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Opinión

Procedimientos aplicados por Digeca en Registro de Agroquímicos están apegados a la normativa vigen

Shirley Soto Montero*

Los agroquímicos son sustancias tóxicas que se utilizan para controlar plagas agrícolas, por lo que su aplicación en el campo supone efectos adversos en la salud de las personas y contaminación de agua, suelo, cosechas y organismos benéficos. Es por esto que a partir de la intervención de la Contraloría General de la República, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) ha venido emitiendo su criterio de competencia, de manera que se garantice que el uso de un plaguicida no generará efectos inaceptables sobre el ambiente. 

El reglamento que se aprobó en el 2007, así como los procedimientos desarrollados por la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (Digeca), se basan en la normativa internacional existente en esta materia. Los requisitos establecidos son la información mínima que se requiere para hacer una evaluación contundente sobre los efectos en la salud y el ambiente, y estos fueron consensuados con las empresas registrantes. Prueba de ello es que no se están modificando dichos requisitos en la propuesta de reglamento que está en consulta. 

Por lo tanto, el problema del atraso en el registro más bien se debe a la falta de presentación de los requisitos por parte de las empresas registrantes que hace que un expediente pueda permanecer años hasta que completen los estudios, los cuales son la información básica que deben presentar en todos los países desarrollados. 

Con respecto al equipo que se encarga de este tema en Minae debemos aclarar que se trata de un equipo de profesionales interdisciplinario que desde hace 12 años se dio a la tarea de capacitarse y especializarse en conjunto con los mismos técnicos de las empresas registrantes. 

El coordinador del equipo de trabajo es una persona con el grado de doctor en agronomía, obtenido en una prestigiosa universidad en Rusia, quien además cuenta con una amplia trayectoria en materia agronómica y ambiental. Estos funcionarios que trabajan en la evaluación ambiental de plaguicidas tienen la responsabilidad de velar por la protección del ambiente; esto no significa que se pretenda eliminar los plaguicidas, lo que se pretende es establecer usos seguros que no representen riesgos inaceptables para el ambiente y para esto se requiere información. 

En cuanto a los procedimientos utilizados se encuentran publicados en la página web de la Digeca y todos los informes están a disposición de las respectivas empresas registrantes. Reconociendo que todo proceso es merecedor de opciones de mejora (por lo que también se avala una auditoría), debemos indicar que si hubiese falencias a nivel técnico estas debieron haberse objetado, sobre todo cuando detrás de muchas de estas empresas hay compañías multinacionales con expertos internacionales muy destacados. Sin embargo, a la fecha, las apelaciones recibidas solo se refieren a aspectos administrativos, nunca a puntos técnicos de la evaluación.

También se hace necesario aclarar sobre los números que los señores Arrea y Obando indican en la nota, ya que según los datos del Servicio Fitosanitario del Estado se han registrado un total de ocho ingredientes activos, ocho productos formulados, además de muchos expedientes de sustancias afines, coadyuvantes, plaguicidas microbiológicos y botánicos. Por otro lado, del total de 619 solicitudes que ingresaron a Digeca, se revisó el 55%, que corresponde a 273 expedientes, de los cuales 184 no han cumplido con la presentación de los requisitos que establece la normativa; finalmente, se emitieron 78 resoluciones favorables y 11 desfavorables por su riesgo al ambiente. Si estas 89 solicitudes ya tuvieron una resolución ambiental final es porque presentaron la información básica para poder llevar a cabo la evaluación y se demuestra que los requisitos no son incumplibles.

Por lo anterior, hago énfasis en que los agricultores sí cuentan con insumos para trabajar: los productos “viejos” revalidados al amparo de la Ley 8702 (sin la evaluación sobre los riesgos a la salud y al ambiente) y los 24 productos nuevos presentados a evaluación, 6 ya se encuentran en el mercado, lo que representa un 25% de estas moléculas nuevas que presentaron solicitud de registro en Costa Rica.

En cuanto a la supuesta pérdida de expedientes, Digeca quiere ser enfática en que no corresponde a este ministerio la custodia y manejo de estos documentos y que nunca hemos tenido quejas sobre la probidad de nuestros funcionarios.

 

*Directora de Gestión de Calidad Ambiental, Minae

 

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Miércoles 13 Julio, 2016

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