El IVM en una encrucijada
Sandra Piszk Feinzilber*
El IVM es el principal fondo de pensiones del país, cuenta con 1,5 millones de trabajadores, 83.442 patronos y el Estado. Además paga la pensión a 225.984 jubilados y cuenta con ¢2 billones en su reserva.
La semana anterior se dio a conocer el Estudio actuarial del seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social, con corte al 31 de diciembre del 2015, elaborado por la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica.
Este estudio es claro en indicar que se deben adoptar medidas en el mediano y largo plazos para evitar que el Régimen de Pensiones de IVM en las dos próximas décadas llegue a tener serios problemas de sostenibilidad y agotamiento financiero. Lo anterior porque según el escenario más probable, se vislumbra que la reserva del Fondo se estaría tocando entre el año 2022 y 2028 y el agotamiento de la reserva ocurriría entre el año 2027 y 2034 si no se hacen reformas.
Entre las recomendaciones del estudio se establece que se tomen medidas para garantizar el equilibrio del régimen, incluyendo ajustes en la edad de retiro, salario promedio de referencia, requisitos de cotización en casos de vejez e invalidez, beneficio básico y por crédito pasado, topes mínimo y máximo de pensión, aportes al seguro de salud y niveles de primas escalonadas.
Por su parte, desde la semana anterior la presidenta ejecutiva de la Caja, sin coordinar con la Presidencia de la República, anunciaba a la ciudadanía el acuerdo de la junta directiva de incrementar la cuota obrera para que pase de un 2,84% a un 3,84% a partir de junio 2017, esto es prácticamente un 30% más de la contribución obrera actual. En un ejemplo práctico, una persona con un salario de ¢250 mil, actualmente aporta ¢7.100 cada mes para el IVM, pero ahora le rebajarán ¢9.600, es decir, deberá cotizar ¢2.00 más.
Y esa es tan solo una de las primeras medidas porque la cotización tripartita (obrero, patronal y estatal) que actualmente suma un 9,16% podría subir hasta un 26,4%, lo que significa que en el corto plazo los obreros, los patronos y el Estado volverán a ver incrementado año con año porcentualmente sus cotizaciones a este Fondo. Estas medidas no solo deteriorarán el salario de millón y medio de trabajadores sino que en definitiva impactarán nuestra economía y las finanzas públicas.
Otra de las alternativas que se analiza en la CCSS es la propuesta de la Auditoría de pasar el dinero del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) al IVM. Es decir, tomar su dinero ahorrado en las operadoras de pensiones desde el año 2000 y pasarlo al fondo de CCSS, situación que es absolutamente ilegal.
Dentro de este panorama persiste la negativa por parte de las empresas públicas del Estado para la aplicación del artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador, Ley No.7983 y el Decreto ejecutivo No.37.127-MTSS de 30 de abril de 2012, que refiere a la fijación del porcentaje que dichas empresas deben aportar para fortalecer el Régimen de IVM de la CCSS. No es de recibo que a la fecha las empresas públicas continúen incumpliendo con esta normativa y sigan eludiendo su responsabilidad con la seguridad social de este país, presentando litigios a nivel judicial para evitar dar este aporte al IVM.
En definitiva el IVM está en una encrucijada y deberá decidir por cuáles alternativas y caminos optará y cuáles de las recomendaciones acatará para encontrar su salida exitosa. Pero lo que sí está claro es que no puede continuar operando como hasta ahora, es preciso reducir los gastos de administración, diversificar las inversiones y fortalecer la gestión de riesgo del fondo, y quizás tendrá que valorarse también si este sistema de pensiones debe continuar dentro o fuera de la CCSS para evitar que decisiones políticas afecten su pensión.
Por todo lo anterior es de suma importancia asumir de inmediato medidas que se han venido postergando. Hay que actuar oportunamente en pro de la estabilidad del Fondo de Pensiones de IVM y segundo, de previo a tomar las medidas correctivas y de mejora al Fondo de Pensiones del IVM, se realice un análisis serio, responsable, técnico, con la participación de especialistas y representantes de los diversos sectores, obrero, patronal, estatal, y se valoren los impactos que cada una de estas soluciones tendrá y se seleccione entre las opciones aquellas que sean las más convenientes y afecten en menor grado a la población y las finanzas públicas.
Aunado a ello, deberán estudiarse minuciosamente los impactos que las reformas tendrán en el alza en la cotización estatal en el Régimen de Pensiones del IVM de manera directa, automática y en la misma proporción el alza en la cotización estatal de los otros regímenes de pensión, me refiero específicamente al del Poder Judicial y al del Magisterio Nacional, porque esto tendría dos efectos: por un lado mejoraría la situación financiera de estos fondos de pensiones, pero por el otro lado lo que estaríamos en realidad es empeorando la situación financiera y de déficit fiscal del país, por lo que el costo de oportunidad sería muy alto para el pueblo costarricense.
La urgente toma de decisiones debe realizarse de manera coordinada y en procura de la responsabilidad con el futuro sustento de miles de trabajadores, a quienes no debe perjudicarse en sus ingresos actuales ni futuros, por la acostumbrada falta de voluntad para asumir estos temas de manera integral y prioritaria.
La seguridad social es un tema central. Es justo y meritorio que si los trabajadores cotizan a un régimen de pensión tengan la garantía de que a futuro su pensión está asegurada y con ello el pleno goce de este derecho constitucional.
*Diputada
Partido Liberación Nacional
