Pesca de arrastre: una técnica destructiva
Jorge Arturo Jiménez R.*
Desde los años cincuenta, el país empezó a fomentar la pesca de arrastre para capturar camarones, producto que demandaba el mercado estadounidense. Desde entonces, y hasta la fecha, el Estado se ha dedicado a buscar formas de impulsar esta actividad, exonerando las compras de embarcaciones, maquinaria, repuestos y combustibles.
La intensidad de la actividad creció aceleradamente pasando de 6 embarcaciones en 1956 a 77 embarcaciones en 1990. Conforme pasaron las décadas el colapso de una población de camarones fue compensada con la explotación de otras especies de camarón en aguas más profundas, pero ya en la década de los noventa no se encontraron nuevas poblaciones y el número de embarcaciones tuvo que ser reducido por no ser rentable la actividad a ese nivel.
La acción de arrastrar el fondo marino para capturar los camarones tiene tremendos impactos en el fondo marino y en las poblaciones de otros organismos. Más del 80% de lo que capturan estas redes no son camarones. Se capturan cerca de 20 especies de crustáceos, 20 especies de moluscos y alrededor de 300 especies de peces, así como 24 especies de tiburones y rayas y 6 especies de tortugas.
Más del 90% de estas especies capturadas son devueltas muertas al mar, en un patético ejemplo de desprecio al ecosistema marino. De 1950 al presente, se estima que se han devuelto muertos al mar cerca de 500.000 toneladas métricas de organismos capturados por las redes de arrastre.
Los peces capturados son en su gran mayoría juveniles que no han llegado a reproducirse ni una vez y representan especies como cabrillas, corvinas, lenguados, meros, mojarras, pargos, roncadores, sardinas y tiburones; especies de las que dependen cerca de 14.000 pescadores artesanales que pescan en nuestras costas.
El arrastre también altera el fondo marino, destruyendo la fauna que vive en los sedimentos y poniendo en suspensión toneladas de sedimentos que impactan por semanas las zonas adyacentes.
La Sala Constitucional, en su Resolución Nº 2013010540, prohibió la pesca de arrastre en las aguas jurisdiccionales de Costa Rica, por considerarla altamente dañina y violatoria de los artículos 6, 7, 21, 50, 89 de nuestra Constitución Política. Estableció la Sala en su sentencia que hasta no encontrarse una técnica que eliminara sus impactos y fuera ampliamente apoyada por el sector científico del país, la pesca de arrastre no podría ser implementada.
El actual Gobierno ha promovido la generación de un Anteproyecto de Ley, ya presentado en la Asamblea Legislativa, para reinstaurar la pesca de arrastre, argumentando erróneamente que el anteproyecto es el producto de un proceso de Diálogo entre todos los sectores, y que este incluye medidas que hacen el arrastre sustentable; el Gobierno impulsa su aprobación en el Congreso.
Sin estudio. El anteproyecto de Ley enlista, en forma vaga y sin sustento científico, una serie de medidas que harán (supuestamente) sostenible la actividad. La selección de estas medidas y la eficacia de su eventual implementación no están basadas en un estudio que estableciera si su implementación eliminaría los impactos detallados en la Sentencia de la Sala. Es más, ninguna de estas medidas es obligatoria.
En el anteproyecto son llamadas “medidas orientadoras” y queda su implementación sujeta a que a posteriori, una Comisión Asesora establecida en el seno del Incopesca determine cuáles y cómo serán aplicadas estas ”medidas orientadoras”.
Su eventual eficacia será medida también a posteriori por procesos de evaluación, socio-económicos y científico-técnicos no definidos en el proyecto de Ley, el que tampoco identifica de donde surgirán los recursos para realizarlos, o qué se hará si estas evaluaciones terminan concluyendo que las “medidas orientadoras” no son suficientes para eliminar los impactos.
Lo que sí establece el anteproyecto de Ley es la posibilidad de que todas aquellas licencias de arrastre suspendidas a raíz de la Sentencia del 2013 puedan volver a restablecerse en forma preferente, una vez cumplidos unos indeterminados requerimientos.
El manejo de los recursos marinos es un tema que nos compete a todos los costarricenses. Estos recursos son públicos y por lo tanto el Estado debe de velar por su buen manejo y sostenibilidad.
Durante las últimas seis décadas el arrastre de camarón se manejó con el único fin de “extraer la mayor cantidad en el menor tiempo posibles”. La mayoría de los beneficios económicos de esta actividad se concentran actualmente en 27 personas, pero las externalidades que genera la actividad la soportan miles de pescadores artesanales, así como otros sectores productivos como el turismo.
Es alarmante que una iniciativa carente de sustento técnico, y que a todas luces plantea un retroceso en nuestro manejo ambiental quiera ser restablecida por el gobierno. No tiene sentido promover lo insostenible. Los beneficios de corto plazo que esto genere nunca lograrán compensar los impactos negativos que a largo plazo produzca esta actividad.
*Director General Marviva.
