministro de Obras Públicas, pide ayuda a los ciudadanos para detectar a los transportistas ilegales y aplicarles la multa correspondiente.
“Se ocupa mayor colaboración de las personas que sepan que están utilizando un sistema que es ilegal. Si no hay colaboración de parte de la gente es muy difícil evidenciar que se está brindando este tipo de servicio y eso nos lleva en cierta medida a incomodar las acciones que podamos tomar”, expresó.
Aseguró que se harán todos los esfuerzos necesarios para evitar que el servicio de preste tanto desde la plataforma Uber como desde cualquier otra que surja en los próximos meses.
“Podés tener muchas buenas intenciones de controlarlo, aquí vimos que había posibilidades de que el fallo viniera más amplio para tener posibilidad de bloqueo de plataformas, pero es algo que no contempló y eso nos pone cuesta arriba algunas decisiones que podamos tomar”, agregó el Ministro.
Mientras que Mario Calderón, director de la Policía de Tránsito, indicó que este cuerpo policial nunca ha dejado de aplicar la multa al detectar transporte ilegal y seguirá haciéndolo mientras la ley lo establezca.
“Somos respetuosos del ordenamiento jurídico, somos respetuosos de lo que indique en especial la Sala Constitucional y lo haremos con lo que está indicando en este momento.
Sí debo decir que la Policía de Tránsito ha venido actuando, solo el año pasado hubo más de 5.700 infracciones por el tema de transporte ilegal y en lo que va de este año hemos registrado más de 380 por este tema al mes de enero”, manifestó.
TAXISTAS CELEBRAN
Al darse a conocer el fallo de la Sala Constitucional, los taxistas de inmediato reaccionaron y mostraron su satisfacción, pues aseguran que era lo que esperaban y es lo correcto.
“Aquí se sigue respetando el ordenamiento jurídico que viene funcionando desde hace muchos años, desde ese punto de vista creemos que primó la justicia por encima del poder económico y político que quería absorberlo un grupo pequeño de este país y de otros lados”, comentó Gilberth Ureña, del Foro Nacional de Taxistas.
Una posición similar expresó Rubén Vargas, secretario general de la Unión Nacional de Taxistas. “Era el fallo que se esperaba porque está ratificando cuando la Sala Constitucional dio el visto bueno para la aprobación en la Asamblea Legislativa de la Ley 8951. Teníamos una certeza jurídica”, declaró.
Para Vargas si bien la aplicación Uber no es ilegal, el servicio que brindan sus choferes sí lo es y lo comparó con el hecho de tener un arma en regla, con todos los permisos, lo cual es legal pero comenzar a cometer asaltos es un acto ilegal.
Ahora lo que esperan los taxistas es ver al Poder Ejecutivo hacer valer lo dictado por la Sala IV y además piden a la Aresep que bloquee la plataforma que ellos llaman “pirata”.
“A la Autoridad Reguladora desde febrero de 2016 las cámaras de autobuseros, de turismo y el Foro Nacional de Taxistas le solicitamos el bloqueo inmediato de la aplicación Uber. Ahora sí debe ejecutarla, es su deber porque ustedes se financian con los fondos que nosotros los transportistas les pagamos”, comentó Ureña.
Respecto al contencioso administrativo, Vargas dijo que seguirán adelante para terminar de fortalecer lo ya ordenado por la Sala. “Todos los daños que se le ha causado al taxista van a ser revelados en el Contencioso Administrativo y ahí el Estado tendrá que sacudirse”, concluyó.
GUEVARA CRITICA
OBSTACULIZACIÓN
El diputado Otto Guevara, uno de los que presentaron la acción, tras el fallo aseguró que el gobierno debe tomar medidas en este asunto y evitar que el derecho se convierta en un obstáculo para que la tecnología avance.
“El gobierno debe entender que Uber empezó operaciones aquí hace más de un año y medio para quedarse, igual que WhatsApp revolucionó el tema de la mensajería, igual que las telecomunicaciones de voz por medio de IP. Hay una revolución tecnológica y el derecho no puede ser un obstáculo para esta realidad social”, expresó.
Incluso indicó que ahora se debe apostar por pensar en regular las comunidades colaborativas o bien eliminar la ley de taxis para poner fin al problema.
“Uber como plataforma tecnológica es legal, hay 500 mil personas que hoy tenemos esa aplicación en nuestros teléfonos, hay miles que utilizan el servicio todos los días y tenemos unas 13 mil personas que están registradas ante esta comunidad que utiliza vehículos para trasladar personas de un lugar a otro”, agregó el libertario.
Incluso recalcó: “Esto es una comunidad que bajo la tesitura de economía colaborativa está satisfaciendo necesidades de movilizar a unos y de ganarse una platica movilizándolos”.
Similar posición expresó Erick Ulate, de Consumidores de Costa Rica, quien apoyó la acción de inconstitucionalidad y comparte el criterio de que se está violando el libre comercio.
“Nos parece que de una u otra manera se deslegitima el derecho del consumidor de poder elegir el medio de transporte que quiera utilizar. En todo caso no se aclaran los nublados del día respecto al tema de Uber, que es lo que en estos momentos está en discusión”, expresó.
Considera que la legalidad sigue en el limbo, aunque otros actores consideran que sí está implícita y el servicio de transporte de personas es ilegal, por eso no debería funcionar.
UBER SE SACUDE
Al conocer el fallo, los representantes de Uber retomaron su discurso de que este no les afectaba y continuarán trabajando en el país como lo han hecho desde 2015.
“A la luz del reciente fallo de la Sala IV relativo a la Ley de Seetaxi, señalamos que la misma Sala en su comunicado aclaró que el fallo no juzga la constitucionalidad de Uber, por lo que tampoco determina la legalidad o ilegalidad de la actividad de la plataforma”, expresó Humberto Pacheco, gerente general de Uber para América Central.
Insistió en la necesidad de abrir un canal de diálogo para llegar a una regulación del tema y que tanto esta como otras plataformas puedan seguir operando.
“Esta resolución representa una oportunidad para que el Poder Legislativo y el Ejecutivo actúen para proveer un marco legal adecuado para que los ciudadanos de Costa Rica puedan beneficiarse de la tecnología e innovación al servicio de la movilidad”, concluyó Pacheco.
Con estas diferencias de opiniones y las autoridades convencidas de la ilegalidad de este tipo de transporte, en los próximos días se verá cómo evoluciona el tema.
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CRÉDITOS: Foto: Jesús Ramírez
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Jueves 23 Febrero, 2017
HORA: 12:00 AM
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