Katy Perry y su influencia en la medicina
Ana Victoria Badilla V.*
"En caso de la educación, por tratarse de un derecho humano fundamental, el Estado debe velar por su respeto… Esto hace que deba controlar, ejerciendo una labor de vigilancia e inspección, el cumplimiento de normas y requisitos mínimos y de un adecuado equilibrio entre educador y educando (Sala Constitucional, voto 7494-978)
El 20 de noviembre leí en un diario nacional que la policía filipina había tratado de sofocar una protesta anti APEC (Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico), poniendo unos altavoces gigantes con música de Katy Perry.
Esa información no habría llamado mi atención, si no fuera porque ese mismo día en la mañana, en un contexto tan insólito como el que motivó la noticia, yo había tenido que hablar de esa cantante con el director de la carrera de medicina de una universidad privada, a quien, entre otras denuncias formuladas por estudiantes, se le informó no solo de la afición musical del galeno-profesor, sino de la forma grosera y discriminatoria en que trata a sus pupilos, y de otras falencias como su poca experiencia para impartir lecciones (menos de un año de graduado), su falta de acreditación ante CONESUP, etc.
Aunque parezca extraña esa relación, el caso fue que ese médico preguntó en un examen corto “Cuál fue la segunda canción que cantó Katy Perry en su concierto.” Por supuesto que los desafortunados alumnos que no asistieron al evento perdieron el puntaje privilegiado que el galeno asignó a esa pregunta. Aunque parezca irrisorio, esa cantante no solamente fue utilizada en Manila como sedante, sino que en Costa Rica fue invocada para valorar conocimientos de medicina.
Aparte de lo humorístico que el hecho pueda parecer, lo grave es que ese tipo de profesores están formando a los futuros profesionales en cuyas manos estarán nuestra salud y nuestras vidas en los próximos años; además, de que como se señaló en el voto supra citado, “Las personas pagan por tener una óptima educación y por ende es eso lo que debe ofrecerse. No solo invierten dinero, sino que también invierten años de su vida, que nunca recuperarán.”
Es preciso que, en casos como el que se comenta, el Estado asuma su responsabilidad y, como lo señaló la Sala Constitucional, que la labor de vigilancia e inspección estatal sea a priori y no a posteriori, cuando el daño ya sea irreversible.
Cumplimiento. La institución responsable de velar por la calidad de los establecimientos educativos privados, CONESUP (Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada) debe hacer valer su competencia, ya que sus funciones son autorizar la creación de universidades, la apertura de carreras, sus modificaciones, inspeccionar las universidades privadas para garantizar que se cumplan las condiciones básicas aprobadas, acreditar los profesores, etc.
También sería conveniente que al menos en carreras como medicina, en las que está en juego el valor más preciado, la vida, el Estado obligue a todas las universidades a acreditarse ante el SINAES, que es el órgano oficial de acreditación de la educación superior de Costa Rica, ya que como se indica en el considerando IV del Reglamento de CONESUP: la sociedad costarricense exige y merece el esmerado cumplimiento de los más altos estándares de calidad en la educación universitaria privada, para que ésta contribuya efectivamente al desarrollo integral de la persona humana y a la formación del capital humano que incremente la ventaja comparativa nacional en el concierto internacional de las Naciones.
Si el país desiste de la obligación fundamental de supervisión, vigilancia y fiscalización efectiva de las universidades, no solo contribuye con los efectos nocivos de su inercia respecto a quienes estudian, sus padres y madres, y la sociedad (interés público), sino que tiene responsabilidad por esas consecuencias. También, las personas responsables de las instituciones encargadas de efectuar esas labores como funcionarios públicos, al no realizarlas, no solo incumplen sus deberes, sino que podrían ser responsables de los daños generados a los afectados.
La obligación nacional es procurar que la educación en general sea de excelente calidad, particularmente la superior, pues ello permitirá que nuestros profesionales puedan no solo realizar sus expectativas personales, sino que contribuyan con sus conocimientos al desarrollo del país, exigencia mayor hoy en el mundo global en que vivimos.
*Abogada
