La ley a su alcance

Convenciones colectivas y el artículo 33 constitucional

CONSULTA: Desde 1976 ingresé a la Municipalidad de San José y siempre tuve en mi mente logar mi pensión completa y a hoy se dice que está aprobado menos del 60 por ciento. Claro está, no me ha afectado en nada mi vida personal, ni a mi familia tampoco, como sí a mi cesantía de 40 años laborados, que me quedan este año y el otro. Así está escrito en las fórmulas que solicité a la Caja de Seguro Social, pero el año pasado, en febrero, atacaron las convenciones colectivas mediante un oficio que mandó la señora contralora Marta Acosta hacia el Ministerio de Trabajo, para que se hiciera un estudio del tope de esta en la municipalidad de San José. Después del estudio la Sala IV, sin pensar 1, 2, 3, 4 veces votaron que se deben pagar 8 años, sin pensar el gran daño que les estaban haciendo a las familias de nosotros, que nos faltaban casi 2 años para lograr dicha meta, como cumplir un gran sueño, de los 40 años. Los sindicatos y la alcaldesa firmaron un acuerdo que nos iban a pagar 20 años, o sea la mitad del sueño pensado. ¡Qué fácil para la contralora! La votación de la Sala IV fue de 4 votos a 3; por un voto mi familia perdió un gran sueño.

RESPUESTA: Las convenciones colectivas, que son un mecanismo aprobado por el Código de Trabajo, pretendían aumentar los beneficios básicos de todo trabajador, en especial aquellos del sector público.

Sin embargo, esas leyes, porque son leyes entre las partes contratantes, empezaron a aumentar los presupuestos para los diferentes servicios que las instituciones les prestan a los usuarios. Hasta el punto que la carga de los empleados se revirtió para ser pagada por los ciudadanos comunes, y se empezó a ver la convención, no como un beneficio, sino como un privilegio.

Fue una de las propuestas del gobierno que nos rige, estudiar y discutir cada una de las convenciones colectivas, con un fundamento de ordenar las finanzas públicas. Pero un asunto fundamental es lo que dispone el artículo 33 de la Constitución Política, que dice que todos debemos ser tratados igualitariamente, respecto de las leyes.

La Contraloría General de la República, como fiscal de las finanzas estatales, y la Sala Constitucional, en resguardo de un tratamiento igualitario de todos los trabajadores, se han inclinado por equilibrar esos dos principios, con resoluciones que perjudican a algunas minorías, y que han actuado de buena fe.

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Miércoles 15 Abril, 2015

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Lic. Luis Gerardo Morales