Miércoles 01, Mayo 2024

  • Pronóstico del tiempo

    ° / ° San José, CR

  • Pronóstico del tiempo

    ° / ° Alajuela, CR

  • Pronóstico del tiempo

    ° / ° Cartago, CR

  • Pronóstico del tiempo

    ° / ° Heredia, CR

  • Pronóstico del tiempo

    ° / ° Limón, CR

  • Pronóstico del tiempo

    ° / ° Guanacaste, CR

  • Pronóstico del tiempo

    ° / ° Puntarenas, CR

Nacionales

Proyecto es “copy paste” de leyes extranjeras

Cámara exige normativa a la tica

  • Los abogados Enrique Rojas Franco y Ewald Acuña afirman que el proyecto atenta contra la institucionalidad democrática costarricense

  • Vanessa Castro, asesora legal de Canartel, entrega a Allan Ruiz, viceministro de Telecomunicaciones, una copia del documento de consideraciones, entre ellas hacer un nuevo proyecto de Ley de Radio y T

  • Mucho interés generó el foro en que se analizaron las implicaciones de la iniciativa del Ejecutivo, que pone en peligro los derechos humanos

Diversas empresas de radio y televisión, agremiadas en la Cámara Nacional de Radio y Televisión (Canartel), exigen al Poder Ejecutivo, específicamente al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), desechar el borrador de la iniciativa propuesta y reclaman la elaboración de un proyecto más acorde a la realidad costarricense.

En un reciente foro realizado por Canartel para analizar las debilidades del proyecto de ley impulsado por el gobierno, los presentes coincidieron en que se trata de una iniciativa inconstitucional, ilegal y que riñe con las leyes y convenios en materia de derechos humanos.

Al mismo tiempo especificaron que se trata de una “copia” de leyes de radiodifusión de países como Venezuela, México, Perú, España, Nicaragua y Colombia, cuya realidad es muy diferente a la costarricense, que buscaba, entre otros, regular y controlar el contenido de las informaciones noticiosas, al tiempo que proponía una serie de sanciones administrativas, aspectos que atentan contra la libertad de expresión.

 

NO PUEDE SER

 

Vanessa Castro, abogada de Canartel, manifestó que el anteproyecto del Poder Ejecutivo no puede ser considerado como un documento base de discusión, para lo cual razonó que “reúne una copia de varias legislaciones”.

Por ello representantes de la Cámara indicaron que no aceptarán que se proceda a únicamente a “chapear” varias partes del documento actual sino que exigen una iniciativa nueva, más aterrizada y acorde a la situación nacional.

“Si vamos a discutir una ley de radio y televisión se requiere otra base, pues esta (la actual) está bastante inconsistente como para poder discutirse”, sentenció Castro.

Agregó que en el documento presentado a discusión por el Poder Ejecutivo “no se logró integrar las diferentes legislaciones sino que quedaron consideraciones, conceptos y aplicaciones propias de otros países que desconocen nuestra realidad.

Este proyecto para que entre a la Asamblea Legislativa es necesario que tenga una buena técnica legislativa, porque ya de por sí en el Congreso vamos a tener una serie de discusiones y allí deberá darse una construcción, en la que va a haber muchas opiniones.

Imagínese qué grave es que entre una base de proyecto que no reúna las consideraciones históricas de la sociedad costarricense o que reconozca que ya existe una legislación existente en materia de telecomunicaciones que pueda dar pie a mejores consideraciones para la Ley de Radio”.

 

COPY PASTE

 

Durante su exposición Castro enumeró una serie de artículos que son copia fiel de leyes de otras naciones, lo que provocó que el anteproyecto tenga una “columna torcida”, ocasionando así que el documento no sea coherente, pues presenta una falta de seguridad jurídica y dudas.

Entre los ejemplos expuestos por Castro sobresalió que en el tema de interés público y naturaleza del servicio el anteproyecto cambia el modelo empleado por el país en los últimos 70 años.

Se menciona el concepto de unión de sociedades democráticas, aspecto que no es desarrollado en Costa Rica pero está dentro de la Ley de Radio y Televisión de España del 2006.

Además en el tema del papel del Estado, Castro demostró que en la iniciativa se copia literalmente de la normativa peruana, que hace referencia al rol promotor del Estado.

En lo que se refiere a la terminología el anteproyecto emplea el concepto de “acaparamiento” por ser una copia textual de la ley de radio y televisión de Perú, cuando en Costa Rica el término empleado es concentración.

El artículo 22 del anteproyecto es una copia de la ley peruana que clasifica los servicios de radiodifusión y el 32 clasifica las concesiones para su uso, siendo una copia de la Ley Federal de México. Esta última hace referencia a las estaciones de radio y televisión comunitaria cerrada o abierta.

En materia de infraestructura, desde el artículo 55 hasta el 57 del anteproyecto se hace una copia textual de los artículos 41 al 44 de la Ley Federal de México.

 

ES CONFISCATORIO

 

Con Castro coincidió Sarai Amador, presidenta de Canartel, quien afirmó que tras el análisis se concluyó que la iniciativa es “inviable”.

“Sí debe haber una nueva Ley de Radio y Televisión, y Canartel está de acuerdo con eso, que venga a dar seguridad jurídica, que venga a colaborar con la libertad de expresión, con la libertad de empresa y con el desarrollo de los ciudadanos.

Lo que ocurre con este documento es que este documento (del Poder Ejecutivo) es confiscatorio, pone muy en abstracto qué son pequeñas, medianas y grandes faltas, que todavía no sabemos quién diría que las faltas son de esos tamaños y a la tercera falta se quitarían las concesiones”, argumentó.

A su criterio resulta preocupante que se daría una protección más allá de lo que indican los tratados internacionales de lo que es la inversión extranjera.

Ante esta situación, Castro en representación de Canartel entregó un documento al viceministro de Telecomunicaciones, Allan Ruiz, en el que se hace la petición expresa de partir de cero y sugiere una serie de consideraciones que a criterio de la Cámara deben tomarse en cuenta para el proceso constructivo del nuevo proyecto de ley.

 

TSUNAMI DE CRÍTICAS 

 

En el foro, al que asistieron directores de medios, periodistas, abogados, diputados y técnicos en materia de radio y televisión, se contó con la participación de expertos internacionales que no ocultaron su preocupación ante la propuesta del Ejecutivo.

Claudio Paolillo, representante de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Uruguay, recordó que esa nación y Costa Rica se han caracterizado por ser los países de la región con los mayores índices de libertad de expresión.

“Con este proyecto de ley así como está creo que ese lugar de privilegio que tiene Costa Rica en el ranking se vería afectado muy severamente”, declaró Paolillo.

En ese mismo sentido Randall Rivera, director de Noticias Monumental, expuso que “este borrador de proyecto de ley es inconstitucional porque viola la libertad de expresión, que está amparada en la Constitución Política y jurisprudencia de la Sala Constitucional; ilegal porque viola las leyes de nuestro país y es violatoria de los derechos humanos porque limita gravemente la libertad de expresión, que es el vehículo por el cual se denuncia la violación de otros derechos fundamentales”.

Hizo una relación de hechos recientes que están orientados a coartar la libertad de expresión y de resoluciones emitidas por los magistrados de la Sala Constitucional para reiterar la garantía y protección de dicho derecho fundamental.

“Cuando en tres meses vemos estas condenas y esta serie de hechos, la única pregunta que queda sin respuesta es si existe una campaña orquestada en este momento de ataque a los medios de comunicación”, añadió.

Enrique Rojas Franco, abogado, fue claro al indicar que “es claro que este proyecto atenta contra la institucionalidad democrática porque es un documento a discusión que ayer se retiró el régimen sancionador.

Las autoridades dijeron que esa parte no va consecuentemente, el proyecto pierde todos los elementos más importantes de las normas jurídicas como es su coercitividad y su coactividad porque ya no habrá sanciones administrativas, que era lo más grave del documento”.

Sobre el particular dijo además que “el proyecto no sirve. Tienen que reformularlo y hacer uno nuevo, no que van a quitar una parte y para la próxima semana o para agosto mandar un proyecto. Tienen que definir qué tienen que hacer de un proyecto sin sanciones”.

Ewald Acuña, también abogado, indicó que una de las mayores preocupaciones es que “el contenido ideológico que tiene el proyecto de ley es de carácter absolutamente arbitrario. Es una violación desde su planteamiento de la garantía de la libertad de expresión, además llamando a engaño el texto de redacción”.

Al respecto agregó que el cambio de ideología se da cuando se busca censurar el contenido de los programas de radio y televisión.

Expresó que el Poder Ejecutivo viola competencias, pues busca inmiscuirse en las correspondientes al Legislativo y el Judicial, aspecto que resulta muy alarmante.

Allan Ruiz, viceministro de Telecomunicaciones, dijo que analizará las acotaciones para incluirlas en futuras versiones del proyecto.

PERIODISTA: Krissia Morris Gray

CRÉDITOS: Fotos: Cristian Cartín

EMAIL: [email protected]

Jueves 09 Abril, 2015

HORA: 12:00 AM

Enviar noticia por correo electrónico

SIGUIENTE NOTICIA